La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó por mayoría de 8 vs. 1, este jueves, el informe final sobre la investigación por los nombramientos hechos en la Cancillería durante el ministerio de la vicepresidenta Epsy Campbell Barr.
La investigación había sido abierta el 30 de julio de 2018 y la comisión pidió la comparecencia de Epsy Campbell; Natalia Córdoba Ulate, directora de Asesoría Jurídica y María Milagro Chaves Barrantes, auditora interna de la Cancillería.
Los diputados objetaban los nombramientos de Adriana Murillo Ruin como directora de Política Exterior, Carolina Fernández como directora alterna y Adriana Laclé Solano como directora de Cooperación Internacional, por considerar que ninguna de ellas cumplía con los requisitos establecidos en el Estatuto de Servicio Exterior.
Tras hacer una recopilación por las actas de las sesiones donde se hicieron audiencias vinculadas a esta investigación, la oposición llegó a la conclusión de que la vicepresidenta utilizó el criterio jurídico de la Dirección Jurídica de la Cancillería para justificar los nombramientos cuestionados, pero que recaía sobre ella la responsabilidad principal por las designaciones, tanto a nivel jurídico como político.
Según la oposición, el informe de Natalia Córdoba Ulate ignoró la regla de que las normas especiales prevalecen sobre las normas generales, y que eso no sería "un simple descuido", sino un acto intencional de emitir un criterio separado del "buen entendimiento jurídico" para crear un "traje hecho a la medida" de quienes se pretendía designar.
Finalmente, el informe afirma que el actuar de la entonces canciller Campbell, de la Directora Jurídica y de la Auditora Interna es "sin duda una cadena de desastre político y público que refleja el actuar compuesto de irresponsabilidad, incumplimiento de deberes, desinterés por el correcto funcionamiento del Ministerio que representa al país en todos sus extremos de relaciones exteriores".
Recomendaciones
Los diputados pidieron al Plenario darle un trámite prioritario al informe para "conocerlo a la brevedad posible" en ese recinto, por tratarse de una investigación contra la primera vicepresidenta de la República; aprobar el informe "en todos sus extremos" y trasladar copia del expediente al Ministerio Público.
A la Fiscalía General piden investigar los hechos expuestos en el informe, específicamente si Campbell cometió los delitos de incumplimiento de deberes, perjuicio de la Hacienda Pública, nombramientos ilegales y tráfico de influencias, así como cualquier otro delito por parte de ella; de la Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la Auditora Interna de la Cancillería o de los funcionarios involucrados en los cuales se establezca la eventual responsabilidad de cada uno.
Al Poder Ejecutivo se le solicita realizar una investigación administrativa y remitir el informe final del mismo a la comisión sobre "los errores y faltas cometidas por la señora Epsy Campbell Barr, durante su cargo como Canciller de la República"; y que Campbell no sea nombrada en puestos adicionales al que popularmente fue elegida.
Asimismo, piden abrir los procedimientos administrativos correspondientes donde se determine la sanción de Natalia Córdoba Ulate, quien fungió como Directora Jurídica de la Cancillería durante los hechos que fueron objeto de investigación, por "haber sido la responsable, de la redacción del criterio jurídico en el que se pretendió justificar la legalidad de los nombramientos cuestionados a la entonces Canciller de la República".
A la Cancillería se le pide abrir los respectivos procedimientos administrativos para investigar a los departamentos de Asesoría Jurídica y Auditoría Interna involucrados en los nombramientos cuestionados y establecer los responsables; efectuar las acciones administrativas y proponer las reformas normativas necesarias para evitar que se vuelvan a presentar este tipo de hechos en cualquier etapa del proceso de nombramientos; e implementar acciones y proponer reformas para que cuando se dé un procedimiento de nombramiento o alguna transición de funcionarios públicos en este Ministerio, se haga con una comunicación clara, con el debido análisis y con las correctas y correspondientes recomendaciones legales.
Finalmente, a la Contraloría General de la República se le pide determinar si las actuaciones atribuibles en el informe a la entonces Canciller y a la entonces Directora Jurídica constituyen delitos en perjuicio de la Hacienda Pública; e inhabilitar para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta, a Natalia Córdoba Ulate y a los funcionarios públicos que resulten responsables al efecto, por al menos cuatro años.
La sorpresa: Fiscalía pidió desestimar
Los diputados de oposición que integran la Comisión de Ingreso y Gasto desconocían que la Fiscalía General de la República había solicitado desestimar las denuncias presentadas contra Epsy Campbell por los nombramientos impugnados.
Quien lo dio a conocer fue el diputado oficialista, Luis Ramón Carranza Cascante, quien fue el único que votó en contra del informe de investigación. Horas más tarde, la vicepresidenta envió un comunicado de prensa en el que confirmaba que las causas en su contra, por los hechos que la comisión pedía fuera investigada, ya habían sido indagados y se pidió la desestimatoria a su favor.
Sobre los nombramientos de Adriana Murillo Ruin y Carolina Fernández, el Ministerio Publico solicitó la desestimación "toda vez que ha sido una práctica de las diferentes administraciones (desde 1996) el considerar que los puestos de directores son de confianza, condición que ha generado una costumbre arraigada al nombrar en esos puestos a personas que no poseen el rango de embajador. Además, por el hecho que existen pronunciamientos de la Sala Constitucional y la Procuraduría General de República que lo faculta".
La entonces fiscala general, Emilia Navas Aparicio, señaló a la Sala Tercera que la costumbre de considerar los puestos de directores como puestos de confianza data de 1996 y que las alertas de que eso no debía ser así se emitieron antes de que Campbell Barr asumiera la Cancillería; por lo que no podía afirmarse que ella y el presidente de la República hubiesen actuado con dolo al realizar los nombramientos, volviendo imposible acusarlos de "nombramientos ilegales", pues ese tipo penal requiere para configurarse que la persona que lo cometa esté consciente de la ilegalidad de su acto.
En su comunicado de prensa, Epsy Campbell celebró que las dudas quedaron despejadas y que el tema quedó resuelto antes de terminar su gestión como vicepresidenta de la República, "lo que significa que el 8 de mayo de 2022 podré concluir mi mandato sintiendo profunda gratitud con la vida por la oportunidad de servir a Costa Rica mediante un servicio honesto, coherente y constructivo".
Tal y como lo expresaron los propios diputados y diputadas integrantes de este foro en la sesión de hoy, ese informe responde a la coyuntura política electoral del momento, y su redacción en cuanto a la forma y fondo esboza una serie valoraciones políticas subjetivas y temerarias de temas que ya han sido conocidos por las instancias judiciales correspondientes.
Mi llamado es que en los últimos meses que restan de este cuatrienio, aprovechemos el tiempo y nos preocupemos de que lo importante sea lo urgente y lo urgente sea lo más importante.
A pesar de que el oficialista Luis Ramón Carranza advirtió que los hechos acusados por la comisión ya habían sido investigados y desestimados, pocos diputados dieron importancia a eso: Jonathan Prendas y Erick Rodríguez dijeron que el tema era una investigación política, no jurídica; Mélvin Núñez dio a entender que su voto a favor del informe era una represalia por el veto del presidente Alvarado a la ley de pesca de arrastre, pues asegura que el Mandatario faltó a su promesa de no vetar la ley; y Carlos Ricardo Benavides cuestionó que este fuera otro informe que se pide enviar al Ministerio Público, pues se trata de análisis políticos y no jurídicos, por lo que aquello que se considera incorrecto desde el punto de vista política, podría no ser así desde el punto de vista legal.
Solo la presidenta de la Comisión, Yorleny León Marchena, pidió a Carranza el documento de la Fiscalía que pedía desestimar la denuncia contra Campbell para, eventualmente, proponer modificaciones a las conclusiones y recomendaciones que hace el informe, el cual tras ser dictaminado pasa al Plenario para ser conocido en fecha que los congresistas acuerden.
Breves
— Carlos Solís, exgerente de Adquisiciones y Finanzas del Conavi compareció este jueves ante la Comisión Investigadora del Caso Cochinilla, donde le llovió rejo y parejo por su evidente machismo y desprecio al ser cuestionado por las diputadas Franggi Nicolás, Paola Valladares y Paola Vega; cuyas preguntas evadía y acusaba de ser "afirmaciones subjetivas" a las cuales no respondería. Repase en estos vídeos los momentos más destacados de la audiencia:
— La Comisión de Asuntos Internacionales dictaminó afirmativamente el expediente 20.780 "Aprobación del Convenio Marco para el establecimiento de la Alianza Solar Internacional" y el expediente 22.231 "Convenio Constitutivo del Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica".
— El Ministerio de Hacienda llamó a los diputados a la "responsabilidad fiscal", en el sentido de no aprobar proyectos de ley que impliquen una disminución en la recaudación de impuestos "y que vayan en contra del esfuerzo de consolidación fiscal que realiza el país para estabilizar las finanzas públicas". Específicamente, Hacienda hizo referencia a la pretensión del Congreso de aprobar una nueva rebaja al marchamo para este 2022, lo que generaría un hueco de 70 mil millones de colones, sin que se haya dicho de donde se obtendrán los recursos.
— La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, envió a la presidenta del Congreso, las jefaturas de fracción y a las diputaciones independientes un oficio solicitando priorizar en las sesiones ordinarias el expediente 22.144 “Ley de Creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para el Apoyo a las Empresas Afectadas por el COVID-19 y la Reactivación Económica”.
