El pasado 19 de febrero el Ministerio de Seguridad Pública declaró, a través de la Resolución 004-2021-DVUE, de vulnerabilidad social el desalojo de las familias indígenas que recuperaron terrenos en  Yuwi Senaglö en el Territorio Cabécar de China Kichá.

En un comunicado diferentes organizaciones que luchan por los derechos de las personas indígenas dieron a conocer que la decisión se dio luego de la presión al Estado Costarricense de parte de organizaciones cabécares de China Kichá, defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales.

Cabe resaltar que esta declaratoria no anula la orden judicial, pero impide su ejecución hasta que no se resuelva el trámite que supone esta declaratoria de vulnerabilidad social. Hay que recordar que desde el lunes 28 de setiembre del año pasado, un grupo de 6 familias iniciaron la recuperación en  Yuwi Senaglö.

En la resolución firmada por el viceministro de seguridad pública, Eduardo Solano Solano, se remite la gestión del caso a la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID), del Ministerio de la Presidencia, para que se le brinde la atención integral al presente desalojo.

Dato D+: Según el artículo 14° de la creación de la CAID, para cada desalojo administrativo en particular la comisión contará con un plazo máximo de cuatro meses, a partir de su remisión por parte del Ministerio de Seguridad Pública, para definir el Plan de Acción que otorgue una atención integral al desalojo correspondiente.

La decisión se da luego de reconocer que se trata de “una población vulnerable por su condición de indígenas, además de tener un alto nivel de conflictividad social y una condición socio-económica precaria, entre otros factores importantes a valorar”, detalla el documento.

Al respecto, la Defensoría de los Habitantes insistió ante el Gobierno de la República en torno a la necesidad de que se ejecuten acciones concretas por el respeto de los derechos y la seguridad de las personas indígenas en China Kichá ante las nuevas amenazas de desalojos. Solicita así una verdadera aplicación de la ley indígena y del Plan de Recuperación de Territorio Indígena (RTI).

Resulta urgente que el Gobierno de la República ejecute medidas extraordinarias y excepcionales para garantizar a los pueblos indígenas su derecho a la tierra, a la integridad y a la vida, en acato a las obligaciones legales nacionales e internacionales", señalan desde la Defensoría.

Las personas recuperadoras de este territorio confían en que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la integridad territorial del pueblo Cabécar de China Kichá y se realicen los desalojos administrativos de personas no indígenas que ocupan ilegalmente este Territorio.