El Plenario de la Asamblea Legislativa retomó este lunes la votación de proyectos de ley en segundos debates, dando votación final a la normativa para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como una prórroga a la reducción de jornadas laborales en el sector privado, producto de la pandemia de COVID-19.
El expediente 22.187 recibió 40 votos a favor y 3 en contra (Paola Vega, José María Villalta y Dragos Dolanescu) y con él se aprueba el acuerdo sobre los términos de la adhesión de Costa Rica a la OCDE; la Convención de la OCDE, los protocolos adicionales 1 y 2 a la Convención de la OCDE, y normas relacionadas.
El segundo debate se dio luego de que la Sala Constitucional, por votación 4 vs. 3, determinara que el proyecto no era inconstitucional. La diputada Paola Vega citó, como justificante para su voto en contra, el voto de minoría de la Sala que determinó que el expediente era inconstitucional, pues se estaban aprobando normativas que no figuraban dentro del expediente, o que no fueron traducidas al español, ni sometidas a conocimiento de los diputados ni de la Sala Constitucional.
El acuerdo aprobado consta de dos partes: la Declaración Final y sus anexos y la Decisión del Consejo de la OCDE.
La Declaración Final cuenta con cinco anexos y es un requisito establecido en la Hoja de Ruta, según el cual, tras la conclusión de las 22 evaluaciones técnicas, el país debe remitir al Secretario General de la OCDE un documento en que el país manifiesta que, mediante el depósito del instrumento de adhesión a la Convención, asumirá todas las obligaciones derivadas de la membresía a la OCDE y aceptará los objetivos y compromisos de la organización, sus reglas de funcionamiento y de trabajo, sus instrumentos jurídicos sustantivos, entre otros.
Adicionalmente, el país declara que acepta el “Acuerdo entre la República de Costa Rica y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sobre los privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la Organización”, que entró en vigor el 6 de setiembre del 2018. Igualmente, el país manifiesta su interés en participar en ciertas actividades y órganos de la OCDE a título opcional, la terminación de acuerdos previos con la organización y su aceptación de cumplir con sus compromisos posteriores a la adhesión.
En la Decisión del Consejo de la OCDE se establece que el país asume los compromisos indicados en la Declaración Final y se especifican las seis áreas en las cuales el país deberá rendir informes de progreso a los órganos de la OCDE después de su adhesión a la Convención (químicos, competencia, gobierno corporativo de empresas del Estado, pesca, ambiente y gobernanza pública).
También se detalla la forma en que el país deberá reportar el avance en cada una de estas áreas y se establece el compromiso del país de aportar los recursos financieros para respaldar la evaluación de estos informes de progreso.
Por otro lado, con 31 votos a favor y 8 en contra, se aprobó en segundo debate el expediente 22.405 "Ampliación del plazo que autoriza la reducción de jornadas de trabajo en el sector turismo y negocios con aforo limitado ante la declaratoria de emergencia nacional".
La iniciativa dispone una prórroga a la reducción de jornadas por cuatro periodos más de tres meses a los siguientes sectores o tipos de empresa:
- Sector turismo
- Hoteles.
- Empresas de Hospedaje no tradicional.
- Tour operadores receptivos.
- Agencias vendedoras de tour receptivos.
- Agencias vendedoras de viajes o tour emisores.
- Transporte Turístico.
- Rentadoras de Vehículos.
- Empresas de Guías de Turismo.
- Empresas de Aventura.
- Ventas de Artesanía.
- Balnearios.
- Casinos.
- Tiendas dentro de Aeropuertos internacionales.
- Aerolíneas locales o internacionales.
- Transporte Náutico.
- Embarcaciones de Pesca Deportiva.
- Marinas y atracaderos turísticos.
- Bares.
- Restaurantes.
- Actividades artísticas, culturales y de entretenimiento.
- Servicios de transporte público de ruta regular.
Para que la prórroga sea autorizada, el patrono y el Ministerio de Trabajo deberán acordar mecanismos de fiscalización de cumplimiento de regulaciones y realizar una inspección de oficio al centro de trabajo por parte del MTSS.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá ampliar la lista de actividades a otras relacionadas con el sector turístico que mantengan una afectación que requiera la reducción de jornadas de trabajo.
De autorizarse la prórroga queda prohibido al patrono establecer horarios laborales fraccionados a la persona sujeta a la reducción de la jornada; y cuando la reducción de la jornada sea a un porcentaje de personas trabajadoras, no podrá pagar horas extra a personas trabajadoras que mantenga en la empresa, sino que deberá reincorporar a la persona con la jornada reducida que se requiera.
También se le dio segundo debate al expediente 21.673 "Exoneración de pago para dar publicidad en el Diario Oficial La Gaceta a documentos relacionados con expropiaciones para la ejecución de proyectos de obra pública a realizar por parte del MOPT y sus consejos".
La votación fue unánime de los 43 congresistas presentes y dispone la exoneración al MOPT, Conavi y Cetac del pago en las publicaciones requeridas en el diario oficial La Gaceta, para el trámite de expropiación, específicamente en lo que respecta a la declaratoria de interés público, fe de erratas, resoluciones de pago por indemnizaciones y cualquier modificación posterior a la declaratoria de interés público de las siguientes obras:
- Rehabilitación y extensión de la Ruta Nacional número 32, sección cruce Ruta 4- Limón.
- Construcción de la ampliación y rehabilitación del tramo de la carretera Cañas - Limonal, ubicada en la Ruta número 1, Interamericana Norte.
- Mejoramiento y rehabilitación de la Ruta Nacional número 160, sección: Playa Naranjo – Paquera.
- Diseño y construcción para la rehabilitación y el reforzamiento del rompeolas de Puerto Caldera.
- Construcción de los intercambios entre la intersección de las rutas nacionales números 2 y 236 (Taras) y la intersección de las rutas nacionales números 2 y 10 (Cartago), incluyendo el mejoramiento de la Ruta Nacional número 2, sección: Taras – La Lima, en la provincia de Cartago.
- Contratación de la ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional número 1, Carretera Interamericana Norte, sección: Barranca – Limonal y de la Ruta número 17, sección: La Angostura.
- Construcción de la Ruta Nacional número 35, sección Bernardo Soto Sifón (nueva carretera a San Carlos).
- Ampliación y mejoramiento de la Ruta Nacional número 35, sección “Sifón - Abundancia” (nueva carretera a San Carlos).
- Ampliación y mejoramiento del corredor vial “San José - Cartago”.
- Ampliación y mejoramiento del corredor vial “San José - San Ramón”.
- Ampliación del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós.
- Ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
- Ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón.
- Ampliación de los aeródromos de Puerto Jiménez, Bataan, Nicoya, Nosara, Laurel y Pérez Zeledón.
- Mejoramiento y rehabilitación de la Ruta Nacional número 23, sección “Barranca – Caldera”.
- Proyecto de ampliación de la Ruta Nacional número 27.
- Diseño, construcción y supervisión de las obras de ampliación de la Ruta Nacional 147 (radial Lindora) y obras conexas.
- Ruta 39, conocida como circunvalación, en todo su trayecto, incluyendo el arco norte y el paso por Calle Blancos de Goicoechea, así como los trabajos a efectuar en los Hatillos.
- Rehabilitación y construcción de la terminal de cabotaje de Paquera.
- Ampliación del Aeropuerto Tobías Bolaños Palma. Rige a partir de su publicación.
Finalmente, con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.077 que prorroga el plazo de 24 meses dado por la Ley 9242 a las municipalidades con jurisdicción en la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre, para concretar la aprobación de un plan regulador costero vigente y el plazo de 36 meses dado por la Ley 9221 para que las municipalidades que tengan interés en tramitar una declaratoria de zona urbana litoral concreten la tramitación de dicha declaratoria.
El plazo del primero venció el 9 de junio de 2016 y el del segundo venció el 25 de abril de 2017, sin embargo, con este expediente el plazo se aumenta a cuatro años en total.
