35 diputados de casi todos los partidos políticos firmaron una moción que se conocerá este jueves en la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público, para citar a dos representantes de Pfizer a audiencia, relativo al contrato firmado con Costa Rica para adquirir vacunas contra la COVID-19.
La moción es impulsada por el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca Mora, quien a través de un vídeo dijo que la intención era que la empresa se refiriera a "cuál es el misterio con el contrato, qué es lo que no se puede conocer, por qué hay tanto secretismo y por qué hay tanta bulla alrededor de un contrato declarado confidencial".
La proposición solicita que Bradley Silcox, gerente general de Pfizer Centroamérica y el Caribe; y Roberto Dormond Cantú, director de Asuntos Públicos de Pfizer Centroamérica y el Caribe, se refieran ante la comisión a "los procedimientos, negociación, cláusulas y demás actos que dieron lugar a la suscripción del contrato de fabricación y suministro de la vacuna contra la COVID-19, entre Costa Rica y Pfizer-BioNTech, y la cláusula de confidencialidad contenida en dicho contrato".
La moción fue presentada luego que en las últimas horas se cuestionara que Dormond hubiese sido embajador de Costa Rica ante Canadá, en la administración de Luis Guillermo Solís; además, algunos diputados han cuestionado que Beatriz Solís Worsfold, hija del expresidente Luis Guillermo Solís, trabaje en la empresa farmacéutica.
El diputado Enrique Sánchez Carballo del oficialismo calificó de "vergonzosa y lamentable" la moción de la oposición, y afirmó que la misma solo podía responder a dos cosas: estropear el proceso de vacunación, jugando con la salud y la vida de los costarricenses; o esconder los cuestionamientos de vínculos con el narcotráfico en múltiples fracciones legislativas.
Delfino.cr se puso en contacto con Pfizer y a través de sus encargados de prensa en Costa Rica enviaron un durísimo comunicado, que aunque no hace referencia explícita a la audiencia que se les pide, sí se puede afirmar que da respuesta a las acusaciones y señalamientos que han salido desde Cuesta de Moras en los últimos días.
Pfizer afirmó que han actuado de manera íntegra en el manejo de su negocio y el relacionamiento con los diversos actores con quienes interactúan, incluyendo a las autoridades de salud y gubernamentales.
Los acuerdos que hemos firmado con el gobierno de Costa Rica han seguido, rigurosamente, todos los procedimientos legales, regulatorios y éticos requeridos. Cualquier insinuación de lo contrario es irresponsable, injusta e injuriosa.
La empresa afirmó que el proceso de negociación para el suplido de vacunas contra COVID-19 con gobiernos de distintos países ha sido similar, tanto a nivel de Centroamérica y Caribe como a nivel mundial: "Este es el resultado de un trabajo conjunto entre equipos locales, regionales y globales, que siguen las mismas políticas, lineamientos y guías establecidas por Pfizer y BioNTech".
Además confirmó que en el caso de Centroamérica y Caribe, el proceso ha sido liderado por Bradley Silcox, gerente general de Pfizer para la región, en conjunto con un equipo multidisciplinario de diferentes departamentos de la empresa y afirmó que las negociaciones con Costa Rica se realizaron de manera directa y sin ningún intermediario, tal cual lo han hecho con otras naciones.
Semanas atrás, el diputado independiente Jonathan Prendas Rodríguez divulgó un rumor en el Plenario del Congreso, afirmando que Costa Rica había adquirido las vacunas de Pfizer a través de intermediarios, cosa que fue desmentida horas después por el Gobierno.
Pfizer agregó que al día de hoy han cumplido con todas sus obligaciones contractuales y mantienen el firme compromiso de completar la entrega de la totalidad de dosis que le corresponden a Costa Rica durante los meses restantes del 2021.
Nuestro enfoque permanecerá en continuar trabajando con los gobiernos y otros grupos relevantes a través del mundo, para suplir nuestra vacuna a la mayor cantidad de gobiernos lo más rápido posible. No vamos a permitir que afirmaciones sin fundamento alguno descarrilen nuestra misión de llevar innovaciones que cambien la vida de los pacientes, propósito que ha cobrado una mayor urgencia en el contexto de esta pandemia.
- Pablo Heriberto Abarca, PUSC
- Erwen Masís Castro, PUSC
- Shirley Díaz Mejías, PUSC
- Aracelly Salas Eduarte, PUSC
- Gustavo Viales Villegas, PLN
- Silvia Hernández Sánchez, PLN
- Luis Antonio Aiza, PLN
- Ana Karine Niño, PLN
- Xiomara Rodríguez Hernández, PRN
- Paola Valladares Rosado, PLN
- Jorge Luis Fonseca, PLN
- Aida María Montiel, PLN
- Luis Fernando Chacón Monge, PLN
- María José Corrales, PLN
- David Gourzong Cerdas, PLN
- Wágner Jiménez Zuñiga, PLN
- Ana Lucía Delgado Orozco, PLN
- Mélvin Nuñez Piña, PRN
- Giovanni Gómez Obando, PRN
- Floria Segreda Sagot, PRN
- Eduardo Cruickshank Smith, PRN
- Mileidy Alvarado Arias, PRN
- Patricia Villegas Álvarez, PIN
- Wálter Muñoz Céspedes, PIN
- Otto Roberto Vargas Víquez, PRSC
- José María Villalta, Frente Amplio
- Carmen Chan Mora, Independiente
- Nidia Céspedes Cisneros, Independiente
- Dragos Dolanescu Valenciano, Independiente
- Marulin Azofeifa Trejos, Independiente
- Zoila Volio Pacheco, Independiente
- Erick Rodríguez Steller, Independiente
- Ignacio Alpízar Castro, Independiente
- Ivonne Acuña Cabrera, Independiente
- Jonathan Prendas Rodríguez, independiente
Aprobado informe de mayoría del caso UPAD
El Plenario legislativo aprobó por mayoría el informe de 113 páginas de la oposición sobre la investigación a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que recomienda solicitar al Ministerio Público que investigue, con base en los hechos expuestos en la comisión, la posible comisión de varios delitos por parte de los funcionarios públicos involucrados y se establezca la eventual responsabilidad.
Entre ellas figura Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación, a quien acusan del delito de perjurio, "dado que dio falso testimonio a esta Comisión al alegar desconocimiento absoluto del decreto relacionado con la UPAD, cuando hay prueba documental que demuestra lo contrario".
También recomiendan que el expediente legislativo sea suministrado como prueba documental en el marco de la investigación en curso al Presidente Carlos Alvarado Quesada, a Víctor Morales Mora (exministro de la Presidencia) y a Luis Daniel Soto Castro (exviceministro de Planificación Nacional y Política Económica) por la firma de un decreto que tenía como sustento falsedades y cuyo contenido ha sido calificado por expertos como inconstitucional e ilegal, constitutivo del delito de prevaricato.
Los diputados también recomendaron investigar a Elizabeth Mora Elizondo, directora de la PRODHAB, por el presunto incumplimiento de deberes establecidos por ley, en el ejercicio de su cargo. Asimismo, trasladar el expediente como prueba documental en el marco de la investigación en curso a Eriksson Álvarez Cologne, director del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), por el traslado de información sensible que se documentó a través de correo electrónico al asesor de Casa Presidencial y María Fullmen Salazar, exdirectora ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, por su relación con el traslado de información desde el Sinirube a Santiago Álvarez Ovares, exasesor de Casa Presidencial.
Por otro lado, se recomienda trasladar el expediente como prueba en la investigación en curso a Santiago Álvarez Ovares, exasesor de Casa Presidencial por solicitar información sensible al Director del Sinirube y al Ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas; e investigar a dicho ministro por el traslado de información sensible, aludiendo que el asesor lo solicitaba en nombre del Presidente de la República.
Finalmente, se recomienda trasladar el expediente como prueba documental en el marco de la investigación en curso a los exasesores y exasesora de Casa Presidencial Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos, Diego Fernández Montero y Felly Salas Hernández; así como trasladar el expediente expediente como prueba documental en el marco de la investigación a Luis Salazar Muñoz, exasesor de Casa Presidencial y redactor del decreto de creación de la UPAD.
El informe pide además que la Contraloría General de la República investigue las presuntas irregularidades de los funcionarios públicos involucrados en el desarrollo y ejecución de la Unidad de Análisis, así como las posibles sanciones tales como destituciones o inhabilitación de ejercer cargos públicos según el marco legal vigente y la gravedad de tales infracciones.
A la Procuraduría de la Ética Pública se solicita determinar si las actuaciones atribuibles en el informe constituyen faltas a la ética y probidad; mientras que a la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se pide investigar a todos los agremiados involucrados en el proceso, a fin de determinar si la asesoría brindada al Presidente de la República fue contraria a lo que establece la Constitución Política y la legislación vigente, así como establecer las sanciones correspondientes.
A la Presidencia, el informe recomienda realizar los procesos administrativos correspondientes para sentar las responsabilidades respecto a la redacción, firma y publicación del decreto que creó la UPAD, en lo correspondiente al proceso y los procedimientos que se llevaron a cabo en Casa Presidencial y el Ministerio de la Presidencia en este tema. También revisar y eliminar las duplicidades mediante un estudio organizacional y una reorganización, según los lineamientos dictados por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, incluyendo eliminar las unidades de facto creadas dentro de la Presidencia de la República, no sólo por constituir un gasto innecesario, sino que facilitan el paso de documentos que se adaptan más a las instrucciones del Presidente que al marco legal vigente.
Además piden a la Presidencia mantener un registro de acceso libre de los funcionarios de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia con sus funciones y su lugar dentro del organigrama, para que la ciudadanía pueda verificar las responsabilidades, funciones, jefatura inmediata, entre otros, de quienes ocupan esos puestos; y rescindir cualquier convenio o contrato de confidencialidad que le otorgue acceso a esta unidad o cualquier otra unidad que recopile, analice trate o manipule datos sensibles de los habitantes dentro la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia.
A la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes se le solicita realizar una investigación por parte de la Auditoría Interna para establecer la responsabilidad por el no cumplimiento de la ley N° 8968 en el caso UPAD; realizar un estudio de la organización para determinar oportunidades de mejora y vacíos, de manera que se tomen las medidas para que no se repitan los errores y negligencias acontecidos en el caso UPAD y dar continuación a la investigación que se abrió con respecto al decreto, además de incluir al Presidente y no solo al Ministerio de la Presidencia.
Al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) se le pide determinar el alcance que tuvo la vulneración de información y las medidas a tomar por parte del IMAS sobre funcionarios que incumplieron con sus funciones para para evitar que dicha información se vulnerase, sin perjuicio de las sanciones o penas que se llegasen a imponer por otra vía a los funcionarios. Asimismo, se solicita rescindir cualquier convenio o contrato de confidencialidad que le otorgue acceso a cualquier otra unidad que recopile, analice trate o manipule datos sensibles de los habitantes que se encuentre fuera de lo dictado por la legislación costarricense.
