El Plenario de la Asamblea Legislativa inició este martes la discusión por el fondo del proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2022, y rechazó el primer intento de abrir el Plenario a comisión para que durante cinco días se puedan presentar nuevas mociones, o bien, presentar reiteraciones a mociones rechazadas en comisión.
La discusión la arrancó la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Ana Lucía Delgado Orozco (PLN), quien acusó al Gobierno de no tener prioridades, ni tampoco compromiso con los sectores más vulnerables y desprotegidos de la población nacional.
Lo que sí tiene este Gobierno son serias falencias en materia de planificación y previsión presupuestaria, y el principal ejemplo es que los recursos que nos pusieron a discutir el último día de discusión de este presupuesto en la Comisión de Asuntos Hacendarios no venían incluidos ni en el presupuesto ni fueron prioridad en la formulación lo quisieron meter por exigencia del Fondo Monetario Internacional mediante una última moción a pesar de que había necesariamente una falencia de legalidad que fue expuesta por la misma Contraloría General de la República.
Según Delgado, el Ministerio de Hacienda no hizo un esfuerzo por formular un presupuesto equilibrado y que bastaba con repasar algunos datos para darse cuenta que los rubros más sensibles e importantes quedaron desfinanciados o financiados a medias, por ejemplo, el gasto de capital que es aquel que está destinado a la inversión de escuelas, viviendas, carreteras, puentes, etc.
La diputada señaló que el presupuesto del próximo año disminuye los recursos a las asociaciones de desarrollo en un 77%; disminuyen los recursos para las delegaciones policiales y equipo policial en un 25%; el presupuesto del MEP presenta un faltante de 298 mil millones, afectando el rubro de gasto de capital con una caída de 27.9% en infraestructura educativa.
El programa de becas Avancemos presenta una disminución de 21.100 millones de colones; no se incorporaron recursos para la compra de vacunas contra COVID-19 lo que provoca que el presupuesto del Ministerio de Salud cayera un 15.6% a pesar de que seguimos en pandemia, y que va a obligar al Gobierno a presentar un presupuesto extraordinario antes de que finalice este año para cargar los rubros correspondientes a la vacunación del 2022 y hacerle el traslado a la Comisión Nacional de Emergencias. Finalmente, los CEN-CINAI recibirán 1611 millones menos, lo que afectará la atención y la protección infantil así como programas de nutrición, crecimiento y desarrollo.
Posteriormente, el diputado José María Villalta movió la moción para abrir el Plenario a comisión, afirmando que le preocupan -entre otros- cambios que se hicieron al presupuesto del Banhvi y el que se hayan excluido otra vez los recursos para las plazas de las trabajadoras de los comedores escolares.
La diputada María Inés Solís afirmó que no estaba claro el momento procesal en el cual se pueden presentar mociones para abrir el Plenario a comisión durante el trámite de presupuesto, por lo que pidió que antes de votar la moción, se pidiera criterio al Departamento de Servicios Técnicos. Sin embargo, el presidente en ejercicio, Carlos Luis Avendaño Calvo, dijo que él tenía claro que la moción estaba presentada en un momento procesal correcto, por lo que la sometería a votación.
Con apenas cinco votos a favor (José María Villalta, Paola Vega, Harllan Hoepelman, Nidia Céspedes y Wálter Muñoz) y 40 en contra, la moción fue rechazada. Sin embargo, Villalta anunció que insistirá con ella en sesiones subsiguientes.
Tras la votación, el diputado Hoepelman dijo que votaría en contra del presupuesto porque el Gobierno incumplió con la inversión de programas sociales que le prometió al Fondo Monetario Internacional para obtener los desembolsos restantes del préstamo.
De acuerdo con la negociación realizada con este organismo internacional, el país debía inyectar el 0.1% por ciento del PIB en programas como las pensiones para la población vulnerable de la Caja Costarricense del Seguro Social, los subsidios del Instituto Mixto de Ayuda Social y programas de bienestar para la niñez, fondos de subsidios para la vivienda, las becas Avancemos, las becas postsecundarias, redes de cuido, comedores escolares.
Sin embargo, el legislador volvió a reseñar los recortes hechos al presupuesto del MEP, Banhvi y otras instituciones del sector social: "Los costarricenses tienen que tener la certeza de que estos recortes no los hicimos los diputados, estos recortes lo hizo el Gobierno, a través de Hacienda, porque hay gente diciendo afuera: los diputados no quisieron aprobar estos recursos; lo cual es mentira, estos recursos los recortó Hacienda y venían presupuestados originalmente en los presupuestos de estas instituciones y Hacienda les voló tijera".
Finalmente, la diputada Paola Vega exhortó a que la Asamblea tome la decisión de abrir Plenario a comisión este miércoles o jueves, antes de la votación en primer debate, pues lo contrario sería abofetear al pueblo costarricense.
Es extraño que coincida con diputados de Nueva República, pero hoy coincido completamente con el diputado Harllan Hoepelman. Y quiero yo aquí denunciar, hay un juego muy perverso que viene haciendo el Poder Ejecutivo desde hace varios días y tienen toda la razón la gente de la oposición en denunciarlo, y es que ahora se queja de que son los diputados los que están haciendo recortes en aspectos importantes como protección social, que sí, que aquí también se han abusado con la tijera y han hecho recortes totalmente irresponsables en otras ocasiones. Pero en este preciso momento, en esta coyuntura, hay un afán del Ejecutivo por quedarle bien al Fondo Monetario y no admite que el recorte inicial de esos rubros de protección social vino del mismo Gobierno.
Vega alertó que uno de los elementos más graves del Presupuesto 2022 es que Avancemos dejaría desprotegido a miles de personas, pues vino recortado desde Hacienda, y aunque el Ejecutivo presentó una moción de última hora para darle recursos, se debió rechazar pues no contemplaba rebajos en otras partidas, ni los intereses correspondientes por cargarlo al servicio dela deuda.
Saldarriaga afirma que hueco presupuesto no fue causado por corrupción
El exasesor presidencial, Camilo Saldarriaga, compareció la noche de este martes ante la Comisión Especial Investigadora del caso Cochinilla y en una larga exposición, reiteró en varias ocasiones que no conoce a Mélida Solís, Carlos Cerdas, Tobías Arce ni Alejandro Bolaños, que no tiene relación con sus empresas y que nunca ha recibido ningún soborno, dádiva ni lapicero de esas personas o sus empresas.
Aunque no desmintió la existencia de una red de corrupción entre funcionarios públicos y empresas privadas para lucrar a costa de los proyectos de obra pública, Saldarriaga puso en tela de duda la afirmación del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de que en el caso Cochinilla se desviaron 78 mil millones de colones del presupuesto del MOPT-CONAVI.
Aportando diversos documentos de la Contraloría, el Congreso y el Ministerio de Hacienda, afirmó que ese faltante no tiene vínculo con el caso Cochinilla, sino que se originó porque Hacienda no giró los recursos a Conavi de manera oportuna.
Ese supuesto faltante tiene su origen en tres fuentes: el atraso en la recaudación por el marchamo 2018, la reducción de los ingresos por el impuesto a los combustibles en 2020 y en una serie de recortes presupuestarios aprobados por esta misma Asamblea.
Saldarriaga aparece mencionado tres veces en el expediente del caso Cochinilla, y en los tres casos, justificó el por qué:
- Primera mención. “En el 2019 se realizó una reunión entre autoridades de Hacienda y del MOPT para atender el no giro de recursos producto del atraso en la recaudación del marchamo 2018. En dicha reunión, que da origen a mí mención en el expediente, Hacienda acuerda enviar a la Asamblea presupuestos para reponer una parte los recursos no girados”
- Segunda mención. “Para diciembre del 2019, estos recursos ya debidamente aprobados, no se habían girado. Temiendo que de nuevo Hacienda no los girara, el Ministro de Obras me solicita averiguar cuándo Hacienda los trasladaría. Procedí a consultar y se me informa que la transferencia está en programación para el próximo viernes, información que trasladé al Ministro. Esta es la segunda mención que hay en el expediente sobre mí. La llamada de consulta que realicé a Hacienda buscaba tener claridad sobre la fecha de traslado de recursos a una institución pública, no a una empresa privada. Dicha transferencia había sido aprobada por ley, tenía su origen en el atraso del marchamo 2018 y fue realizada por la Tesorería bajo el entendimiento de que sería usada por el CONAVI en las tareas que le fueron asignadas por ley”.
- Tercera mención. Se origina en acciones para mitigar el impacto de recortes presupuestarios, particularmente por la caída en ₡123.000 millones en la recaudación del impuesto a los combustibles en el 2020 producto de la pandemia. El MOPT solicitó una reunión con Hacienda para presentar una propuesta que les permitiría amortiguar los recortes haciendo una redistribución interna de recursos. Dicha reunión fue virtual, se realizó el 18 de julio del 2020 y participaron representantes de Hacienda, el MOPT y Saldarriaga. “En la reunión el MOPT planteó la idea de hacer una redistribución interna de recursos usando partidas que no se iban a ejecutar por completo ese año. Hacienda no objetó la propuesta y se acordó que los equipos técnicos del MOPT trabajarían el borrador de moción. Recibí la propuesta y la trasladé a Hacienda para su revisión y posteriormente la hice llegar a la diputada Laura Guido”.
¿Cómo se originó el hueco presupuestario?
Saldarriaga afirmó que a finales de 2018, una disputa entre el INS y SUGESE causó un retraso en la recaudación del marchamo, lo que impidió que Hacienda girara los recursos a CONAVI ese año. Hacienda dejó de trasladar a CONAVI ₡70.047 millones de colones, lo que generó una afectación presupuestaria a la institución.
Luego, durante el 2020 y producto de la pandemia, la recaudación del impuesto a los combustibles cayó en ₡123.000 millones, lo que impactó negativamente los ingresos del CONAVI, algo que podía corroborarse en la certificación de ingresos emitida por la Contraloría General de la República al 26 de junio del 2020.
A mediados de ese año, la Asamblea estableció como condición al Gobierno que, para la aprobación de cualquier crédito de apoyo presupuestario, debía presentarse un presupuesto con recortes de al menos 1 punto porcentual del PIB, de modo que en el segundo presupuesto extraordinario 2020 se envió el recorte a CONAVI correspondiente a dicha caída por el monto de ₡22.912 millones, que luego fue ampliado en ₡7500 millones por la comisión de Hacendarios para trasladarlos a las municipalidades.
Posteriormente, CONAVI informó que tenían problema de liquidez pues estaban avanzando en la ejecución del presupuesto y Hacienda tenía atrasos en los desembolsos.
