El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, señaló su preocupación este jueves respecto a la conocida Operación Azteca, en la que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó 37 allanamientos con el fin de desarticular una operación presuntamente involucrada con el narcotráfico y el lavado de dinero que operaba a partir de las licitaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
En los allanamientos, que se realizaron el pasado martes, se detuvo a más de 20 empleados del AyA, entre ellos administradores, abogados e ingenieros, y a un funcionario de un banco estatal.
Es preocupante porque hay evidencia de penetración presuntamente del narcotráfico en mandos medios de la administración pública para lavar dinero. Entonces, por un lado, me alegra que se haya desarticulado pero preocupa porque ya hay indicios, por otros casos pasados, de que un modus operante recurrente del narcotráfico está siendo tocar a mandos medios y en algunos casos profundamente mandos políticos para legitimar capitales o lavar plata. Eso es un problema que está sufriendo Costa Rica porque hay mucho trafico de drogas y en mucha plata asociada y no hay nada más desleal con la república que ayudar con el narcotráfico. Eso es eso es una traición al país.
En el país, y según el Organismo, la estructura operaba mediante empresas fachada que movían grandes cantidades de dinero en efectivo y que participaban en las licitaciones de obra pública del AyA en sedes regionales.
Este jueves, además, el mandatario afirmó que en este periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, su gobierno presentará "una serie de proyectos" para cerrar portillos a la legitimación de capitales en el país:
Ustedes recordarán que meses atrás derivado de un caso, los poderes de la República se unieron en un grupo de trabajo para plantear una serie de reformas. Ese grupo ha seguido trabajando en el periodo de sesiones extraordinarias y vamos a presentar una serie de proyectos que vienen a buscar cerrar portillos al máximo para la legitimación de capitales. También y junto a una iniciativa de la Procuraduría de la Ética y los diferentes poderes, se presentó una estratégica para la lucha contra la corrupción y para la probidad en la función pública. Hay que seguir luchando en este sentido pero el llamado también es a los costarricenses que estemos muy alertas porque, en efecto, sí hay mucho dinero ilegítimo y competencia desleal pues esos dineros, al ser lavados, le hicieron competencia desleal a otras empresas legítimas que pudieron haber ofertado. Lo que ahí importa no es ser rentable. Lo que importa es lavar".
Ministerio Público pide prisión preventiva
Esta mañana se realizó la segunda parte de la audiencia de solicitud de medidas cautelares en contra de las 25 personas detenidas el pasado martes, como sospechosas de la Operación Aztecas.
En ella, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos del Ministerio Público, confirmó la solicitud de prisión preventiva en contra de 13 de estas personas personas, al tiempo que pedirá otro tipo de medidas cautelares en contra de 12.
A estas se les acusa de integrar una organización criminal dedicada a cometer varios delitos, como tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio, cohecho impropio, peculado y penalidad del corruptor.
En este momento (los detenidos) se mantienen bajo arresto los imputados a los que se les solicitará prisión preventiva; el resto se mantiene en libertad desde la noche del martes, con un citatorio para presentarse por los días en que se extienda la audiencia. Lo anterior, por el reducido espacio que existe en celdas judiciales y en virtud de que no se requerirán medidas privativas de libertad, señaló la Fiscalía.
De acuerdo con el Ministerio Público, el grupo, en apariencia dedicado a la posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas, estaba asentado en el Valle Central y en la costa pacífica del país.
Ahí y presuntamente, la organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos, para legitimar productos financieros por medio del Estado.
Para ello, se cree que funcionarios de Acueductos y Alcantarillados (AyA) facilitaban la asignación de licitaciones a las empresas del grupo criminal, y en algunos casos propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos; a cambio, recibían un porcentaje del dinero como modo de pago. En apariencia, desde el 2019 lograron la adjudicación de al menos 16 contrataciones administrativas. La Fiscalía también confirmó que el grupo habría reclutado a un funcionario bancario, a efectos de que le colaborara a insertar en el sistema financiero nacional las ganancias ilícitas obtenidas", señaló el Ministerio Público.
El caso se investiga bajo el expediente 19-000129-0622-PE.
