El pasado 6 de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocó, oficialmente, a elecciones generales para la Presidencia, Vicepresidentca y las 57 curules legislativas, en un proceso que desde ya apunta a que contará con una cantidad histórica de partidos políticos en la papeleta.
A pesar de que ya han circulado noticias de que serán 27 candidaturas las que aspiraran al máximo puesto de representación popular, los cierto es que cada partido político tiene hasta el próximo 22 de octubre para presentar ante el TSE la documentación necesaria para la inscripción formal de las candidaturas, por lo que la cantidad de inscripciones podría todavía reducirse.
Dato D+: Gracias a una iniciativa promovida por la asociación Poder Ciudadano Ya!, y aprobada por la Asamblea Legislativa en agosto, los partidos que aspiren a Presidencia de la República deberán entregar al momento de formalizar su inscripción su programa de Gobierno.
Ante la explosión de candidaturas que participarán de las elecciones 2022, una pregunta frecuente que podría hacerse cualquier persona es ¿cómo afecta la cantidad de candidaturas que se inscriban el monto de la deuda política del país? La respuesta corta es: no la afecta de ninguna manera ya que tiene un límite máximo de ₡19.790 millones para estas elecciones, por lo que, sin importar cuantos partidos se inscriban en la contienda, el monto total que va a dar el Estado a los partidos para cubrir sus gastos electorales no puede superar esa cifra.
El límite de deuda política para el 2022 será ₡5.239 millones menor que el asignado para la campaña electoral del 2018 (cuando el límite fue ₡25.029 millones). Esta reducción se debe a dos motivos:
- Que la actual Asamblea Legislativa acordó bajar el porcentaje asignado a la deuda política de 0.11% a un 0.085% Producto Intero Bruto.
- La Constitución establece que el año que se utiliza de referencia para calcular ese porcentaje de deuda política es el año trasanterior a la celebración de la elección, por lo que la caída del PIB del 2020 por la pandemia de COVID-19 tambien influyó en la reducción del monto.
¿Cómo funciona la deuda política?
El sistema de financiamiento de partidos políticos en Costa Rica es, para todos los efectos, un sistema de reembolsos: los partidos políticos solo pueden recibir aquellos recursos que ya reportaron como ejecutados, es decir, que fueron pagados previamente ya sea con dinero obtenido de donaciones (que solo pueden ser de personas físicas nacionales), préstamos de entidades financieras o con el financiamiento a través de certificados de cesión de deuda. Adicionalmente, durante el periodo electoral los partidos deben presentar mensualmente sus estados financieros, y solo se puede pedir reembolso sobre los gastos ahí incluidos que estén debidamente justificados.
Dato D+ Los certificados de cesión de deuda política (conocidos popularmente como bonos electorales) son un instrumento de financiamiento mediante el cual los partidos políticos le venden a terceros una porción de lo que esperan recibir como financiamiento público. Estos certificados son una expectativa de derecho, ya que se convertirán en bonos de deuda política solo si el partido político logra comprobar suficientes gastos electorales reembolsables ante el TSE y el monto autorizado en calidad de reembolso es suficiente para cubrir los certificados colocados.
Según la Constitución Política, para recibir los reembolsos por los gastos en los que se incurrió en la campaña electoral los partidos políticos deben obtener, por lo menos, un 4% de los votos válidos (no incluye votos blancos ni nulos) según a escala provincial o nacional dependiendo de la naturaleza del partido, o alcanzar por lo menos una curul legislativa.
El monto total de la deuda definido por el TSE (₡19.7 mil millones para el 2022) es dividido entre todos los votos recibidos (a la Presidencia y a la Asamblea Legislativa) solo de los partidos que pasen esos límites para acceder a la deuda y se distribuye proporcionalmente, estableciéndose un límite máximo de gastos reembolsables para cada partido. Los votos que fueron a los demás partidos políticos que no superaron los umbrales mínimos no se contabilizan en la distribución de la deuda política.
Por ejemplo, de los 25 partidos que participaron en las elecciones 2018 (14 a escala nacional y 11 a escala provincial) solo nueve obtuvieron derecho a la deuda política: seis por haber superado el 4% a nivel nacional (171,691 votos), dos por haber superado el 4% a nivel provincial (en Limón 6.043 votos y en Guanacaste 5.563 votos) y uno que no superó el umbral del 4% pero sí logró colocar un diputado por San José (Frente Amplio). Los nueve partidos se repartieron el límite de deuda política de la siguiente manera:
Dato D+: En 2018 hubo 4.292.253 votos válidos (a la Presidencia y Asamblea Legislativa), por lo que 388.094 votos validos no se pudieron contabilizar en la distribución de la deuda política. El partido que sumó la mayor cantidad de votos en 2018, pero se quedó sin poder cobrar deuda política fue el Movimiento Libertario que tuvo un total de 71.549 votos (21.890 para Presidencia y 49.659 para la Asamblea Legislativa).
Aquellos partidos que cumplan con el requisito de votos podrán cobrar los gastos operativos en los que incurrieron previamente (y que hayan sido reportados en los estados financieros durante la campaña electoral). En aquellos casos en que los gastos que realizó un partido no sumen la cantidad máxima a la que tiene derecho, esos recursos que quedan no pueden ser cobrados ni utilizados posteriormente por el partido político. Es por esto que, en las elecciones recientes, el Estado no llega a desembolsar el monto máximo asignado a deuda política.
Adicionalmente, para que los gastos sean calificados como reembolsables deben ser aprobados como tales tras una revisión por parte del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del TSE.
Dato D+: La deuda política incluye un porcentaje de financiamiento para actividades en periodos no electorales, para esto, previo a la campaña electoral cada partido debe definir en sus estatutos partidarios el porcentaje de su eventual deuda política correspondiente a gastos de capacitación y organización. De las elecciones en 2018 Restauración Nacional fue el partido que mayor porcentaje había reservado para esos gastos, dejandose una partida del 60% de su deuda para periodo no electoral (aproximadamente ₡3.564 millones), mientras que Integración Nacional fue el que menor porcentaje guardó, reservado solo un 2% de su deuda para esos gastos (apróximadamente ₡47 millones).
Los gastos en los que incurran los partidos políticos que no sean cubiertos por la deuda política, ya sea porque el límite asignado fue menor a los gastos realizados, o porque el DFPP los rechace, tienen que cubrirlos con el patrimonio del partido, que se constituye con las donaciones que personas físicas privadas hayan realizado.
¿El TSE da algún financiamiento por adelantado a los partidos políticos?
El único financiamiento anticipado que pueden recibir los partidos políticos de parte del Estado es un adelanto equivalente hasta un 15% del total de la contribución estatal, que se reparte un 12% en partes iguales entre todos los partidos inscritos a escala nacional y un 3% en partes iguales entre los partidos inscritos a escala provincial.
Para acceder a esos recursos de la contribución anticipada, los partidos deben entregar las garantías líquidas suficientes para cubrir el monto adelantado, ya que, en el caso de que un partido político que haya recibido financiamiento anticipado no alcance los porcentajes de votación mínimos para cubrir esa contribución estatal adelantada, el TSE ejecutará las garantías para recuperar los dineros públicos.
