El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate, este martes, un proyecto de ley de diputada Paola Vega Rodríguez que pretende permitir que los proyectos de ley que quieran ser sometidos a referéndum, puedan ser enviados a revisión de la Sala Constitucional.
Se trata del expediente 22.176, "Ley para incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad en los procesos de referéndum", el cual de conformidad con la Ley de la Jurisdicción Constitucional debe ir ahora a revisión de los magistrados del Alto Tribunal, antes de recibir su segundo debate.
El plan legislativo plantea que, completados los pasos previos para que la ciudadanía someta a referéndum una iniciativa, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) podrá, en caso de considerar que la propuesta presenta posibles vicios de constitucionalidad, remitirla a la Sala Constitucional para su respectivo examen; y que cualquiera que sea la decisión del TSE, deberá consignarse en resolución motivada.
Asimismo, dispone que si el proyecto carece de vicios formales y constitucionales, el Tribunal ordenará su publicación en La Gaceta y el interesado procederá a recolectar las firmas de por lo menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral en los formularios brindados por el TSE.
En la historia reciente hay al menos dos incidentes donde, propuestas de referéndum a las que el Tribunal Supremo de Elecciones les autorizó el inicio de recolección de firmas, fueron tiradas abajo por la Sala Constitucional: el 10 de agosto del 2010, la Sala IV por votación 5 vs. 2 anuló la autorización para recolectar firmas con el fin de convocar a referéndum para definir si Costa Rica permite o no el matrimonio entre personas del mismo sexo; mientras que el 17 de julio de 2019, por votación 6 vs. 1, la Sala anuló una autorización de firmas para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente.
Diputados, ¡legislen!
La Comisión Especial Investigadora sobre la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado recibió este martes en audiencia a jerarcas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para referirse a los riesgos y detecciones que han hecho de la penetración de esos dos flagelos en las campañas políticas del país.
El presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, afirmó en su intervención inicial que no es un secreto que en Costa Rica y el mundo entero existe un riesgo evidente de penetración del dinero del narcotráfico en estructuras partidarias, y de la injerencia y control de la acción gubernamental subsiguiente, de resultar electas personas nominadas gracias a esos dineros ilícitos.
Si bien Sobrado dijo que gracias al Código Electoral promulgado en 2009 el país está mejor preparado para paliar y contrarrestar ese riesgo, aún persisten fuentes de peligro y lo que él específicamente denominó el "talón de Aquiles estructural" en el modelo de financiamiento partidario: el reembolso post-electoral de la contribución estatal.
De acuerdo con el presidente del TSE, el que ese reembolso no llegue de modo oportuno ni equitativo a los partidos, sumado a un porcentaje de adelanto de la contribución estatal muy bajo, se agrava en los comicios municipales pues ni siquiera existe ese anticipo ni tampoco se permite usar los certificados de cesión de deuda.
El magistrado presidente recordó que el Tribunal no solo ha insistido sobre esa problemática, sino que presentó e impulsó proyectos para corregirlo, como los expedientes 18.739 y 19.507, los cuales Asambleas Legislativas con otras integraciones dejaron morir con su inacción: "Ni siquiera fueron objeto de debate o discusión, murieron de inanición en los despachos legislativos", destacó.
Al respecto, la diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda Sagot, consultó sobre si era posible retirar la credencial de diputado a una persona que resulte vinculada con el narcotráfico, a lo que Sobrado respondió que los diputados son parte de los diputados que tienen privilegios e inmunidades, por lo que para proceder penalmente contra ellos se debe realizar el levantamiento o renuncia de la inmunidad; y el posterior juzgamiento a cargo de la Sala Tercera, que de declararlo culpable, lo haría perdería la curul.
La diputada también consultó, sobre los mecanismos de revisión que aplica el TSE a los fondos que reciben los diferentes partidos políticos. Ronald Chacón, jefe de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, explicó que en las últimas campañas se han presentado “bastantes denuncias”, que van desde estructuras paralelas hasta donaciones anónimas y de personas jurídicas.
En el caso de las donaciones, se hace un análisis técnico de la cuantía y el porcentaje que representa dentro del monto total de la agrupación- Cuando surgen alertas desde la perspectiva técnica se realiza un análisis de solvencia económica sobre la persona específica, y se sigue la ruta del dinero que se donó para acreditar desde la salida de la cuenta del donante hasta que llega a la agrupación; cuando eso no da resultados satisfactorios se eleva al Instituto Costarricense sobre Drogas, Ministerio Público, o Dirección de Tributación, para que procedan conforme a sus competencias.
Por su parte, el congresista Otto Roberto Vargas del Partido Republicano Social Cristiano preguntó sobre la fiscalización del origen de los recursos de los candidatos a los diferentes puestos en los procesos internos. Héctor Fernández, director General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE respondió que el Tribunal revisa desde el momento en que se inscriben las precandidaturas y que a partir de entonces los recursos se deben mover por medio de las tesorerías de los partidos.
Sin embargo, reconoció que mientras los precandidatos no se inscriban, no están regulados y se da una “zona que dificulta poder llamar a cuentas a las personas”.
Vargas mostró su preocupación de que tres partidos acaparen la mayor parte de la deuda política y Chacón explicó que se da una “inequidad” debido a que los certificados de cesión se pagan con respecto a los márgenes de las encuestas, lo que invisibiliza a algunas agrupaciones políticas.
Al respecto, Luis Antonio Sobrado insistió en que han propuesto muchas veces eliminar los certificados de cesión de deuda y en su lugar implementar franjas electorales, ya sea gratuitas por parte de las televisoras o emisoras de radio, o bien pagadas por el Tribunal Supremo de Elecciones con la deuda política. Asimismo, citó que han propuesto aumentar el financiamiento pre-electoral e incentivos fiscales para las pequeñas donaciones de personas físicas, así como otras medidas para bajar el costo de las campañas mediante transporte gratuito de electores y eliminar las donaciones en efectivo.
Si el dinero no llega de forma oportuna, se incrementa la tentación de acceder a recursos ilícitos.
El diputado Luis Ramón Carranza destacó que desde el año 2010 hasta la fecha, solo hay dos casos de investigación por legitimación de capitales donde se involucran partidos políticos: el Movimiento Libertario en ese año, y la Unidad Social Cristiana en el 2012, pero cuyo estado procesal -dijeron los funcionarios del TSE- es algo que se debe preguntar a la Fiscalía.
Finalmente, el foro legislativo aprobó una moción para convocar en audiencia a los diputados actuales y anteriores que recibieron visitas de las personas arrestadas e investigadas por formar parte de una estructura narco de envío de cocaína a Europa. En esa convocatoria, inclusive, se metió a Alejandro José Cartín Ramírez (31 años, detenido) y Robert Fernando Soto Rivera (54, detenido) por este caso.
Además, la fracción de la Unidad anunció que tras la renuncia a la comisión investigadora por parte de su diputado Óscar Cascante, devolverían el puesto a Erick Rodríguez Steller.
