Tras un tortuoso proceso de corrección de defectos que se fueron encontrando después de que el Poder Ejecutivo vetara la redacción inicial, el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate, por segunda vez, la histórica reforma a la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, tramitada en el expediente 20.715.
La iniciativa recibió 41 votos a favor y 0 en contra en esta votación final, posterior a la cual el Poder Ejecutivo está en la obligación de sancionarla como Ley de la República, dado que el Congreso acogió las objeciones planteadas por el Presidente de la República y el Ministro de Salud en su veto parcial.
¿Qué cambios trae la Ley?
En primer término se establece que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) deberá incluir en todo documento de identificación que emita el asentimiento o la negativa expresa de una persona para donar órganos y tejidos, por lo que no se extrañe si en el futuro cuando vaya a renovar o sacar cédula le pregunten si desea ser donador de tejidos u órganos.
La misma obligación la tendrá la Dirección General de Migración y Extranjería a la hora de emitir cualquier documento de identidad que esté dentro de su competencia.
En el caso de los documentos de identificación de los menores de edad, el consentimiento para convertirse en donante podrá ser externado por quien ejerza la responsabilidad parental.
La información de si una persona externó ser o no donante de órganos o tejidos estará disponible en la base de datos del Registro Civil, para que sea accesada por los centros médicos encargados de remover y captar órganos y tejidos.
Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deberá realizar la inclusión en su sistema de expediente digital de la aceptación o negativa del paciente para convertirse en donante de órganos y tejidos. Esa manifestación deberá ser actualizada en cada ocasión que se atienda al paciente en uno de sus centros médicos.
El TSE, la CCSS y Migración y Extranjería tendrán un plazo de 60 meses para desarrollar lo necesario para que conste el asentimiento o negativa expresa de las personas para donar órganos o tejidos.
Consentimiento presunto
Una medida novedosa (al menos a nivel país) que se introduce con este proyecto es el denominado consentimiento presunto. El mismo solo aplicará para tejidos y dispone que en caso de ausencia de información en las bases de datos, o de no portar documento de identificación correspondiente, la extracción de tejidos a una persona fallecida podrá realizarse, siempre y cuando dicha persona no haya dejado constancia expresa de su oposición.
Para expresar oposición a que los tejidos sean extraídos en caso de fallecimiento el Ministerio de Salud facilitará el mecanismo legal para que las personas puedan manifestar en vida, por escrito, su negativa a donar. Este procedimiento se deberá comunicar por escrito a la persona que realiza la tramitología para retirar el cuerpo, de previo a su iniciación. Una vez finalizado, el centro de salud deberá entregar un informe a los parientes o las personas que se apersonen, en el que se dé un detalle de los tejidos que fueron extraídos.
En caso de que en el expediente del fallecido o en sus documentos o pertenencias personales no se encontrara evidencia de su anuencia en vida de donar sus órganos, se procederá a facilitar a la persona que realiza la tramitología para retirar el cuerpo la información necesaria acerca de la naturaleza e importancia de este procedimiento, a fin de que sean ellos quienes den su consentimiento informado escrito.
Drama, drama everywhere
El futuro de la Ley Marco de Empleo Público no pinta nada bien. Conforme la Comisión de Gobierno y Administración avanza en el trámite de las mociones los diputados se van percatando de problemas de redacción que a estas alturas del trámite legislativo solo podrían corregirse abriendo el espacio de presentación de mociones en el Plenario, lo cual es un arma de doble filo.
La "polémica" de este martes fue, nuevamente, las universidades públicas: las mociones para excluir totalmente a esos centros de enseñanza superior de la aplicación de la Ley, señalándolas expresamente en el artículo 3 del proyecto que se denomina "Exclusiones" fueron rechazadas días atrás.
Este martes lo que se aprobó fue una moción de la diputada Paola Vega (PAC-San José) que establece que dentro del sistema de empleo público que se crea con la Ley, estará además de Mideplan, Servicio Civil y las municipalidades, las universidades públicas.
La aprobación de la moción fue posible luego que la diputada Aracelly Salas (PUSC-Heredia) se ausentara de la sesión y designara a José María Villalta (Frente Amplio-San José) como su sustituto, con poder de voto.
En total votaron a favor de la moción Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca del PLN; Víctor Morales del PAC; José María Villalta del FA; los independientes Zoila Volio y Dragos Dolanescu. En contra votó el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca y el liberacionista David Gourzong.
Tras la aprobación de la moción, Abarca anunció que le retiraba el apoyo al proyecto de ley por considerar que se está generando un sistema dentro de otro y que los diputados realizaron una "mutilación importante" a la iniciativa.
Por su parte, el diputado del PLN, Carlos Ricardo Benavides afirmó que aunque sabe que algunos diputados aprobaron la moción de buena fe, "la realidad es que está redactada para desarmar el salario global y buscar un régimen de privilegio. Eso es inaceptable y debe corregirse en el Plenario".
Sin embargo, el jefe de los liberacionistas e integrante de la Comisión, Luis Fernando Chacón, afirmó que la moción debe leerse junto al proyecto completo para ver que la intención de la misma es no mezclar el salario global con otras potestades de las universidades, como lo es la libertad de cátedra.
En igual sentido, el diputado Víctor Morales Mora (PAC-San José), presidente de la Comisión, dijo que la moción debe leerse en el contexto del proyecto y recordó que las propuestas para incluir a las universidades en el artículo 3 de la Ley, que refiere a las exclusiones, fueron rechazadas.
Al proyecto aún le queda un largo trayecto por delante en la comisión, con centenares de moción pendientes de conocer. Ante ello, el Plenario aprobó con 39 votos a favor y 8 en contra cancelar la sesión de mañana para darle el tiempo necesario a la Comisión para que avance con las proposiciones que restan.
Breves
— Con 40 votos a favor y 2 en contra (Nidia Céspedes Cisneros e Ivonne Acuña Cabrera) se aprobó en segundo debate el crédito de $100 millones entre Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia. Para su segundo debate, por disposición constitucional, este proyecto requería la supermayoría de al menos 38 votos a favor para ser aprobado.
El Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia es la continuidad de un programa previo (ejecutado entre 2012–2018) y que va en la línea tanto policial como preventiva para abordar el problema de la delincuencia.
Dicho programa consta de dos componentes esenciales: el de efectividad policial, que viene a dotar de desarrollos informáticos al Ministerio de Seguridad, capacitación técnica en uso de instrumentos tecnológicos, y reconstrucción de sedes policiales en áreas clave entre otros, representando aproximadamente un costo del 63% del préstamo; y el componente de prevención de la violencia, básicamente destinado a la dotación de Centros Cívicos de Paz, que contempla espacios comunitarios de acción interinstitucional en zonas conflictivas para la atención preferente a la juventud, adolescencia y mujeres de esas zonas, con todos los costos organizativos y de servicios asociados, representando aproximadamente al 32,5% de los recursos del préstamo.
El ejecutor del crédito será el Ministerio de Justicia, pero se integrará además un Comité de Dirección con representación jerárquica de ese Ministerio y del Ministerio de Seguridad Pública.
— Con 43 votos a favor y 1 en contra (Zoila Volio) se aprobó en segundo debate el expediente 21.364 que pretende agilizar los trámites en sede judicial que involucren facturas electrónicas, con el fin de armonizar la legislación nacional y así evitar engorrosos procesos a quienes deben realizar trámites vinculados con sus actividades comerciales, empresariales o de servicios.
La reforma salió a raíz de la necesidad de abordar una situación que se ha venido presentando en diversas resoluciones de los Tribunales Civiles que han señalado que “las facturas electrónicas no constituyen documentos idóneos para el reclamo de obligaciones dinerarias a través de los procesos monitorios de cobro”.
Según el texto aprobado, además de las facturas físicas, también será título ejecutivo la factura electrónica, es decir, que conste en documento digital, siempre y cuando cuente con la firma digital del comprador o su mandatario debidamente autorizado. En ese caso, el timbre fiscal correspondiente deberá agregarse a la copia impresa de la factura digital que se aportará a la demanda junto con el respaldo digital de la original.
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate, por segunda vez, el expediente 21.785 que declara el Quijongo Guanacasteco como Patrimonio Cultural Inmaterial Costarricense. Previamente la iniciativa lo declaraba patrimonio "intangible", sin embargo, la comunidad guanacasteca y el propio Ministerio de Cultura le hicieron saber a los diputados que no existe ningún programa de Patrimonio Cultural Intangible, por lo que la iniciativa se retrotrajo a primer debate, se corrigió y se votó nuevamente.
