La Contraloría General de la República respondió la consulta de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa que tiene bajo su conocimiento el proyecto para la creación de un parque de diversiones en el Caribe (expediente 22.264), señalando múltiples aspectos negativos en el proyecto.

El proyecto fue presentado por el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank Smith, en octubre del año pasado y propone utilizar el canon que paga APM Terminals a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) para financiar la obra.

El oficio de la Contraloría destaca que el proyecto no cuenta con los estudios técnicos que determinen la viabilidad técnica, presupuestaria, financiera, económica y el impacto social del proyecto, y añadió que el aval estatal, presupone un análisis sobre la capacidad fiscal del Estado ya que la inversión podría terminar siendo un pasivo para el Estado, generando a su vez mayor presión fiscal a las, ya de por sí, precarias condiciones de las finanzas públicas.

Adicionalmente, la Contraloría señaló que el proyecto propone utilizar el canon de fiscalización que paga la empresa ATM Terminals, sin embargo, el oficio le recuerda a la Asamblea Legislativa que este canon no puede utilizarse con otros fines distintos al establecido, por lo que la propuesta es contraría a la normativa e incluso podría afectar el sistema de control de la concesión.

Dato D+: Según el Contrato de concesión el canon de fiscalización solo puede ser utilizado para sufragar gastos derivados de las funciones de control, fiscalización, supervisión e inspección de la ejecución de dicho contrato, así como para la atención de requerimientos en materia de resolución alternativa de disputas y otros asuntos de similar naturaleza relacionados directamente con el contrato de concesión.

Por otro lado, sobre el uso del canon de explotación, la Contraloría señaló que los proyectos que sean propuestos deben ser congruentes con todas las disposiciones establecidas para Japdeva y el contrato de concesión, por lo que la Contraloría considera que no debe ser mediante una ley que se incluyan proyectos concretos a ser financiados con esos recursos.

La Contraloría señaló que lo apropiado sería que “mediante mecanismos de participación ciudadana y la definición de parámetros técnicos, se presenten propuestas de proyectos a JAPDEVA, para ser evaluadas de forma técnica, financiera, económica, ambiental y comparativa con otros proyectos, en cuanto a su viabilidad y factibilidad”.

Dato D+: El canon de explotación es el 5% de los ingresos brutos de APM Terminals por la operación de la Terminal de contenedores, estos recursos solo pueden ser utilizados en el financiamiento de proyectos de desarrollo para la región. A inicios de este año JAPDEVA puso en pausa el plan de crear un fideicomiso para la administración de ese canon.

Adicionalmente, la Contraloría señaló que si bien la versión actual del texto ya no crea una asociación que maneje el parque, señaló que se debe valorar el impacto institucional que tendría la creación del parque temático dentro de la estructura de Japdeva, ya que esto no forma parte de las competencias propias y originarias de la institución.

Por último, la Contraloría recordó que si bien el proyecto concede una autorización a Japdeva para que realice los contratos de asociación empresarial con empresas nacionales o extranjeras (públicas o privadas) para el desarrollo y explotación del parque temático, esta autorización no eximiría a Japdeva de tener que cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.