La lucha contra el acoso y el abuso sexual callejero ha sido de larga data en Costa Rica. Recientes esfuerzos a nivel de legislación dan cuenta del progreso en la materia, pero el tramo pendiente sigue siendo empinado, especialmente cuando se trata de rendición de cuentas. El tedioso procedimiento legal, de entrada, tiende a desmotivar a las víctimas, que por razones obvias prefieren dejar el episodio atrás cuanto antes.
Diana Sánchez Romero, vecina de Alajuela, se propuso ser una excepción y decidió además llevar su caso a luz pública para motivar a otras víctimas a continuar con el proceso hasta las últimas instancias. En conversación con Delfino.CR, nos explicó:
Lo que queremos con esto es crear un poquito de bulla para que las personas conozcan este caso y podamos incentivar a más chicas, que ojalá que no les pase, pero que si les pasa sepan qué es lo que tienen que hacer".
Su meta, según nos explicó, es demostrar que estos casos sí pueden ver la luz de la justicia al final del túnel de impotencia que sienten las víctimas de una situación de este tipo. Incluso cuando el propio sistema facilita pensar lo contrario.
Diana sufrió cuatro tocamientos entre el 2017 y 2018 mientras circulaba en bicicleta por las calles de Alajuela. Hoy, con su proceso judicializado y el sospechoso en prisión preventiva a la espera de juicio, relata su experiencia a fin de que cada vez exista más consciencia en torno a la necesidad de erradicar este tipo de comportamientos de las calles.
Los hechos
Sánchez relata que un día de 2017, mientras andaba en bicicleta, sintió que una moto se le paraba a la par. Escuchó al conductor apagar el vehículo un par de metros antes y luego lo escuchó acercar la motocicleta a pie hasta situársele a la par, para finalmente agredirla. Tras lo anterior, el tipo prendió la moto y se fue. El acto se repitió cuatro veces en el periodo que les señalamos.
Diana nos comentó que su primera reacción fue la de tantas otras víctimas de episodios similares: impotencia. Agredida por un hombre al que ni siquiera le pudo ver el rostro imaginó que sería muy difícil poder exigir justicia. Frustrada, compartió su malestar en redes sociales sin saber que ese sería el primer paso para la apertura del debido proceso.
Según nos relató:
En medio de la frustración, yo posteé en redes sociales lo que me había pasado. En mi segunda intervención al respecto puse la placa y cuando meses después me pasa de nuevo y lo vuelvo a postear, me hacen ver que es la misma placa. Ahí fue mucho más frustrante todavía y donde dije 'tengo que hacer algo', ya son demasiadas veces. Es ahí donde don Javier empezó a acompañarme".
Javier Chaverri Ross es el abogado que ha acompañado a Sánchez durante todo este proceso. Él también estuvo presente en la conversación que sostuvimos y nos relató cómo fue que decidió motivar a la víctima a llevar más allá este caso:
A Diana yo la había conocido hace muchos años y en redes sociales ella hizo un comentario que entendí como algo sumamente preocupante, pues me puse a pensar en todas las personas que están frente a una situación como esta que incluso puede agravarse. El caso me llamó mucho la atención, hablé con Diana y conversamos sobre hacer la quijotada de que, con poca evidencia en aquel momento, intentáramos construir un caso de forma que nos hiciera llegar a la persona ofensora".
Esa "quijotada" fue precisamente el reto de conseguir la prueba suficiente para increpar al agresor, a pesar de las dificultades evidentes del proceso, pues Chaverri señala que un caso como este se puede complicar en segundos: al andar en bicicleta, el chasis es el conductor y por eso, además de la agresión, el susto que genera este tipo de hechos puede desencadenar en un evento mayor como un atropello o una caída fuerte que ponga en mayor riesgo físico a las víctimas.
Además, y tras averiguar un poco más y hacer públicos los casos, el grupo descubrió que no estaban frente a un hecho aislado, sino que hay muchas agresiones más que ya suman 9 casos judicializados contra el mismo sujeto, 7 en la provincia de Alajuela y uno en la de Heredia.
Proceso judicial
El Código Penal costarricense, en su artículo 162, tipifica penalmente a los abusos sexuales contra personas mayores de edad. Este artículo señala que en los casos donde el autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida o esta se encuentre incapacitada para resistir o se utilice violencia corporal o intimidación (como en estos), esos abusos serán sancionados con penas que varían de tres a seis años.
Sin embargo y según relatan Sánchez y Chaverri, el camino para que esa disposición legal se cumpla es una cuesta arriba que tuvo que llegar hasta el Tribunal de Apelación para que la Fiscalía empezara a moverse.
Al recordar el inicio del proceso, después del cuarto agravio y de detectar que se trataba de la misma persona, Sánchez señala que:
En las indagatorias te meten en un cuartito con varios grupos de personas y ahí te preguntan una y otra vez qué fue lo que pasó, con personas oyendo y en circunstancias que distan de ser ideales. La persona que apunta lo que vas a decir no tiene empatía y utiliza muchísimos conceptos legales que uno no entiende. La experiencia fue sumamente fea, me sentí muy vulnerable y salí de ahí y dije '¿qué vine a hacer acá?'. Nosotros no hubiésemos llegado a nada si alguien no me hubiese ayudado porque después de la primer experiencia que tuve en la Fiscalía, ahí yo hubiese quedado".
Al inicio el caso fue desestimado, no una, sino tres veces por la Fiscalía. Esta situación, según Chaverri, se debió más a la propia desidia de las autoridades judiciales que a cualquier otra cosa:
La Fiscalía a través del OIJ no realizó un solo acto de investigación en ese primer periodo. Si yo denuncio un delito y nadie investiga, a los seis meses desestiman por falta de pruebas, por eso tuvimos que escalar el caso al Tribunal de Apelaciones y es ahí donde uno se pregunta ¿para qué están ellos?".
Además, el abogado reforzó las denuncias sobre malos manejos por parte de las autoridades en el proceso de recolección de la prueba:
Yo acompañé a una de las víctimas a una indagatoria y le dijeron que ella 'para qué viene a la Fiscalía si no tiene ningún caso, si no ha visto a la persona, no puede reconocerla, solo dice que alguien la tocó en una moto... eso es hacernos perder el tiempo', prácticamente así la trataron", agregó Chaverri.
A mediados del mes de octubre del 2020, y según consta en una nota publicada por el medio CRHoy el Tribunal de Apelación de Sentencia de Alajuela ordenó a la Fiscalía Adjunta de esa provincia, devolver a etapa de investigación el expediente que contiene las denuncias de las mujeres agraviadas.
En la audiencia el juez -unipersonal- Miguel Fernández Calvo, señaló que para el caso de la denuncia de Diana Sánchez sí existían los elementos jurídicos suficientes para que la investigación pudiese haber avanzado, pero que fue el mismo Ministerio Público el que no llevó acabo la investigación debida para que luego el Juzgado Penal de Alajuela desestimase el caso.
En la audiencia el juez Fernández Calvo señaló que:
Me choca mucho que venga un defensor y diga que el Ministerio Público no está haciendo nada pero ¿qué le puedo decir al señor representante de la parte ofendida? Nada. Más bien aquí lo que tiene que hacer el tribunal es disculparse por la labor que ha hecho el Ministerio Público que es ninguna. Hay una inacción absoluta del Ministerio Público y esto no tiene justificación. Claro, si a mí me presentan una denuncia y dos años después se lo presento a la señora jueza y digo que dos años después no hay nada que investigar porque solo hay una denuncia, yo como juez reviso y obviamente se dicta una desestimación porque ni hay ningún acto de investigación, no hay nada más que hacer. No, aquí tienen que realizarse actos de investigación porque hay siete personas que están sufriendo lo mismo. Si esto lo tratamos con el desdén que lo ha tratado el Ministerio Público y se muere un año el expediente y a nadie le interesa qué es lo que pasa, se tiende a desestimar y a sobreseer, sin realizar ni un solo acto de investigación".
Meses después y conversando al respecto, el abogado Javier Chaverri describió qué fue lo que pasó luego de la regañada del Tribunal de Apelación y de la reapertura del caso:
Tres meses después ya tenían al tipo 'que no se podía ubicar en ningún lado' que ya había aparecido y que de hecho ya lo habían pasado a prisión preventiva".
Tuvieron que pasar cuatro casos idénticos, con la misma persona y contra Diana, para que las autoridades nos pusieran un poquito de atención porque la indiferencia con la que nos trató el Poder Judicial fue impresionante. Más allá de que hay tipos torcidos porque esos los ha habido siempre, el tema es que tenemos un sistema que les da la espalda a las mujeres que denuncian ya que sumado a que ya han sido víctimas, llegan a exponerse a la revictimización y a la inoperancia ante la Fiscalía", agregó el abogado.
El caso que comenzó "con nada"
Tanto Chaverri como el abogado Marco Jiménez, quien también trabaja en los casos aludidos, relataron cuáles fueron los elementos a partir de los que se ampararon para avanzar con esta "quijotada".
Primero, destacan que como no se quedó en una sola agresión sino que se fueron sumando, esto permitió que se pudieran ir recabando hechos probatorios separados que lograron que, a pesar de no tener fotos o testigos presenciales de las agresiones, se pudiese probar que el sujeto estuvo cerca de todos los casos denunciados.
El sujeto fue sumamente difícil de encontrar, los familiares lo negaban. Fue un caso realmente interesante porque comenzamos con nada, por eso lo importante de esto es que se puede no tener nada y llegar a algo. Lo importante es que la persona no quiera dejar que esto llegue a más", sostuvo Chaverri.
Entre las pruebas en las que se basaron destaca la solicitud de las radiobases celulares del imputado, es decir, del análisis de las activaciones del teléfono móvil que portaba el sospechoso, para determinar que el sujeto efectivamente se encontraba en lugares cercanos a la hora en la que todas las víctimas señalaban haber sido agredidas.
Así pudimos ubicar a la persona en el lugar de cada uno de los hechos. Además, y por imprudencia del conductor, logramos determinar que le habían hecho un parte pocos minutos después de que sucediera uno de los ataques. El sujeto atacó a la muchacha y seguro le metió más velocidad de la cuenta a la moto y un policía lo paró. Así logramos determinar que el sujeto había estado pocos minutos después de un ataque en una distancia apta para haber generado ese ataque", agregó Chaverri.
Por otro lado, el hombre tenía todos los marchamos de la moto al día, lo cual daba a suponer de forma indirecta que era él quien la manejaba; y en uno de los casos, una de las víctimas logró establecer que habían cámaras en la zona y pidió los videos donde se observaba el momento de la agresión.
Eso fue sumamente importante, agilizó el proceso y sobre todo, como ya había salido en la prensa y como ya veníamos de que el asunto lo devolvieran del Tribunal de Apelaciones, inmediatamente se pusieron a trabajar. Ahora ¿qué hubiera pasado si hubieran trabajado desde el inicio?. Esto no es poca cosa, esto es algo grave", sentenció Chaverri.
"Las denuncias son una forma de conscientizar que esto está sucediendo"
El arresto del sospechoso se culminó, finalmente, en el mes de noviembre pasado, es decir poco más de un mes después de la audiencia con el Tribunal de Apelaciones.
Meses después y con el sospechoso ya detenido, el mensaje de Sánchez Romero a las mujeres que pasen por una situación de este tipo es un claro llamado a que denuncien:
Hay chicas que no quieren empezar el proceso porque es largo y tedioso y lo que uno cree, antes de ver los resultados que estamos viendo, es que nada pasa entonces ¿para qué? Pero justo don Javier me impulsó a lo contrario, a hacer el cambio. Yo tuve el apoyo que me ayudó a hacer el salto de redes sociales, el primer espacio al que uno va, a denunciar en un juzgado es lo que hace la diferencia".
Al respecto Marco Jiménez agregó que:
Esas denuncias son una forma de concientizar al sistema de que algo está sucediendo y de que efectivamente, le corresponde a las autoridades judiciales hacer el ejercicio del monopolio de acción penal que tienen de una forma concienzuda para conseguir los elementos de prueba que determinen la culpabilidad o no de una persona".
¿Qué recomendaciones dan las partes de este proceso para los casos de este tipo? Pues la primera es que quien sea víctima de una situación similar llame al 9-1-1 para denunciar lo sucedido y acuda ante una autoridad policial a fin de que en un eventual juicio se pueda acreditar que los hechos se dieron en la hora, fecha y lugar indicados.
Además, recomiendan identificar elementos individualizadores del sospechoso como rasgos físicos, para que se le pueda reconocer ante un juez. También se deben identificar los del vehículo si es que este se encuentra en alguno; entre estos destacan la placa, el color del automóvil y si este tiene algún golpe o modificación visible.
También se pide que se busquen cámaras aledañas para que estas se agreguen en un eventual proceso judicial.
La idea es crear un poquitito de consciencia para que más chicas se empoderen si es que les pasa esto y juntas hagamos una diferencia", concluyó Sánchez.
