La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa rechazó, este jueves, la moción presentada para citar a representantes de la empresa Pfizer, para que se refirieran al contrato firmado con Costa Rica para el suministro de las vacunas contra la COVID-19.

El rechazo se dio luego que la empresa farmacéutica entregara la mañana de hoy a los diputados un oficio señalando que Pfizer habrá entregado el 36% de las dosis contratadas por el Gobierno de Costa Rica para el cierre del mes de junio, y el 75% de las dosis para finales de setiembre de este año.

Tras esa información, la comisión votó 1 vs. 7 por rechazar la moción, que pretendía citar a Bradley Silcox, gerente general de Pfizer Centroamérica y el Caribe; y Roberto Dormond Cantú, director de Asuntos Públicos de Pfizer Centroamérica y el Caribe, para que se refirieran a "los procedimientos, negociación, cláusulas y demás actos que dieron lugar a la suscripción del contrato de fabricación y suministro de la vacuna contra la COVID-19, entre Costa Rica y Pfizer-BioNTech, y la cláusula de confidencialidad contenida en dicho contrato".

Tras la reacción negativa de la ciudadanía ante esa moción, la semana pasada, su impulsor Pablo Heriberto Abarca del PUSC dijo que lo que pretendían era obtener el cronograma de envíos de la empresa al país, y consultar si era posible acelerar ese envío.

Pfizer respondió reiterando que el 100% de las dosis contratadas estarán en Costa Rica antes de que termine el año; mientras que el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Alexander Solís, reiteró el martes en conferencia de prensa que en julio, agosto y septiembre se tendrá un trimestre de aceleración de los envíos. 

Abarca afirmó ante la Comisión que él no estaba persiguiendo ni injuriando a la empresa, y que el objetivo de la moción se logró con la carta enviada por la farmacéutica; aunque Abarca dijo que lo que querían era un cronograma detallado y lo que recibieron fueron cifras y porcentajes de dosis totales entregadas al finalizar junio y septiembre.

El diputado dijo que dado que ya no había tiempo para retirar la moción, la retiraría.

La congresista oficialista, Laura Guido Pérez, dijo que cuando la moción se puso a conocimiento en el aire se colocaron tesis irresponsables y sin sustentos, como que en el contrato con Pfizer había compromiso de activos soberanos, y que eso generaba un daño profundo al debate parlamentario.

Costa Rica ha hecho un ejercicio responsable y está comprobado. Reconozco que el ejercicio que hace Pfizer le da más claridad a la ciudadanía, lo celebro y reconozco; pero no estoy convencida que esa fuera la tesis con la cual esta moción echó a andar; asumido desde el lugar de las sospechas y para vulnerar un proceso que está salvando vidas. Me parece un ejercicio del debate que no parte de la responsabilidad a la que estamos llamado como Parlamento, y eso generó el estado de congoja nacional cuando se dio a conocer esta moción.

El independiente Erick Rodríguez Steller afirmó que celebraba que Pfizer diera a conocer "el cronograma" pero que la moción se generó por la opacidad con la que se ha manejado el contrato y que a él no le importaban los compromisos de Pfizer, sino lo que comprometieron las autoridades del país con la empresa. Agregó que su voto sería en contra por la información entregada por la compañía.

El diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides resaltó que él no era firmante de la moción, que no la votaría antes ni tampoco la votaría ahora; pues él no estaba a favor de citar a una empresa y sentarla en el banquillo de los acusados, pues lo consideraba inapropiado y que las investigaciones debían partir desde la mejor buena fe, pero que él no veía eso ahora, sino demasiada pirotecnia política.

Por su parte, la diputada Yorleni León del PLN dijo que votaría en contra porque ya la Sala Constitucional había dicho que el derecho de acceso a la información pública cede al derecho a la salud; porque como dijo la diputada Guido, no hay indicios que sugieran conductas al margen de la legalidad; y porque si lo que se quería era un cronograma de vacunación, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público no era el lugar para solicitarlo.