El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció el día de hoy que no podrá realizar el Censo Nacional en 2022 –que debía realizarse originalmente en 2021— debido a que, a pesar de contar con los recursos necesarios para llevarlo a cabo, el Ministerio de Hacienda no da el aval a la institución para que incluya estos gastos en su presupuesto para el 2022.  Desde diciembre del 2020 el INEC ha venido denunciando  que la ejecución del Censo Nacional depende de la voluntad política de Hacienda.

Dato D+: En mayo de este año el INEC anunció los resultados del Censo Piloto, parte de las actividades preparatorias para el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda y permitió al INEC validar y ajustar todos los productos y procesos que forman parte del proyecto: los sistemas informáticos, la cartografía digital, la capacitación, el operativo de recolección de datos, el cuestionario, entre otros, y se realizó visitando todas las viviendas del cantón.

La imposibilidad del INEC de incluir los recursos necesarios para llevar a cabo el Censo Nacional, se debe a que el Ministerio de Hacienda se ha negado desde el año pasado a concederle a la institución el espacio de crecimiento en el gasto corriente que impone la regla fiscal.

Desde la institución señalaron que, “pese a diversos esfuerzos realizados ante este ministerio para solventar los problemas de ejecución del presupuesto, así como con Presidencia y Ministerio de Planificación, lamentablemente no ha habido voluntad política, razón por la cual la institución anuncia una vez más la suspensión del Censo Nacional de Población y de Vivienda, así como del Estudio Económico de Empresas y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, todas programadas para el 2022 y con disponibilidad de recursos”.                                                                                                                         

Desde el INEC señalaron que lo que están solicitando no es que se les deje por fuera de la aplicación de la regla fiscal, sino que se les permita desarrollar estos proyectos estadísticos con los recursos que tiene disponibles y sin tener que solicitarlos al Gobierno, tal y como les permite la Ley 9694, pero para lo cual requieren la habilitación de Hacienda para que sus gastos por estos proyectos superen el porcentaje de crecimiento que limita la regla fiscal.

Según aseguraron en la institución, en este momento ellos “tienen los recursos suficientes para atender las operaciones propuestas en el Plan Plurianual de Producción Estadística” pero la estricta aplicación de la regla fiscal, sin considerar la existencia de proyectos que no se ejecutan anualmente por lo que definir el crecimiento del gasto sin esas consideraciones “impide la ejecución del gasto más allá del límite establecido año a año para la institución y hace totalmente inviable realizar estos proyectos y cumplir con sus responsabilidades”.

La gerente general del INEC, Floribel Méndez Fonseca, señaló que:

La institución es consciente de la crítica situación fiscal que enfrenta el país y lo ha demostrado al haber implementado la reducción de sus gastos en los últimos años y al financiar, con recursos propios, el proyecto censal. El Poder Ejecutivo debe tomar en cuenta que el INEC no está solicitando más recursos, únicamente pide que se autorice lo estipulado en el artículo 53.

La institución aseguró que ante la negativa del Poder Ejecutivo, se encuentra buscando soluciones a largo plazo, que incluyen promover en el Poder Legislativo “una propuesta de reforma a la ley, para procurar la modificación del artículo 53, con el cual se enmendaría el problema de forma permanente y así poder asegurar la producción de las estadísticas oficiales del país, tal y como originalmente lo establece el espíritu de la Ley No. 9694”.

Desde el INEC aseguraron que parte de las afectaciones que tendrá el país por no actualizar la información del Censo desde el 2011 son que:

  • Los entes fiscalizadores del accionar público, tales como la Contraloría de la República, la Defensoría de los Habitantes, así como la propia Asamblea Legislativa, no tendrán información fidedigna y actual para realizar su labor.
  • Las nuevas autoridades deban basarse en información desactualizada para planificar y evaluar políticas y acciones en el ámbito nacional, regional, municipal y para áreas y poblaciones vulnerables.
  • No podrá darse seguimiento a los compromisos suscritos en la Agenda 2030 relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito local y los organismos internacionales, entre ellos la OCDE, BID, FMI, Banco Mundial y ONU
  • No se contará con los indicadores actualizados sobre la situación del país, lo que podría limitar la inversión y la cooperación extranjera y el seguimiento a compromisos y convenios internacionales adquiridos por el país.