El Plenario de la Asamblea Legislativa realizó este lunes la primera sesión maratónica para tramitar las 352 mociones de reiteración que fueron presentadas al proyecto de Ley Marco de Empleo, dejando como resultado un texto sin mayores modificaciones, hasta ahora.
De hecho, de las 55 mociones conocidas por los diputados 50 fueron rechazadas, cuatro fueron retiradas y solo una fue aprobada: la número 340, que incorpora un párrafo final al artículo 17 relacionado con la oferta de empleo público en las universidades, de modo que esas instituciones publiquen conjuntamente las necesidades de talento humano requeridas por el Plan Nacional de la Educación Superior Estatal (PLANES), de conformidad con los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política.
De previo a entrar a conocer las mociones, el Plenario discutió y votó las apelaciones que fueron presentadas contra la resolución de la Presidencia sobre la admisibilidad de las mociones de reiteración y la agrupación de varias de ellas por ser iguales, conexas o razonablemente equivalentes.
Aunque se presentaron tres apelaciones, Cruickshank solo dio 10 minutos de tiempo para defenderlas y luego sometió a votación la primera: la presentada por Wálter Muñoz del PIN, la cual fue rechazada con 8 votos a favor, 34 en contra y 15 ausencias.
El presidente legislativo empezó entonces a conocer las mociones, sin embargo, la diputada Paola Vega le señaló que no se habían votado las dos apelaciones restantes. Cruickshank respondió que habiéndose rechazada la primera, las demás también quedaban automáticamente rechazadas. Cabe señalar que esta interpretación no está señalada dentro del artículo 156 del Reglamento, que regula lo relativo a las apelaciones.
Las primeras mociones en rechazarse fueron la 1, la 203 y la 254, las cuales pretendían permitir a las universidades públicas emitir las disposiciones propias de su régimen de empleo pública. Las votaciones quedaron 8 a favor versus 34 en contra, 8 vs. 39 y 7 vs. 40, respectivamente.
Siguieron dos grupos de mociones para excluir a las universidades de la aplicación de esta ley, todas rechazas: la 2 (9 vs. 40), 170 (8 vs. 41), 171 (6 vs. 40), 172 (6 vs. 41), 173 (5 vs. 44) y la 174 (5 vs. 42); la 13 y 138 (7 vs. 41), 154 (7 vs. 40), 179 (8 vs. 40), 180 (8 vs. 39), 181 (7 vs. 40), 246 (6 vs. 41), 247 (7 vs. 39), 248 (6 vs. 40) y la 349 (6 vs. 42).
También se rechazaron las mociones para que el empleo de las universidades se rija por sus estatutos orgánicos: la 3 (7 vs. 39), 8 (7 vs. 39), 87 (8 vs. 37) y la 260 (8 vs. 38)
Del grupo de mociones que pretendían permitir a las universidades publicar sus propias necesidades de talento humano se rechazaron la 4 (8 vs. 40), la 217 (10 vs. 40) y la 257 (12 vs. 37), siendo aprobada la 340 que detallamos más arriba (40 vs. 11).
El grupo de mociones para que la familia de docentes y académicos de la Ley de Empleo Público quede regida bajo los principios que dictan los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política fue rechazada en votaciones 9 vs. 37 (moción 5), 8 vs. 38 (moción 186) y 9 vs. 37 (moción 256).
Misma suerte corrió el grupo de mociones para que las universidades públicas emitan su planificación conforme a lo establecido en el PLANES: la moción 6 fue rechazada en votación 9 vs. 39, la 185 en votación 8 vs. 37, la 255 en voto 7 vs. 36 y la moción 339 en votación 15 vs. 32.
La intención de excluir a las universidades del trato diferenciado de continuidad laboral de la mención que se hace en el artículo 5, inciso b) del proyecto fue rechazada en votación 9 vs. 35 (moción 7). Las mociones 182, 183 y 249 con el mismo propósito fueron retiradas por Paola Vega y Welmer Ramos.
Luego, las mociones para que las instituciones de educación superior desarrollen sus propios planes, programas y actividades en esta materia brindando colaboración al CECADES y IDPUGS fue rechazada. La moción 9 quedó 9 a favor y 35 en contra; la 190 resultó en 8 a favor y 36 en contra; y la moción 264 quedó 8 a favor y 40 en contra.
Luego la intención de adicionar que en los procesos de capacitación a las universidades estatales no se atenderán los que sean impuestos por un órgano de carácter político obtuvo también resultado negativo: la moción 10 fue rechazada con 9 votos a favor y 40 en contra; la 189 quedó 8 a favor y 42 en contra y la moción 263 quedó con 8 a favor y 41 en contra.
La moción 11 del diputado Dragos Dolanescu para excluir al Poder Judicial de la aplicación de la Ley quedó rechazada con 6 votos a favor y 44 en contra. Lo mismo ocurrió con la intención de señalar que las instituciones de educación superior emitirán sus disposiciones en cuanto a la evaluación de desempeño de su personal, siendo que la moción 12 resultó en 15 a favor y 35 en contra; la 191 quedó 11 a favor y 38 en contra; y la 267 resultó en 9 a favor y 42 en contra.
Por otro lado, las mociones para que en el nombramiento y periodo de prueba de la alta dirección pública se excluyan las plazas sujetas a alguna restricción legal o constitucional fueron rechazas: la 14 en votación 7 vs. 40; la 220 en voto 9 vs. 40 y la 261 en votación 9 vs. 37.
Finalmente, se rechazaron las mociones 15, 188 y 262 que pretendían permitir a las universidades emitir su normativa en lo que respecta a regular los despidos, pues las votaciones fueron de 9 vs. 37; 10 vs. 40 y 9 vs. 40 respectivamente. La moción 297 en igual sentido fue retirada.
Cabe resaltar que, en este caso, el rechazo fue porque el texto actual ya incluye el señalamiento de que las instituciones de educación superior universitaria estatal emitirán normativa interna que regule esa materia de conformidad con los artículos 84, 85 y 87 y el principio de debido proceso contenidos en la Constitución Política; y que en caso de que no exista normativa institucional al respecto, aplicará supletoriamente la Ley General de la Administración Pública, las normas de derecho público, los principios generales del derecho público, el Código de Trabajo y el Código Procesal Civil.
El Plenario volverá a sesionar este martes a las 9 am para tramitar las 297 mociones pendientes y se espera un avance mayor que el registrado este lunes, dado que no se prevé que se consuma tiempo para minutos de silencio (este lunes se realizaron dos por los fallecimientos de Bernal Jiménez Monge, Leonardo Chacón Porras y Francisco de Paula Gutiérrez ocurridos durante el fin de semana).
La primera moción que deberá conocerse este martes es la #16, la cual el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) advirtieron que les preocupa su aprobación por la eventual afectación directa que les significaría, ya que la proposición busca modificar la exclusión de las empresas e instituciones públicas en competencia.
Esa exclusión había sido acordada por la Comisión de Gobierno y Administración que discutió el proyecto y según esas empresas, se sustenta en las siguientes razones:
- Por la naturaleza de su actividad económica, el régimen de empleo de las empresas públicas e instituciones en competencia se rige primordialmente por las reglas del derecho privado, en el cual no tienen cabida la aplicación de los principios del proyecto de ley.
- La inclusión en el proyecto de ley dificultaría que puedan cumplir con las mejores prácticas de los sectores y mercados en los que compiten.
- La inclusión provocaría una discriminación indebida entre estas empresas y sus competidores privados, lo que iría en contra de recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
- El BNCR, el BCR, el INS y el ICE no están adscritas al principio de caja única del Estado, por lo que no se consideran dentro de los índices de gasto en materia de empleo del Gobierno de la República. Además, actualmente están sometidas a los límites referidos a remuneraciones establecidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La protesta de Nidia Céspedes
La diputada Nidia Céspedes Cisneros pasó todo el día de pie y descalza en el centro del Plenario a modo de protesta, según ella, por el proyecto de iniciativa popular para legalizar el aborto libre en Costa Rica; por la impunidad en los asesinatos del líder indígena bribri, Sergio Rojas Ortiz y del líder indígena Brörán de Térraba, Jerhy Rivera Rivera; y a favor del expediente 22.309 denominado Ley para proteger a las personas ocupantes de las zonas clasificadas como especiales.
Ningún diputado hizo mención a la protesta de Céspedes durante la sesión y durante las votaciones ella votó desde el podio que está colocado al frente de la mesa del directorio y que está destinado para oratorias de ministros, el presidente de la República, el presidente del Congreso o alguna otra persona que los diputados manden a convocar para hablar en el Plenario.
Al concluir la sesión a las 6 pm y con nueve horas de protesta continua, la legisladora anunció que se mantendrá toda la noche en el Congreso a modo de vigilia por esas tres causas.
Prendas faltó al deber de probidad
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) entregó al Directorio de la Asamblea Legislativa el informe de su investigación contra el diputado independiente Jonathan Prendas Rodríguez, por un viaje que realizó a Barcelona en 2019 y que fue financiado por un empresario privado.
Prendas había participado del evento llamado Mobile World Congress 2019 que se llevó del 25 al 28 de febrero del 2019 en Barcelona, recibiendo el financiamiento para sus tiquetes aéreos y cuota de participación en el evento por parte de la empresa EGlobal Systems – Visión de Dersarrollo Urbano, cuyo gerente general es Marcos Elías Mora, según reconoció públicamente el mismo Prendas en una entrevista posterior al evento. Durante su participación en el evento el diputado continuó recibiendo las dietas que le correspondían como congresista.
El informe de la PEP (del cual Delfino.cr tiene copia) señala que “es evidente entonces, que el imputado [Jonathan Prendas Rodríguez] actuó guiado por sus intereses personales, obedeciendo únicamente su propia agenda, colocando de forma irresponsable y reprochable a la Asamblea Legislativa en oscuridad total respecto de las gestiones que efectuaba en su nombre y representación en el foro internacional indicado”.
Además, el informe de la PEP añade que “es patente que actuó el servidor en contraposición al régimen de prohibiciones establecido a los funcionarios públicos respecto a la recepción de dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas y otras consideraciones sociales”.
La PEP solicitó al Directorio de la Asamblea Legislativa que se proceda con la investigación y eventuales sanciones al diputado, para lo cual se trasladó el expediente completo, con carácter confidencial, a los 57 diputados, para que sea el Plenario quien decida como proceder con este tema.
