A un año de la entrada en vigencia de la Declaración Jurada, 27 instituciones que se han comprometido con este llamado del Ejecutivo, lo que ha dado como resultado la mejora en 74 trámites.

La Directriz N° 85-MIDEPLAN-MEIC busca agilizar en las instituciones públicas los trámites que impactan a las personas y al sector productivo por medio de la aplicación de dicha herramienta. 

Instituciones como los ministerios de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Hacienda, Ambiente y Energía (MINAE),  el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Registro Nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), gobiernos locales; han apostado firmemente por el uso de esta herramienta.

Dentro de los trámites que destacan por su mayor simplicidad se encuentran la Licencia Comercial concedida por  municipalidades como la Desamparados, Cartago, Montes de Oca y Curridabat, para brindar al empresario el permiso con solamente el uso de suelo, y la Declaración Jurada para operar de manera temporal, para quedar en firme 90 días después de su otorgamiento. 

La ministra de Economía, Victoria Hernández, explicó que están enfocados en articular esfuerzos con las diversas instituciones y gobierno local para lograr mejoras contundentes en los trámites que realizan los costarricenses ante las instituciones.

Cada queja o reclamo por un trámite lento, complicado y costoso, es una llamada de atención que no debemos dejar pasar por alto, mucho menos cuando es una constante".

En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por medio del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), se facilitan 13 trámites con este mecanismo, donde destacan:

  • Emisión de órdenes de placas retenidas sobre requisitos relacionados con subsanación de faltas que originaron el retiro, tal como el funcionamiento de rampa en las unidades de transporte público.
  • Propietarios registrales extranjeros con identificaciones distintas a la consignada en el Registro Nacional.
  • Vehículos no inscritos, lo que ha disminuido el costo para el usuario, quien ahora puede presentar una Declaración Jurada ante el funcionario público; lo que impacta en el costo del trámite y la agilidad para su resolución, pues anteriormente se solicitaba una Declaración Jurada protocolizada.

Con la Declaración Jurada, las autoridades pretende un nuevo estilo de gestión mucho más simple y con menos costos para los usuarios en las instituciones del Estado.