El Movimiento de Lucha por las Semillas convocó a una manifestación, el miércoles 27 de octubre, en contra del proyecto de ley 21.087 (“Ley para la Modernización de la Oficina Nacional de Semillas”, anteriormente denominado “Ley sobre la producción y control de la calidad en el comercio de semillas”) ya que consideran que busca la privatización de las semillas.
La protesta está programada desde las 9 a.m. en el costado norte de la Asamblea Legislativa. Los organizadores consideran que el proyecto "es un nuevo intento del sector agrocorporativo y sus socios del Estado que pretende criminalizar el comercio de semillas criolla, local y tradicional".
En el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (Maoco) la semana anterior reclamaron porque consideran que la iniciativa se opone al derecho al acceso y uso sin restricciones de semillas criollas, el cual se encuentra resguardado por el artículo 20 de la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica (Ley 8591).
En Maoco indican que no fueron consultados por la Asamblea Legislativa, a pesar de que se verían directamente afectados ante la aprobación de este proyecto ya que “los productores orgánicos utilizan, reproducen, intercambian, venden y trasiegan semillas criollas, silvestres y asilvestradas que han sido mantenidas y mejoradas en toda su diversidad genética y de variedades por los pequeños campesinos y los pueblos ancestrales desde tiempos inmemoriales”.
Por parte de Asomaoco (brazo legal de Maoco), aseguraron que, a pesar de que el texto dictaminado contiene una declaratoria de interés público en su artículo 4, opinan que esta es “es omisa y a todas luces insuficiente para resguardar el derecho humano inalienable de los pueblos indígenas, los pequeños campesinos y los productores orgánicos, agroecológicos, y agricultores en general pues en el articulado de la ley propuesta no se excluye explícitamente a las semillas criollas del registro; por el contrario, cuando se habla de registro, este aplica a todas las semillas, sin excepción”.
Adicionalmente, el actual artículo 29 del proyecto señala que las semillas criollas deberán certificarse cuando su venta “trascienda el ámbito informal o de pequeña escala, convirtiéndose en una actividad especializada con fines lucrativos y cuya magnitud y características permitan considerarla como una competencia desleal con las empresas dedicadas al comercio de semillas y tener implicaciones económicas considerables”.
Por este motivo desde la Asociación manifestaron su oposición a cualquier tipo de exigencia de registro de las semillas criollas, silvestres y asilvestradas, y consideran que la aprobación del proyecto en su versión actual sería una violación al “derecho de los pueblos indígenas, los pequeños campesinos, los productores orgánicos, y agricultores en general pues en el articulado de la ley propuesta no se excluye explícitamente a las semillas criollas del registro”.
Dato D+: La actual versión del artículo 4 señala que “se declara de interés público para el país la protección y conservación de las variedades de semillas tradicionales y criollas, como recursos fitogenéticos esenciales del país, para la seguridad alimentaria y como derecho de los productores y de las comunidades campesinas e indígenas”.
Desde el Movimiento de Lucha por las Semillas señalan que, según la OCDE, en Costa Rica casi el 90% de las semillas que se utilizan no están sujetas a mecanismos de certificación, o sea que la gran mayoría semillas son variedades locales, nativas y criollas.
Además, agregan que, según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país, el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales. Por tal razón, señalan que resulta de gran interés para transnacionales en la materia.
Este proyecto de semillas viene a fortalecer el monopolio de las semillas y por ende el control de los alimentos del mundo.
Las organizaciones que convocan a la protesta al respecto enfatizan en que la iniciativa no fue consultada debidamente a los pueblos indígenas a pesar del derecho que les asiste con el Convenio 169 de la OIT. Cierra el comunicado:
Este proyecto convierte en ilegales las condiciones actuales de comercialización de semillas criollas al imponer parámetros y características de semillas comerciales (art. 29). También, crea hasta una "policía" de las semillas si en plena crisis fiscal y recortes a todo el empleo público, estos “inspectores oficiales” tendrán “fe pública y en el ejercicio de sus funciones tendrán acceso a cualquier propiedad pública relacionada con este campo”.
El expediente 21.087 fue presentado a la corriente legislativa por la diputada del Partido Liberación Nacional Paola Valladares Rosado (PLN) con el apoyo de nueve firmas adicionales de distintas fracciones legislativas.
El texto del proyecto fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Agropecuarios el pasado 21 de setiembre, pero todavía podría ser modificado vía mociones 137 antes de que pase definitivamente al Plenario Legislativo para su primer debate.