El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en segundo debate, el Presupuesto Nacional 2022 del Gobierno Central, con una advertencia a último minuto de la Contraloría General de la República de que la iniciativa tal y como estaba por ser votada viola la regla fiscal de la Ley 9635.
En total 38 diputados votaron a favor del plan de gastos del próximo año que asciende a 11.5 billones de colones, y seis votaron en contra: José María Villalta, Paola Vega, Harllan Hoepelman, Pedro Muñoz, Jorge Fonseca y Walter Muñoz.
Minutos antes de la votación, Julissa Sáenz Leiva, gerente de área y Rodrigo Carballo Solano, fiscalizador de la Contraloría General de la República hicieron llegar al Congreso un documento advirtiendo que el presupuesto que se iba a votar violaba la regla fiscal, porque el Ministerio de Hacienda modificó los parámetros que rigen la formulación presupuestaria, mucho después de haber emitido las directrices presupuestarias, en violación de las Leyes 8131 y 9635.
¿Por qué? El 26 de marzo del 2021 Hacienda envió un oficio al Presidente de la República, al Congreso y a la Contraloría anunciando que la regla fiscal para el 2022 implicaba un crecimiento del gasto total máximo (gasto corriente más gasto de capital) del 1.96% y que esa "...tasa de crecimiento del 1,96% deberá aplicarse igualmente al gasto corriente contenido en dicho gasto total”.
Cabe señalar que, la citada tasa de crecimiento del 1,96% deberá aplicarse igualmente al gasto corriente contenido en dicho gasto total. Por su parte, el crecimiento del gasto de capital podrá sobrepasar dicha tasa, siempre y cuando la suma de ambos tipos de gasto (corriente y de capital) no sobrepase el crecimiento autorizado del 1,96% a nivel del gasto total.
Eso quiere decir que, en un inicio, Hacienda previó que el gasto corriente no pudiera crecer más del 1.96% y que el gasto de capital sí pudiera hacerlo, siempre y cuando a la hora de sumar ambos tipos de gasto no se sobrepasara el umbral del 1.96%.
Sin embargo, el 4 de noviembre Hacienda emitió un nuevo oficio de "aclaración" a su criterio de marzo del 2021, que prácticamente revertía lo que en un inicio planteó, pues ahora el gasto corriente subiría por encima del tope del 1.96%, a costas de recortar el gasto de capital y que al sumar ambos gastos, no se sobrepasase el techo del 1.96%.
Para la Contraloría, Hacienda violó la ley al enviar ese oficio de "aclaración", pues lo hizo fuera del plazo previsto para la etapa de formulación presupuestaria, y para empeorar las cosas, su oficio de "aclaración" no incluyó el tope del crecimiento del gasto que supuestamente debía aplicarse, por lo que en aplicación literal de la ley, el indicador debía ser también 1.96%.
Por todo ello, el ente fiscalizador advirtió que el Presupuesto Nacional 2022 incumple con la regla fiscal, porque si bien el gasto total estaría creciendo un 1.79% respecto al presupuesto inicial del 2021, el gasto corriente lo está haciendo en un 2.23%, a costas de haber recortado el gasto de capital.
El informe también señala que viola la regla fiscal la presupuestación que se hizo de transferencias corrientes a municipalidades y concejos municipales de distrito, pues si bien el gasto total a ese fin decrece 11.9% respecto al presupuesto inicial 2021, las transferencias corrientes crecen 66.7%. En misma situación se encuentra el presupuesto de Juntas de Educación y Juntas Administrativas de instituciones educativas, cuyas transferencias a su favor caen 0.12% como un todo, pero las transferencias corrientes crecen 4.99%.
La Contraloría advirtió que, independientemente del oficio de "aclaración" que emitió en su momento el Ministerio de Hacienda, su labor de fiscalización a las instituciones públicas se hará bajo el entendido de que el gasto corriente no puede crecer más del 1.96% respecto a lo inicialmente presupuestado en 2021; y que el gasto total tampoco puede crecer por encima de ese techo.
El texto votado y aprobado del presupuesto es el que salió de la Comisión de Hacendarios como dictamen de mayoría: ¢11.506.103,1 millones (¢11,5 billones) y equivale al 28,5% del PIB que proyecta el Banco Central de Costa Rica para el 2022. El monto representa un aumento absoluto de ¢105.505,8 millones, lo que implica un crecimiento del 0,93% respecto al monto autorizado para el 2021, que fue de ¢11.400.597,3 millones, incluyendo los presupuestos extraordinarios aprobados a la fecha del dictamen.
Algunos datos relevantes de este presupuesto son:
- 14 títulos aumentan su presupuesto, aunque 4 lo hacen en porcentajes cercanos o inferiores al 1% manteniendo presupuestos muy similares al 2021.
- 12 títulos disminuyen su presupuesto, aunque 7 lo hacen en porcentajes cercanos o inferiores al 1%, por lo que su presupuesto es muy similar al 2021.
- El Servicio de la Deuda Pública es el título que presenta el mayor crecimiento absoluto (¢145.398,3 millones) respecto del presupuesto a agosto 2021; seguido por el Tribunal Supremo de Elecciones con un aumento de ¢14.027,4 millones. Este último aumento va ligado a la realización de las elecciones nacionales de febrero del 2022.
- El incremento que se presenta en el Servicio de la Deuda Pública es mayor que el que se presenta para todo el proyecto de presupuesto en su conjunto, lo cual significa que parte de este aumento es compensado con disminuciones en otros títulos presupuestarios.
- De los títulos presupuestarios que presentan disminuciones en su presupuesto, el que presenta la mayor disminución absoluta es el Ministerio de Salud (Minsa) con ¢46.254,4 millones (-11,8%) respecto al 2021 y le sigue el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con una disminución de ¢20.150,6 millones (-3,5%). La disminución en el Minsa se presenta, principalmente, por la existencia, en el 2021, de recursos para la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) para la compra de vacunas, monto que no se repite para el 2022. La disminución principal en el MTSS se presenta porque en el 2021 (Ley 9970) se incorporaron ¢23.532,1 millones a la CCSS para el fortalecimiento del Régimen No Contributivo, aspecto que no se repite para el 2022.
En un comunicado de prensa enviado horas después de la votación, Hacienda insistió en que el plan de gastos cumple con la regla fiscal, pero que los recortes y modificaciones presupuestarias hechas por los diputados afectarán programas prioritarios para la población, y la operación de las instituciones.
"Entre las principales preocupaciones se encuentra la no inclusión de recursos adicionales para el PANI, lo que afectará la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y a los centros de cuido (CIDAIS), así como los fondos para el programa Avancemos y las pensiones del Régimen No contributivo de la CCSS, sobre todo cuando la incorporación de estos recursos se mantenía dentro los límites de la regla fiscal y no implicaba una afectación", dice el comunicado.
Hacienda también reprochó el traslado de ¢21 mil millones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a las municipalidades para la atención de obra pública, así como el recorte del presupuesto asignado a distintos ministerios para brindar más recursos al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
En el caso particular del Ministerio de Hacienda, se realizó una rebaja de ¢6.689 millones, la cual tendrá un impacto significativo en la operación de los sistemas informáticos de Hacienda y por consiguiente en el sistema aduanero TICA (para las declaraciones de aduanas, registro de las importaciones, el registro de las exportaciones, entre otros); la Administración Tributaria Virtual (ATV) necesaria para trámites como inscripción, presentación de declaraciones, facturación electrónica y pago de impuestos; la transferencia de fondos a las municipalidades, entidades de Gobierno Central y descentralizadas; el pago de salarios de 120 mil personas funcionarias, la transferencia de dineros a las y los pensionados; el pago de las deducciones de las cuotas patronales a la CCSS; la ejecución presupuestaria del Gobierno, el pago a proveedores, entre otros aspectos.
Breves
— Con 33 votos a favor y 11 en contra se dispensó de trámites el expediente 22.672 que excluye los recursos del canon de Japdeva de la regla fiscal.
— En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diputados del PUSC, PIN, PRN e independientes votaron en contra de incluir en la agenda del día la quema de día de mociones a proyectos de ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política.
— Los miembros del Consejo Nacional de Educación comparecieron en la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público para rechazar su responsabilidad por la aplicación de la prueba de factores asociados que terminó con la renuncia de la ministra y viceministra de Educación; así como del director de Gestión y Evaluación de Calidad. Los funcionarios afirmaron que las pruebas FARO son responsabilidad absoluta del MEP, en específico de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, y que ellos están en total disconformidad en la forma en que se aplicaron las pruebas, por lo que se solicitó una investigación.
