En sesión de Corte Plena del 24 de mayo del 2021, 19 magistrados y magistradas votaron por no dedicar su tiempo a escuchar una exposición, estimando que era muy oneroso para el erario público. Desde hace años, muchos agentes sociales y ciudadanos que financiamos el Poder Judicial con impuestos, esperábamos un signo que nos diera esperanza, sobre la toma de conciencia de los y las magistradas, respecto de la seriedad, mesura y ética con que deben manejarse los dineros públicos.

No obstante, el día 25 inmediato siguiente, recibimos la muy desagradable noticia de que la Sala Constitucional una vez más, se pronunció favoreciendo a un sector de los pensionados del régimen del Poder Judicial. En el Voto N° 2021-11957 del 25 de mayo, se dispuso que imponer cargas sociales y tributarias de un 55% a pensiones individuales de 6, 7 y 9 millones de colones, no se ajusta al Derecho de la Constitución nacional. Los magistrales jueces que así resolvieron, se verán beneficiados con ese pronunciamiento cuando se acojan a la jubilación, financiada en dos terceras partes con aportes del Estado como tal y como patrono. Cabe mencionar que, en esa votación, participaron dos magistrados que, en Corte Plena, adoptaron acuerdos en los años 2008 y 2010 en favor de auto incrementar los sueldos de sus homólogos y los suyos propios, así como de otros 24 puestos judiciales, en porcentajes que, para algunos cargos, representó casi una duplicación del salario mensual. Son el presidente de la Sala Fernando Castillo Víquez y el magistrado suplente José Paulino Hernández Gutiérrez.

Ese tipo de incongruencias se aprecian no sólo entre lo que manifiestan los magistrados y magistradas de Sala Constitucional como funcionarios administrativos en Corte Plena, sino también en el “gerenciamiento” del Poder Judicial. En Circulares 107-2021 y 112-2021 de este mes de mayo, fueron comunicados a los funcionarios judiciales, acuerdos del Consejo Superior (integrado por cuatro miembros nombrados por la Corte Plena, y la o el magistrado presidente de la institución), que regirán de mayo a agosto del corriente año. De esas directrices, se extrae que no habrá sustituciones salvo rarísimas excepciones, en plazas de jueces de trabajo, de pensiones alimentarias, civiles, de lo contencioso administrativo, de familia y de cobro, por no considerarlas “esenciales”.

Así las cosas el trabajo asignado al funcionario incapacitado, en vacaciones o con licencia por determinados motivos, deberá ser asumido por el resto de los jueces del mismo órgano jurisdiccional. El problema es que, si estos tienen saturadas sus agendas para realizar audiencias de recepción de prueba, no pueden atender los juicios orales del ausente. La opción es que sean reprogramadas las respectivas diligencias de evacuación de prueba, lesionando el interés legítimo de todos los que anhelan que su contienda sea resuelta en forma pronta y cumplida. Podría intentarse la justificación de que tiempos tan críticos como los que estamos viviendo, todos debemos hacer sacrificios. Pero en el Poder Judicial de Costa Rica, los que deben aceptar inconvenientes, atrasos, más zozobra, más tensión, más decepciones, son en primer lugar las y los usuarios, y en segundo, los empleados que no entramos en una clasificación de puestos “esenciales” elaborada por el mismo Consejo.

Es de destacar con tristeza que, según las referidas circulares, entre los cargos tan indispensables para la sociedad costarricense, que deben ser sustituidos pase lo que pase, están los choferes y los secretarios y secretarias de los magistrados. Luego, atender a quien viene clamando por justicia, no es tan importante para los “administradores” del Poder Judicial, como garantizar que las y los magistrados sigan siendo servidos por sus secretarios y por sus choferes. Cabe agregar que algunos de estos últimos perciben sueldos mensuales de más de novecientos mil colones, como se lee en el siguiente cuadro, confeccionado por la Dirección de Gestión Humana del mismo Poder:

La luz en el horizonte que creímos percibir en la sesión del lunes 24 de mayo de Corte Plena, fue solo una expresión del idioma. Los jerarcas del Poder Judicial están preocupados por el costo para el erario público, de todo lo que no implique menoscabo de sus privilegios. Sala Constitucional vela por las futuras pensiones millonarias de sus integrantes y de sus pares, y la administración del Poder Judicial considera esencial sustituir al chofer de un magistrado, no así a un juez. Que el pueblo de Costa Rica conozca, decida y actúe, ya que es con sus impuestos que se pagan los sueldos, choferes, secretarios y aportes estatales al fondo de pensiones, de los magistrados y las magistradas.

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