El ingeniero Jason Pérez Anchía, perteneciente a la Gerencia de Conservación Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) señaló este jueves haber sido víctima de acoso laboral y de hasta amenazas, tras fiscalizar a lo interno de la institución a algunas de las empresas constructoras que están involucradas en el caso Cochinilla, en este caso específico a H. Solís.
Las declaraciones las realizó Pérez Anchía en la sesión de la Comisión Especial que Investiga al CONAVI en la Asamblea Legislativa, a la que asistió acompañado del ingeniero de la misma oficina, Mauricio Sojo Quesada.
Según señaló Pérez:
Yo sí tenía una gestión sumamente rigurosa con las empresas en temas de aplicación de sanciones. De hecho, cuando me quitaron todos los proyectos en algún momento por una decisión de la administración superior para arriba, precisamente por esa aplicación tan rigurosa con las empresas, yo llegué a gestionar un protocolo de aplicación de sanciones que ascendía a los 900 millones de colones por el cual, desgraciadamente, se me terminó removiendo de mis proyectos y únicamente tuve que dejar el informe de que esto quedó pendiente. Por eso nunca se me dio el ofrecimiento (de dádivas) pero sí amenazas, eso sí solía pasar".
Sobre esas amenazas, el ingeniero agregó que:
Yo tuve la asignación de la línea 2 de la licitación 18 que fue la que tuve como función principal en atención de proyectos. A finales del 2017, el contratista de obras empieza a presentar una serie de incumplimientos en los cuales hace de todo para lograr que se obvien estas situaciones, eso era hablar con mis superiores y yo, de hecho, estuve en una llamada en la que mi superior tenía el altavoz puesto y escuché al dueño de la empresa hablar sumamente mal de mí. La empresa era Hernán Solís y el dueño de la empresa era Roberto Acosta (el gerente general de la empresa y esposo de Mélida Solís, quien actualmente cumple prisión preventiva por el Caso Cochinilla)".
Según afirmó Pérez, la sanción que ordenó se debe a que H. Solís incumplió con la presentación de un equipo necesario para una obra especial pues se lo llevaron para otro proyecto "donde les salió una mejor oportunidad". La empresa ofreció a cambio trabajar la construcción con una perfiladora y el funcionario procedió a rechazar la oferta y a iniciar las gestiones de multa que se acumularon con otras para un total de 900 millones de colones en multas.
En ese momento lo que recibí son poco menos que amenazas y la advertencia del director técnico de la empresa que me indicó por aparte, que la empresa estaba organizando un bufete de abogados en mi contra y me indicó prácticamente, que me mesure y que piense si realmente quiero continuar con las gestiones porque la empresa lo que va a hacer en ese momento es empezar una serie de persecuciones en contra mío para que evite continuar con ese proceso".
Posteriormente, y según el ingeniero, tras esta advertencia de multa se emitió un oficio en el que se le removió de la zona y de todos los proyectos que tenía a su cargo, al tiempo que la Dirección del CONAVI solicitó elevar el caso a sede administrativa.
Todo esto detona en una persecución muy intensa hacia mi persona y ante la cual yo termino imponiendo una denuncia por acoso laboral, como uno de los tantos ingenieros que lo pusieron en su momento. En mi caso específico, mi caso no cayó a nivel de despacho donde las denuncias son todas rechazadas de plano, sino que se tramitó por otra instancia y se instauró un órgano director. Lo que pasa es que en esa situación, el licenciado Verny Jiménez (exasesor legal del CONAVI) me llama y me informa que a raíz de todo esto, él recibe la orden directa de don Rodolfo Méndez, de que se gire una orden de despido en mi contra".
Finalmente, Jiménez ofreció a Pérez que retirara la denuncia de acoso laboral, se negoció con la dirección para frenar la persecución y el caso se resolvió con una remoción de los proyectos a cargo del ingeniero y un traslado hacia otra zona.
Antes y después de 2019
Durante la comparecencia de este jueves, los dos ingenieros señalaron que, a pesar de alertas y de recomendaciones sobre irregularidades en algunas obras viales del país, específicamente en la de San Carlos, en 2019 todas las decisiones del Consejo se trasladaron a Dirección Ejecutiva de la institución.
Según manifestó Mauricio Sojo:
Hay un antes y un después en el 2019. Cuando sale el informe sobre algunos temas de San Carlos, hay un antes y un después. Antes de ese informe, las decisiones se tomaban en conjunto con el señor ministro, el señor director ejecutivo y don Edgar (gerente de Conservación Vías y Puentes) y trabajaban como un conjunto entre ellos. Luego de ese informe se da la situación en la que se asume por parte de la Dirección Ejecutiva más bien el hecho de tomar un cierto rol de directriz con el personal o con el recurso".
El informe en cuestión es uno realizado por la entonces asesoría legal de la gerencia de conservación, y del cual el exasesor Verny Jiménez Rojas, hizo referencia la semana pasada en su comparecencia en este espacio.
En él, Jiménez informó sobre irregularidades graves en obras, entre las que destacan las de la carretera a San Carlos. Durante sus declaraciones del jueves pasado, el exasesor sostuvo que:
Metieron a una constructora, la constructora Herrera, que estaba en una zona y le dijeron 'a partir de ahora, usted va a hacer obras en la ruta 35' y nunca encontré un solo documento en la Gerencia de Conservación que lo autorizara. ¿Cómo hacen para nombrar una empresa a dedo y decirle 'venga, a partir de hoy a usted le toca una ruta'? ¿Cómo hicieron para agarrar presupuesto para una ruta que ni siquiera estaba inscrita en Planificación Sectorial? Fueron las decisiones de don Rodolfo Méndez y de don Mario Rodríguez".
Según Sojo, este informe marcó un antes y un después en la gestión del CONAVI. Por ello el diputado socialcristiano y presidente de la Comisión, Pablo Heriberto Abarca Mora, señaló que:
Básicamente ¿hay un informe que habla de obras mal contratadas, mal pagadas o lo que fuese, y entonces en lugar de aplicar un mayor control, eliminan todo el procedimiento y lo ponen a discrecionalidad en la dirección ejecutiva?".
A lo que Sojo contestó que:
Sí, básicamente".
Los funcionarios también aseguraron que recomendaron a la dirección ejecutiva del MOPT que no continuara con la construcción de obras viales que no tenían presupuesto suficiente para financiarlas pues, según Mauricio Sojo:
El modelo de contratación se paga contra obra realizada, toda obra que asumiéramos sin recursos igual había que asumirlo ¿y si no lo teníamos? En los últimos años esto se dio en varias ocasiones por falta de recursos".
Finalmente, los ingenieros explicaron que previo a 2019, la dirección de conservación estaba trabajando en una propuesta para replantear la forma en la que se manejaban las licitaciones de esta vía, a fin de otorgarle labores y funciones a empresas pequeñas y comunales donde aplicase.
Según Jason Pérez, esta propuesta se trabajó incluso con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) pero los resultados no fueron los esperados pues empresas grandes como H Solís o Meco lo que terminaron por hacer fue crear empresas más pequeñas y enviarlas a licitar estos contratos:
Las obras por ejemplo de mantenimiento de chapias y demás, siempre eran una batalla campal porque a los contratistas grandes son trabajos que no les llaman tanto la atención, de ahí que la idea era hacer un cambio y la propuesta que se gestó era la de orientarlo a empresas que fueran PYMEs, pero el objetivo no se logró porque si bien con el tema de la licitación 16, sí tuvimos adjudicación a PYMEs, sí hemos visto que aquí la malicia nos faltó: muchas de las empresas grandes lo que hicieron fue crear empresas patrocinadas por ellos mismos y lo que hicieron fue participar con ellas en estas licitaciones".
Al final de la sesión de Comisión de este jueves, los diputados concretaron la convocatoria a comparecencia al exasesor presidencial, Camilo Saldarriaga Jiménez y al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata. La fecha de estas convocatorias se anunciará en los próximos días.