El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el informe de mayoría emitido por la comisión especial que investigó las campañas electorales del 2002, 2006 y 2010 del Partido Acción Ciudadana (PAC), tras un proceso que arrancó en junio del 2019.
Tal y como se preveía, la oposición acogió el informe de mayoría suscrito por seis legisladores en el que se solicita al Consejo de Gobierno destituir a Ottón Solís Fallas como director representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), "por no gozar de las condiciones morales ni éticas para ostentar tan honroso cargo".
Asimismo, al presidente de la República le solicitan destituir a Margarita Bolaños Arquín como garante ética, "por no gozar de las condiciones morales ni éticas para ostentar tan honroso cargo, aun cuando sea ad honórem".
Según los "hechos probados" por la Comisión y acogidos por el Plenario, tanto Solís Fallas como Bolaños Arquín conocieron, aceptaron, promovieron y facilitaron que el mecanismo de engrosamiento de gastos de liquidación de la campaña presidencial del 2010 permitiera estafar al Erario Público al momento de presentar de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
"Ambas figuras además reconocieron expresamente haber conocido del mecanismo refiriéndose a campañas previas a la del 2010, por lo que ha quedado claro que no fue una estrategia cuyo origen es la campaña del 2010. Adicionalmente, el esposo y ex cuñada de la señora Margarita Bolaños Arquín firmaron contratos por servicios especiales", dice el informe aprobado.
Además, solicitaron al Ministerio Público investigar los hechos que se describen en el informe de 235 páginas suscrito por la oposición, que incluye investigar potenciales estafas cometidas por el PAC en 2002 y 2006, bajo el entendido de que -según la tesis de los legisladores- esos delitos no han prescrito, pues ese plazo tratándose del delito de estafa empezó a correr hasta que la sentencia condenatoria contra el partido adquirió firmeza.
Específicamente, el informe pide que se determine si los hechos señalados en el informe del Congreso son constitutivos de delitos perseguibles en vía penal y, de ser así, se sirva dar apertura a los respectivos expedientes, incorporando, si procede, y de manera individualizada la solicitud de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
La mayoría de la comisión concluyó, también, que los contratos por servicios especiales de la campaña presidencial del PAC en 2010 que fueron objeto de una condena por estafa al Estado contienen características similares, idénticas o parecidas a las de los contratos que, bajo honorarios profesionales se emitieron en la campaña de 2006.
"Las variaciones que sufrieron dichos contratos entre una campaña y otra se explican desde la óptica del PAC de pretender evitar una vinculación de dichos contratos con asuntos de índole laboral que pudieran traer como consecuencia el pago de cuotas obrero patronales a la CCSS", agrega.
El informe reprocha, además, que Ottón Solís recomendara al Jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones a ocupar un cargo como Director General de Tributación, cargo para el que la persona recomendada reconoció no ser idónea y además, que dicha recomendación se diera en medio de un proceso de investigación a las finanzas
de su última campaña presidencial.
También le recriminan al fundador del PAC el haber pretendido mediante llamada telefónica incidir en el Presidente de la Comisión Especial Investigadora para obtener una ventaja en cuanto a la fecha de su comparecencia y que familiares de Solís Fallas se vieran beneficiados de los certificados de cesión que emitía el PAC en las campañas presidenciales donde él fue candidato, incluyendo el descuento más intereses.
Asimismo, los diputados pidieron al Ministerio Público valorar la reapertura o un nuevo expediente, en lo que proceda, de la causa 12-000024-033-PE contra el PAC por la estafa del 2010, para que sean incluidos los nuevos actores y hechos descubiertos en la Comisión, los cuales eventualmente pueden constituir en actuaciones delincuenciales, pues se estima pudo haberse tratado de un delito continuado.
También solicitan valorar el inicio de un proceso de investigación sobre los hechos ocurridos durante las campañas de los años 2002, 2006, y 2010, pues es su competencia exclusiva y excluyente sobre el juzgamiento y persecución de los ilícitos contemplados en el Código Penal e, incluso, acerca de los Delitos Electorales previstos en la Ley N.°8765, ya que para la Comisión se ha tenido
por comprobado que la estafa cometida por el PAC se había institucionalizado desde años previos a la campaña presidencial del 2010.
Finalmente, solicitaron a la Fiscalía cumplir con el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida con respecto a la investigación abierta a los firmantes de los 263 “contratos por
servicios especiales” como coautores de los delitos de Falsedad ideológica y Estafa, investigación que se tramita bajo el expediente 19-000084-1218-PE en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
El informe de mayoría recibió 50 votos a favor y 10 en contra, estos últimos todos provenientes del partido oficialista, que optaba por apoyar el informe de minoría de la diputada Catalina Montero Gómez, quien afirmó que el trabajo del foro legislativo fue una pérdida de tiempo, ya que no aportó nada nuevo a lo que investigaron las instancias que investigaron, revisaron, denunciaron y llevaron a juicio, llegando a emitir sentencia solo contra dos personas.
En su informe minoritario la legisladora pedía archivar la investigación realizada por la Comisión, pues no arrojó nuevos hechos ni pruebas de relevancia que involucren, con el grado de plausibilidad necesario, a otras personas del PAC eventualmente responsables por el delito de estafa cometido en 2010, ya condenado por los Tribunales en 2016.
Asimismo, pedía archivar la investigación ya que no aportó nuevos hechos ni pruebas de relevancia sobre la posibilidad de que, en la liquidación presentada por el PAC para los comicios de 2006 y 2002, hubiera podido existir una instrumentalización de los contratos por servicios especiales para configurar una estafa en términos similares a la ya condenada para 2010.
También pedía archivar la investigación ya que el ejercicio de control político fue realizado durante los nueve meses en que la Comisión trabajó y, por otro, las acciones legales pertinentes sobre posible responsabilidad penal, civil, administrativa o de repetición de pagos indebidos, se encuentran ya prescritas.
"Pedir a las instancias competentes que promuevan dichas acciones, incurriendo en gastos innecesarios a sabiendas de su prescripción, sería un desperdicio de recursos, así como un uso abusivo y antisocial del derecho, con intenciones político-partidarias a las que no debe prestarse la institucionalidad costarricense", agregó.
En contraparte, Montero pidió crear una Comisión Investigadora sobre aquellas liquidaciones de gastos electorales de partidos políticos que tienen abiertas causas penales y están siendo investigados por el Ministerio Público o el Tribunal Supremo de Elecciones; y otra que realice un proceso de revisión de la legislación electoral sobre el financiamiento de los partidos políticos, la emisión de certificados de cesión y el posterior reconocimiento de gastos, así como los medios de pago utilizados para sufragarlos; con el fin de proponer iniciativas de ley que atiendan adecuadamente este tipo de problemas ya identificados en muchos partidos políticos nacionales desde la reforma electoral de 2009.
El debate de los informes
Las agrupaciones políticas se distribuyeron el tiempo de la sesión para discutir los informes de la Comisión investigadora.
El diputado Gustavo Viales se refirió al informe de mayoría y recordó que en el 2019 se dieron noticias de prensa sobre la condena por estafa del Partido Acción Ciudadana, además de las declaraciones de Ottón Solís donde se explicó el mecanismo aplicado por el PAC, e insistió en que se debía buscar la manera de que los partidos que son condenados paguen lo que le adeudan al Estado.
La legisladora Karine Niño aseguró que se discutía la estafa probada más grande de la historia de los partidos políticos, mientras que el jefe de fracción de Liberación, Luis Fernando Chacón dijo que si el PAC fuera una persona física debería estar en la cárcel o al menos con una tobillera electrónica.
La diputada Laura Guido aseguró que el PAC nunca ha rehuido presentarse ante las autoridades competentes y siempre contaron con la ayuda de la agrupación y se han aceptado las sentencias. Asimismo, Víctor Morales Mora dijo que era importante el valor de la verdad en el debate político y que la mentira, como herramienta política, amenaza con destruir democracias.
La congresista Carmen Chan indicó que el informe pone de nuevo en la vida política la “inmoral” estafa que realizó el PAC y recordó que lo adeudado asciende ya a $1 millón de dólares, mientras que Jonathan Prendas expresó que el PAC ha insistido en que ellos son los garantes de la ética, pero realizaron un fraude a la institucionalidad del país.
El PAC no debería participar en elecciones hasta que pague.
El legislador Erick Rodríguez comentó que la peor estafa del PAC, fue la estafa electoral con el tema de la ética y que ahora es esclavo de sus palabras. Asimismo, dijo que el problema no solo era el PAC, sino el "tripartidismo", al recordar que figuras del PLN y PUSC ayudaron a integrar el gobierno de Carlos Alvarado.
Mientras tanto, el diputado Dragos Dolanescu recordó que la Comisión se formó por las declaraciones de Ottón Solís donde dijo que si eran condenados el partido debía cerrarse; además de sostener que la estafa no pudo haber sido fraguada solo por dos personas. Ivonne Acuña afirmó que Ottón Solís explicó la forma en la que el partido extraería fondos públicos, y el diputado Pedro Muñoz aseguró que el PAC es el partido más corrupto de la historia costarricense.
El jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez aseguró que el informe de la Comisión Investigadora fue reservado para conocerse en año electoral; que el trabajo de la comisión fue meramente electorero y que el foro investigador fue incapaz de demostrar nada nuevo, por lo que fracasó en señalar más delitos.
Comisión investigadora sobre el Narco en la Zona Sur, instalada con polémica
El presidente legislativo, Eduardo Cruickshank Smith, instaló este lunes la comisión especial que se encargará de investigar la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en partidos políticos, municipalidades y territorios de la Zona Sur, creada tras la polémica que rodea al diputado del PLN, Gustavo Viales Villegas.
La instalación de dicha comisión estuvo marcada por la polémica, pues la comisión no acogió el deseo de Luis Ramón Carranza de presidir el foro, a pesar de ser él quien presentó la moción para crear la comisión. En su lugar, el PLN postuló a la diputada independiente Zoila Volio Pacheco y ella postuló al verdiblanco Jorge Luis Fonseca para ser su secretario.
Carranza afirmó durante la instalación que el PLN estaría investigándose a sí mismo y en sus redes sociales afirmó que: "De verdad la Fracción del partido Liberación no tiene capacidad de asombro. Viales los representa...".
El oficialista objetaba la designación de Volio al recordar que la legisladora reaccionó de forma negativa cuando él planteó investigar el caso de Viales; además que ella abiertamente ha dado su apoyo al precandidato presidencial Carlos Ricardo Benavides.
Volio afirmó sentirse honrada por su designación, que afirmar tener ligamen con el PLN era como decir que ella era PACLover por apoyar la Ley Marco de Empleo Público y dijo que los ataques de Carranza eran muy bajos y que a ella nadie le decía qué hacer.
Reducción de jornadas sin conocerse por falta de quorum
La ausencia de 20 diputados impidió realizar la sesión extraordinaria del Plenario Legislativo en la que estaba programada el conocimiento del proyecto de ley para ampliar el plazo de reducción de jornadas de trabajo en el sector turismo, ante la emergencia nacional por COVID-19.
Pasados los 15 minutos habilitados para integrar un quorum no inferior a los 38 congresistas, solo 37 estaban presentes en el salón de sesiones. Debido a ello, el Directorio pasó lista de asistentes y presentes y señaló que no podía realizarse la sesión de la mañana.
El expediente 22.405 que amplía la reducción de jornadas laborales en el sector turismo está dictaminado desde el 16 de marzo; el Poder Ejecutivo no lo había convocado por enfocar a los diputados al trámite de la Ley Marco de Empleo Público, sin embargo, tras la presión de varios congresistas y cámaras empresariales finalmente lo incluyó.
La semana pasada cuando el Congreso habilitó nuevas sesiones extraordinarias dispuso que para la mañana de este lunes se conocería ese proyecto de ley, sin embargo, no fue posible.
En total se ausentaron seis diputados del Partido Liberación Nacional; cinco del Partido Unidad Social Cristiana; cuatro diputados del Partido Acción Ciudadana, tres diputados independientes y dos diputados del Partido Restauración Nacional.
El sector turismo ha señalado que se avecina una nueva ola de despidos si esa iniciativa de ley no es aprobada.
El proyecto establece que únicamente para el sector turismo, en el marco de la emergencia nacional declarada mediante el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S y en tanto se mantengan los efectos del suceso provocador (la pandemia de COVID-19) y así lo acredite la persona empleadora ante la Inspección de Trabajo, la reducción de la jornada podrá prorrogarse por cuatro períodos iguales, bajo previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solo podrá autorizar la nueva prórroga indicada cuando: se cumplan los requisitos establecidos en la ley; la persona empleadora no haya abusado de los mecanismos establecidos en la ley o incurrido en incumplimiento de la legislación laboral; la persona empleadora haya sostenido el empleo de las personas sujetas a reducción de jornada, a quienes se pretenda ampliar el plazo de reducción; se demuestre que las condiciones actuales siguen afectando a la empresa; y cuando se trate de las siguientes empresas:
1- Hoteles.
2- Empresas de Hospedaje no tradicional.
3- Tour operadores receptivos.
4- Agencias vendedoras de tour receptivos.
5- Agencias vendedoras de viajes o tour emisores.
6- Transporte Turístico.
7- Rentadoras de Vehículos.
8- Empresas de Guías de Turismo.
9- Empresas de Aventura.
10- Ventas de Artesanía.
11- Balnearios.
12- Casinos.
13- Tiendas dentro de Aeropuertos internacionales.
14- Aerolíneas locales o internacionales.
15- Transporte Náutico.
16- Embarcaciones de Pesca Deportiva.
17- Marinas y atracaderos turísticos
18- Bares
19- Restaurantes.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá, de manera razonada y fundamentada, ampliar la lista de actividades señalada en la norma a otras actividades relacionadas con el sector turístico, que mantengan una afectación que requiera la reducción de jornadas de trabajo.
De autorizarse la prórroga queda prohibida a la persona empleadora establecer horarios laborales fraccionados a la persona sujeta a la reducción de la jornada; y cuando la reducción de la jornada sea a un porcentaje de personas trabajadoras, no podrá pagar horas extra a personas trabajadoras que mantenga en la empresa, sino que deberá reincorporar a la persona con la jornada reducida que se requiera.











