En pocas ocasiones nos regala la Corte una triada de disparates que reflejan la decadencia judicial y la intríngulis de un poder nauseabundo y corrupto que está permeando las más altas decisiones judiciales.  Me refiero a la inconstitucional decisión de ordenarle el silencio a una ministra de Estado, negar la publicidad, no del contenido de las actuaciones procesales, sino de la sinopsis de casos judiciales contra altas figuras públicas y la decisión de variar la lista propuesta por la Sala Constitucional para magistrados suplentes en ese Tribunal.

En cuanto a lo primero, señala el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que la jurisprudencia de la Sala IV es vinculante erga omnes, es decir, para todo el mundo. La libertad de acceso a la información que es pública, es un tema absolutamente decantado en la jurisprudencia constitucional.  Es un tema como el de las listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro social: sin discusión, claro, salvo para una juzgadora que se rebela contra el sistema, pero no para mejorarlo, sino para degradarlo.  Una vergüenza para la judicatura, por demás de gratis y sin ninguna necesidad.

El tema del Fiscal General ad interim tiene, definitivamente, otro sesgo.  Cuando tuvo que salir por la cocina (regresando a su condición de pensionado) el Fiscal General Chavarría me sentí sumamente complacido.  Pudo más la fuerza de la opinión pública que las intríngulis de palacio.  Pudo más una prensa que sí acusó mortandad acusatoria que había privilegiado a unos diputados indeseables que los contubernios y los pactos entre bambalinas. Pudo más la denuncia fuerte y valiente de muchos, que el populismo nefasto del opaco presidente de la Corte que también tuvo que acogerse a la carrera a su pensión antes de que se le sancionara su inconducta.  Cuando llegó Emilia Navas lo consideré un acierto, así como sigo considerando un error garrafal su linchamiento mediático con motivo del caso Cochinilla.  Pocos pudieron leer las circunstancias del momento. Pocos pudieron visualizar lo que se escondía detrás de aquella infame parodia.  Emilia Navas les estorbaba a los corruptos y era necesario decapitarla. Lamentablemente lo lograron.  Sin embargo, el tercer acto de esta triste historia me resultó inimaginable.  Aún sin haber sido nombrado, el actual Fiscal General a.i. hizo trizas el derecho ciudadano a la información.  Hizo trizas la transparencia. Hizo trizas el control ciudadano y la rendición de cuentas.  Hizo trizas, en fin, el esfuerzo de un país, todo, para combatir la corrupción de nuestra podrida élite política.  Con bombos y platillos y sin ni siquiera ruborizarse, anunció que en adelante no daría información sobre los casos penales que se siguen contra altos funcionarios públicos, casos que por cierto, generalmente son sobre corrupción y casi nunca con angelitos de por medio.  La censura es mayor cuando se trata de un funcionario judicial y monumental cuando viene del Fiscal General de la República.

Por último, después de la entradita y del “primo piatto” (primer plato) se nos luce de nuevo la Corte Plena con una de sus atrocidades.  Hasta ayer, había sido una costumbre inveterada que cada Sala escogía a sus magistrados y magistradas suplentes.  Por ley quien envía a la Asamblea Legislativa la lista es la Corte Plena.  Sin embargo, este acuerdo de Corte no era más que una cuestión de mero trámite porque se respetaba ese derecho “consuetudinario” de cada Sala a designar a sus propios Magistrados y Magistradas suplentes. Tanto era así, que cada Sala de previo a elegir su lista de candidatos a suplencia designaba una comisión de Magistrados y Magistradas para que evaluara a los propuestos, sus atestados e incluso los entrevistara.  Resulta que desde ayer lunes esa comisión interna quedó al mismo nivel de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa: es absolutamente decorativa y no hace más que el ridículo. Así, candidatos que no pasaron ese filtro, no tienen en adelante porqué preocuparse porque mediante votación secreta, en el seno de la Corte Plena pueden revivir y entrar a la lista, así como hoy magistrados que ni siquiera estaban en la lista de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, resultaron electos por el plenario legislativo.  Como que la Corte aprende rápido de la opacidad, de las componendas y de las nefastas prácticas legislativas. ¡Ya hace lo mismo!

¿Será que ahora en campaña el Parlamento tenga un chispazo de decencia y revierta este destino?

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