El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aseguró el día de hoy que “todos los contratos de obra pública vigentes continuarán el curso establecido en los contratos respectivos”, a pesar de las denuncias y proceso judicial que inició esta semana por el Caso Cochinilla.

Según informaron desde el MOPT, Méndez Mata giró instrucciones al personal del ministerio y Conavi de “atender sus responsabilidades ante cada uno de estos contratos, actuando con el mayor apego a la transparencia y la legalidad”.

Adicionalmente, desde el MOPT recordaron que en el caso de los proyectos financiados con recursos provenientes de créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, son administrados por las Unidades Ejecutoras bajo la tutela de dicho ente, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Los proyectos de obra pública denominados como obras impostergables (OBIS) dentro de la Ruta 1, Fideicomiso San José–San Ramón, son ejecutados, administrativa, técnica y financieramente por el fideicomiso con el Banco de Costa Rica, mientras que los proyectos financiados a través de recursos provenientes de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica son administrados, en su mayoría, bajo contrato con la UNOPS, agencia de las Naciones Unidas que los ejecuta dichos proyectos administrativa, técnica y financieramente.

Por su parte, el abogado Eric Ramos Fallas, que representa a la constructora MECO en este caso, aseguró a Teletica que "la empresa va a hacer un esfuerzo por terminarlo, y entiendo que no hay ninguna razón para no hacerlo, hay contratos firmados que se deben cumplir por ambas partes". De igual forma, el abogado de H. Solís en el caso, Juan Marco Rivero Sánchez, también aseguró que la empresa procura continuar y cumplir con los contratos vigentes.

Adicionalmente, el día de ayer se dio a conocer que el Consejo de Administración del Conavi, tomó una serie de acuerdos a raíz del escándalo de esta semana:

  • Ordenar a la Auditoría Interna la realización de las investigaciones preliminares necesarias a los funcionarios y empresas privadas involucradas en los supuestos hechos de corrupción, y presentar ambos informes iniciales en un plazo de 30 días naturales.
  • Ordenar a la Auditoría Interna investigar e informar si efectivamente se sustrajeron recursos financieros e identificar, si fuera el caso, cual fue el modus operandi y destino de esos recursos.
  • Ordenar a todas las personas funcionarias del Conavi a facilitar toda la información que requiera el Ministerio Público y demás instituciones de control.
  • Promover un sistema de control interno institucional para detectar debilidades y deficiencias que hubieran facilitado las presuntas irregularidades.
  • Informar a la Procuraduría de la Ética Pública y Contraloría General de la República sobre la causa penal en curso, para que ejerzan las competencias que les corresponde en estos casos.