La activista Margarita Salas Guzmán renunció este lunes a su puesto como Comisionada Presidencial de Asuntos LGBTIQ+ del Gobierno de la República.
Así lo señaló la ahora exrepresentante sectorial, en un comunicado publicado en sus redes sociales esta mañana, en el que señaló que su salida se debe a la negociación que el Poder Ejecutivo está llevando acabo en estos momentos en la Asamblea Legislativa, respecto a la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, as del Gobierno para que se apruebe el préstamo con el Fondo Monetario Internacional.
En este proceso, los legisladores aprobaron una cláusula que permite a los funcionarios públicos abstenerse a capacitarse en materia de derechos humanos y demás, argumentando objeción de conciencia si el contenido de estas está en contra de sus creencias. Esa cláusula contó con la venia del Ejecutivo y de ahí la renuncia de Salas.
En el comunicado, Salas señaló que:
En el proceso de negociación de la Ley de Empleo Público, la actual Administración negoció nuestros derechos humanos a cambio de votos, permitieron que se introdujera una peligrosa cláusula de objeción de conciencia que permite que cualquier funcionario o funcionaria pública, pueda rechazar una capacitación si considera que esta choca con sus convicciones religiosas, morales o éticas. Esto abre una puerta para vulnerar derechos no solo de la población LGBTIQ+, sino también de las mujeres, de las personas con discapacidad, personas afro y de cualquier población en condiciones de exclusión. Como activista feminista y LGBTIQ+, no puedo continuar trabajando de la mano de una Administración que en lugar de proteger nuestros derechos humanos, los está vulnerando".
El viernes anterior, el presidente Carlos Alvarado Quesada, reconoció a Noticias Repretel que objeción de conciencia se incluyó en la negociación de la Ley de Empleo Público, a cambio de votos de las facciones conservadoras del Congreso.
Según señaló Alvarado, durante una gira a San Ramón, el objetivo es garantizar el avance del texto con 38 votos:
Es correcto, esa es la razón de fondo. Pero bueno, yo también sé que eso (objeción de conciencia) tiene que pasar la consulta de constitucionalidad y es lo que ocurre cuando se gobierna. Si yo tuviera 38 votos, eso no sería un predicamento pero no los tengo y yo necesito proteger a Costa Rica de una crisis económica. (...) Hoy lo que se pone en la balanza es un tema de capacitaciones, versus un proyecto del que depende la estabilidad económica del país. Lo veo coherente con las prioridades que hemos establecido y la prioridad hoy más inminente es proteger al país y una de las piezas fundamentales es el acuerdo con el Fondo y con el proyecto de Empleo Público".
En su carta de renuncia al cargo, Salas agregó que "introducir esa cláusula en la legislación descabeza la única protección con la que contamos para que la capacitación en el sector público sea tanto un derecho como un deber":
Esta no es una amenaza potencial, es una realidad que ya está ocurriendo, como en el caso de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de los actuales procesos de capacitación. La cláusula de objeción de conciencia abre un peligroso portillo a los grupos fundamentalistas y anti-ciencia, cuyos estragos hemos visto en Brasil y en Estados Unidos. En el 2018, cuando Costa Rica le designó como presidente, el país tomó la decisión de que el estado de derecho, las leyes y la constitucionalidad debían prevalecer sobre los discursos religiosos. Me llena de pesar que haya usted elegido abrirle la puerta de par en par a esos discursos anti-ciencia, introduciendo cláusulas de objeción que básicamente plantean que la ley y las creencias personales de cada quien pueden tener el mismo peso. Me llena de tristeza y enojo ver que nuevamente son los derechos de los grupos más vulnerables los que serán utilizados de moneda de cambio para lograr acuerdos en materia económica".
La renuncia al cargo de Salas, que la activista lleva de manera ad honorem desde junio del año anterior, se hará efectiva el próximo viernes 16 de abril.
La salida de Salas es la segunda en este cargo que afronta la Administración Alvarado Quesada, luego de que el excomisionado Luis Salazar Muñoz, dejase el cargo tras el escándalo de la UPAD, en mayo del 2019.