El defensor de los derechos de pueblos indígenas, Yehry Rivera, fue asesinado el 24 de febrero de 2020 y hoy sus padres presentaron una querella por el delito de homicidio calificado, que se suma a la acusación efectuada por el Ministerio Público.

La acción de la familia de Rivera se da luego de que, según informó el Ministerio Público el 19 de abril de 2021, la pieza acusatoria del expediente 20-000108-0990-PE fue puesta en conocimiento de la parte ofendidas como lo establece la Ley, a efectos de que dentro del plazo de 13 días determine si desea constituirse en querellante o actor civil; es decir, si presenta una acusación por medio de un abogado particular y si desea reclamar un monto económico por concepto de daños y perjuicios.

Al líder indígena lo mataron luego de que le dispararan en un momento en que él y una familia de personas indígenas Teribes se defendían del ataque de una turba contra la finca en donde estos últimos vivían. Yehry era un líder del pueblo Bröran, también llamado Teribe, del Territorio Indígena de Térraba en el sur de Costa Rica.

El representante legal de la familia, Marvin Carvajal, indicó que "la muerte de Yehry fue un ataque a todo el pueblo Bröran, a todos los indígenas en general y a todos los que creemos en los derechos humanos y la paz como valores fundamentales de este país”.

Su muerte se dio pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares para proteger la integridad y la vida de los indígenas Teribes y en forma expresa la de Yehry”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho de los familiares de víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos, y de toda la sociedad en general, a que se esclarezca la verdad de los crímenes por medio de la investigación y el juzgamiento de todas las circunstancias que rodearon el hecho.

El homicidio del defensor sucedió en el marco de un conflicto por la recuperación de tierras indígenas, un problema de raíces profundas, que involucra tanto a personas no indígenas como indígenas de distintas etnias, y al propio Estado.

Según Batalla Legal, firma comprometida con los Derechos Humanos y con una amplia trayectoria en litigio, han asumido el caso sin cobrar honorarios profesionales, en asociación con la organización no gubernamental Forest Peoples Program.

Lucharemos para que se haga justicia y se castigue un hecho que ensombrece y avergüenza nuestro país. Creemos que una efectiva acción de la Justicia puede evitar que otras personas pierdan sus vidas por la defensa de sus derechos ancestrales”, finaliza Carvajal.