El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, firmó este martes como Ley 10.001 la "Ley de acciones afirmativas para la población afrodescendiente" que fue aprobada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena del Congreso, en segundo debate, el 30 de junio anterior.
El acto de firma se llevó a cabo en Casa Presidencial con la participación de la primera vicepresidenta, Epsy Campbell; el comisionado presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia, Enrique Joseph; las ministras de Cultura, Sylvie Durán y de Educación, Guiselle Cruz; la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, Esmeralda Britton; y el diputado e impulsor de la iniciativa, David Gourzong. Asistieron también representantes de Universal Negro Improvement Association y de la Organización Fuerza Caribe.
Este proyecto declara de interés nacional la elaboración, la implementación y la divulgación de acciones afirmativas en beneficio de las personas integrantes del colectivo étnico afrodescendiente en Costa Rica, en el entendido de que la población afrodescendiente en nuestro país han sido históricamente víctimas de racismo, discriminación y etnofobia.
La nueva ley establece que por el plazo de diez años, toda institución pública está obligada a destinar al menos un 7% de los puestos de trabajo vacantes al año, para ser ocupados por las personas afrodescendientes, siempre que estas cumplan, en igualdad de condiciones, con los requisitos legales y constitucionales para acceder a ellos. Para nombrar en esas plazas a las personas no afrodescendientes deberá documentarse, de forma fehaciente, que en el respectivo proceso de reclutamiento y selección se divulgó el porcentaje y que no hubo participación de las personas afrodescendientes o que las participantes no cumplían los requisitos exigidos para el puesto.
Además, los programas educativos de la Educación Primaria y Secundaria deberán incorporar el estudio sobre el legado de las personas afrodescendientes en Costa Rica en la conformación de la Nación y en las diversas expresiones culturales, así como promover un enfoque histórico comprensivo y realista que promueva la investigación sobre el pasado de esclavitud y estigmatización de la que ha sido objeto la población afrodescendiente.
Asimismo, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) reservará un 7% de sus espacios, en cada una de sus ofertas educativas, para esta población.
"Hoy nos corresponde agradecer el legado de una cultura que ha contribuido significativamente con el desarrollo de este país y con estas acciones afirmativas reiteramos nuestro compromiso con miles de personas afrocostarricenses que han desafiado la historia, las leyes y la injusticia, por su libertad y el respeto a todos sus derechos”, dijo el presidente Alvarado tras firmar la ley.
La vicepresidenta Campbell expresó que la firma de la normativa “es un paso en la dirección correcta para cumplir las promesas de igualdad, justicia y reconocimiento para las personas afrodescendientes”.
Diversos informes han dado cuenta que la discriminación y el racismo sistémico parece tener techos de hierro difíciles de romper y por eso son absolutamente necesarias acciones afirmativas y políticas universales con perspectivas de diversidad. No vamos a acabar con la pobreza y la exclusión si no miramos la realidad de las y los afrodescendientes, y por ello es que esta ley es vital para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
