A fines del año pasado estaba esperando un Uber al frente del edificio del O.I.J., luego de atender una diligencia judicial y de pronto cerraron la calle y se estacionaron varios vehículos cuasi militares de los que se bajaron policías con ametralladoras para custodiar al del centro, en el que viajaba un narcotraficante, según me dijo uno de los policías a los que le pregunté la razón de semejante operativo.

Días después leí que el ministro de Obras Públicas y Transportes se quejaba de que la Corte había terminado con tres plazas extraordinarias que se habían destinado a reforzar los procesos expropiatorios necesarios para el desarrollo de varias obras públicas.

En la misma semana leí que la diputada Paola Vega había presentado un proyecto de ley para terminar con la asquerosa provisión mensual de 500 litros de gasolina para cada diputado.

Hoy, 1º. de junio, el medio Delfino.CR publica un acertado artículo de la jueza Laboral, doña Silvia Arce, en el que expone algunas decisiones de la Corte en relación con la crisis presupuestaria que aqueja al poder judicial.  Expone doña Silvia que no van a haber sustituciones en muchas materias que el Consejo Superior del Poder Judicial no considera vitales pero que los choferes y secretarias de los magistrados sí podrán ser sustituidos.

Nuestro sistema padece de una severa falta de legitimidad.  El ciudadano se siente asqueado de ver cómo se cierran miles de empresas, crece la pobreza, crece el desempleo y la administración de la cosa pública sigue inalterada, tan ineficiente como siempre.

Lo que no dicen quienes detentan el poder es que ese hueco financiero del presupuesto judicial en gran medida es por un problema de gobernanza.  Parcialmente esa deficiencia presupuestaria se debe a pagos a favor de funcionarios indebidamente despedidos y reinstalados con derecho a una indemnización. No está de más señalar que no hay investigaciones internas que señalen responsables.

¿Quién entiende que cuando a alguien lo nombran magistrado ya no sabe manejar, ya no tiene vehículo propio y necesita de chofer y vehículo discrecional para transportarse?  Es el milagro, no de los panes sino de las gollerías.

Por su parte, se vienen tres reformas legales que tienen un costo de implementación de miles de millones de colones.  Me refiero la nueva jurisdicción de crimen organizado (siempre botando el dinero en el narcotráfico), el nuevo Código Procesal Agrario y el nuevo Código Procesal de Familia.  La Corte, fiel a su incompetencia lo que ha hecho es pedir prórrogas de un año o dos.  Por ejemplo, el Código Procesal Agrario ya ha sido prorrogado dos veces.  No es posible tanta candidez.  Acaso se necesita ser clarividente para entender que en por lo menos los próximos 10 años el país no puede costear semejante costo.  Es claro para cualquiera, menos para la cortesilla que gobierna el Poder Judicial.

No puede válidamente ningún funcionario público que se precie de decente, cohonestar en tiempos de pandemia una política que le permita mantener su chofer, su vehículo y su secretaria, sin ninguna interrupción, mientras todos los demás no podrán tener vacaciones, incapacidades o permisos sin que a su regreso se encuentren con una carga extra de trabajo porque en su ausencia nadie los sustituyó.

No puede válidamente un magistrado que recibe un pago extra por rubro “gerencial” cohonestar una política que suspenda el trabajo de jueces que ayudan a aligerar las indispensables expropiaciones para el desarrollo de obra pública, mientras se gastan millones en vehículos y choferes.

No puede un país pobre y en crisis sanitaria darle 500 litros mensuales en combustible a cada diputado sin más fundamento que el de ser un abominable privilegio.

No puede ser que nuestras mujeres tengan miedo en las calles por falta de seguridad y al mismo tiempo se gastan millones en una política de guerra al narcotráfico que todos sabemos fracasó de mucho tiempo atrás.

En ciencias sociales se ha desarrollado una teoría de la hegemonía que supone que la sociedad civil sin acceso al poder económico y político consiente libremente los valores y percepciones que propone la minoría que sí tiene ese acceso.  Esto sostiene el sistema y lo legitima.

Es a mi juicio muy claro que la legitimidad de nuestro sistema hace aguas y que la hegemonía en nuestra sociedad va en picada...

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