La Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso prevé dictaminar este miércoles el crédito que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó a Costa Rica bajo el modelo de Acuerdo de Servicio Ampliado por $1750 millones, a cambio de un plan de ajuste fiscal que recibió visto bueno en marzo por el directorio de dicha organización.
Este martes el foro legislativo sesionó de forma virtual para que las autoridades del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) defendieran la necesidad de dicho crédito, y evacuar dudas de los legisladores respecto a los términos y condiciones del mismo.
El crédito se tramita bajo el expediente 22.433 y se titula Aprobación del financiamiento con el FMI a través de la facilidad de servicio ampliado del fondo (SAF) para el programa de apoyo para la recuperación post pandemia y la consolidación fiscal.
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, explicó a los legisladores que el proyecto contempla tres componentes: el primero de ellos se refiere a las políticas y metas económicas referidas a reformas fiscales, el segundo al compromiso del país de cumplirlas y someterse a una evaluación semestral y el tercero es el crédito por los 1778 millones de dólares, el cual se hará por desembolsos cada seis meses.
Cubero afirmó que la evaluación semestral por parte del FMI servirá para evaluar los avances del cumplimiento de las metas y de ello dependerá el respectivo desembolso. Costa Rica recibirá un primer desembolso ($296 millones) cuando apruebe el crédito y el resto estará supeditado al avance de la agenda de implementación del acuerdo fiscal que obtuvo el visto bueno del Fondo.
El convenio establece la meta de un superávit primario de un 1% del PIB en el 2023, lo que implica un cambio en el balance primario del gobierno de casi 5%.
Sobre las condiciones financieras destacó que son muy favorables comparadas con las que se podría conseguir en el mercado doméstico y añadió que es fundamental para mejorar la liquidez por parte del gobierno: la tasa anual es de unos 2.51% en dólares, a un plazo de diez años y con cuatro años de gracia.
El presidente del BCCR afirmó que en los primeros cuatro años de implementado el acuerdo con el FMI el país se ahorraría $156 millones, pero que por el contrario, un rechazo o no aprobación a tiempo del mismo implicaría $39 millones más en intereses de la deuda cada año.
Al término de tres años el ajuste fiscal equivaldría a 3.41% del PIB (2,24% por reducción de gastos y 1.17% por generación de nuevos ingresos). La reducción de gastos provendría en 1.3% del PIB por cumplimiento de la regla fiscal y otro 0.95% por ahorro con la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público.
Las autoridades económicas dejaron claro que el Gobierno no tiene un plan B en caso de que los primeros siete proyectos acordados por el FMI para estar aprobados en junio, no reciban los dos debates del Congreso.
Rodrigo Cubero advirtió que si el país incumple sus compromisos, el FMI suspenderá el segundo desembolso del crédito.
Ante ello, la Comisión se fijó este miércoles como fecha para dictaminar el empréstito, sin embargo, la sesión estuvo en peligro luego que el Departamento de Salud de la Asamblea reportara casos positivos de COVID-19 dentro del personal del Departamento de Comisiones, cuyos funcionarios deben realizar trabajo presencial para la realización de sesiones virtuales por parte de los diputados.
Aunque el médico recomendó aislamiento total, suspensión de sesiones virtuales y desinfección de las áreas de trabajo, la Administración del Congreso indicó que hasta que no se giren órdenes sanitarias, las sesiones seguirán en pie.
Breves
— La Comisión de la Mujer dictaminó el expediente 20.822, Ley de fortalecimiento institucional y financiero de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, después de aprobarle un texto sustitutivo que deja consolidado al Patronato Nacional de la Infancia como la entidad encargada de coordinar y presidir la Comisión Consultiva de la Redcudi y la incorporación de la Caja Costarricense de Seguro Social. También fue dictaminado el proyecto 22.158 Ley para establecer el Femicidio Ampliado que incluirá a familiares, miembros de la comunidad, amigos y hasta desconocidos en el tipo penal; y se envió al archivo el proyecto 22.100 Ley vivas nos queremos.
— La Comisión de Gobierno y Administración aprobó un texto sustitutivo y luego dictaminó afirmativamente el expediente 21.496 Ley de Transparencia en los Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia. También se dictaminó el proyecto 22.179 que reforma la ley N° 7531 del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, para darle un nuevo rumbo al fondo de pensiones para fortalecer este sistema. También se aprobó un texto sustitutivo al expediente 22.073 Ley de traslado de recursos para el fortalecimiento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y el proyecto 22.323 Ley de Igualdad para los Trabajadores ante la Seguridad Social fue enviada a consulta a varias entidades, entre ellas, la Caja Costarricense de Seguro Social.
— La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó de manera afirmativa el expediente 22.340, Reforma del artículo 22 de la Ley N° 9691, Ley marco del contrato de factoreo, que establece que las entidades privadas podrán implementar plataformas electrónicas de factoreo pero, en cuando resulte aplicable, deberán cumplir con lo indicado en la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, y su Reglamento.
— La Comisión de Derechos Humanos dictaminó afirmativamente el expediente 22.313 Reforma al artículo 9 del Código Notarial, Ley 7764 del 1 de abril de 1998, con el cual se establece un seguro de responsabilidad civil profesional de abogados notarios inscritos en la Dirección Nacional de Notariado.
