La ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, reveló la tarde de este jueves en un escueto vídeo enviado a los medios de comunicación que, por una orden judicial, no podrán referirse a temas penitenciarios y que a partir de ese momento acatarían la orden.

La oficina de prensa de la institución envió el vídeo a los medios e informó que dada la orden judicial, no atenderían consultas sobre temas penitenciarios, y que otros temas seguirían el flujo normal de información.

La orden fue girada por la jueza de ejecución de la pena, Mayra Acevedo Matamoros a las 13:58 horas de este jueves 30 de diciembre, según consta en la resolución integral en poder de Delfino.cr.

Y aunque el caso se enmarca en el seguimiento de la orden de reducir el hacinamiento carcelario en el Centro de Atención Institucional (CAI) San José (conocida como la cárcel de San Sebastián), la jerarca afirmó que se trataba de una orden de no referirse a la totalidad del sistema penitenciario.

Según la resolución, lo ordenado por la jueza Acevedo Matamoros fue:

"Siendo que en los último días, las autoridades penitenciarias han estado realizando manifestaciones en distintos medios de comunicación en donde se ha brindado datos y se ha rendido información que podría no ser conteste con los principios de independencia judicial y de juez natural, se impone como medida cautelar atípica, la obligación a las autoridades penitenciarias de abstenerse, ya sea por si mismas o por terceras personas y mientras se encuentre en trámite el presente proceso judicial, de realizar manifestaciones, consideraciones u opiniones que pongan entredicho los principios antes citados. Lo anterior, a efecto de garantizar que el derecho fundamental de justicia sea ejercido libre de todo tipo de injerencia y control para que las decisiones que se adopten no solo se encuentren ajustadas a derecho sino también sean absolutamente imparciales"

La orden sale un día después de que el Juzgado de Ejecución de la Pena realizara una visita al CAI San José junto a personeros de la Defensa Pública, la Fiscalía de Ejecución de la Pena, la Dirección de Adaptación Social (DGAS) y de la Policía Penitenciaria, para verificar las mejoras a las que fue sometido el centro, en atención de la orden de cierre que pesa sobre él desde 2016.

El Ministerio de Justicia ha dicho en medios de comunicación que como parte de un plan remedial, ha invertido allí desde 2017, ¢1038 millones en mejoras a la infraestructura, que incluyen mejoramiento de las acometidas eléctricas, remodelación del área de cocina y los dormitorios, entre otras; pero que a pesar de eso, la visita al centro para constatar esas mejoras había sido pospuesta varias veces, manteniéndose la orden de cierre, mientras las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) están al borde de colapso por hacinamiento.

La institución indicó ayer que en julio de este año cumplió con la orden de sacar del CAI San José a la población sentenciada, lo que dejó más de 300 espacios con posibilidades de ser utilizados, aunque no podían ser llenados por la orden judicial de cierre que aún no era levantada.

“La idea (de la visita) era que las autoridades judiciales pudieran ver, de primera mano, el cumplimiento de las medidas que surgieron en el 2016 mediante una orden correctiva que se le aplicó al centro. Desde 2017 se comenzó a atender la orden, por parte del Ministerio de Justicia y Paz, tanto en infraestructura como en otros temas funcionales. En julio se cumplió la última medida que estaba pendiente, que era la de mover las personas sentenciadas a otros centros”, dijo ayer la ministra.

Asimismo, el 22 de septiembre el Ministerio de Justicia publicó que el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José había prohibido nuevos ingresos al Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez, con lo cual el país se quedaba sin centros penales para hombres, con posibilidad de recibir personas indiciadas en celdas judiciales.

En el comunicado de ese día, Salazar reprochó que la situación límite fue advertida en múltiples ocasiones y que esa orden de cierre llegaba en momentos en que el CAI San José tenía 300 espacios disponibles para recibir población penitenciaria, lo cual era impedido por la orden de cierre que no era levantada.

La jueza Acevedo consideró que las declaraciones de la jerarca podrían "no ser conteste con los principios de independencia judicial y de juez natural", por lo que emitía la orden cautelar atípica de prohibirle a las autoridades penitenciarias de realizar manifestaciones, consideraciones u opiniones que pusieran en entredicho esos principios.