La Fundación MarViva advirtió el día de hoy que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presentó una propuesta de regulación que busca revivir el Decreto Ejecutivo 40.379, que fue derogado por la Sala I el año pasado, tras un recurso de casación presentado por MarViva contra el decreto.

Dato D+: La propuesta de decreto fue subida el pasado 15 de diciembre en el Sistema de Control Previo (SICOPRE) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y se pueden hacer observaciones al mismo hasta el día de hoy (7 de enero).

Ese decreto derogado otorgaba al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) la potestad de elegir cuáles especies podría el país exportar al mercado internacional, incluso si entre las elegidas se encontraba alguna en amenaza de extinción.

Previo al decreto, era un comité especializado y científico el que avalaba cuáles especies en peligro de extinción se podían comercializar; pero tras la promulgación de esa norma el mando quedó en manos de Incopesca, que incluyó a especies como el tiburón martillo, el tiburón ballena y el caballo de mar dentro de su lista de exportación, según explicó el director de la Fundación MarViva, Jorge Jiménez Ramón, a AmeliaRueda.com en noviembre pasado, cuando se conoció el fallo de la Sala I.

Según informó MarViva el día de hoy, el texto que se puso a consulta volvería a dar a Incopesca la potestad de definir las especies marinas para exportación al mercado internacional.

Para la eliminación del Decreto 40.379, desde MarViva se argumentó, entre otras cosas, que en el procedimiento seguido para su elaboración y promulgación no se otorgó audiencia a las entidades y organizaciones afectadas con la reforma. Además, advirtieron que con esta consulta realizada en medio de los días festivos “se vuelve a ignorar el inciso dos del artículo 361 de la Ley General de Administración Pública que obliga a la administración a conceder audiencia a las entidades representativas, en este caso particular, a aquellas investidas como Autoridades Científicas cuyas competencias pretenden ser eliminadas por el nuevo decreto”.

Desde MarViva aseguraron que el MAG “ha pretendido subsanar la obligación de realizar audiencias con las partes interesadas mediante la publicación, durante el período navideño, de la propuesta de Decreto en el Sistema de Control Previo (SICOPRE) del MEIC”.

La Fundación MarViva advirtió que revivir el decreto de la Administración Solís Rivera “es inconveniente y contrario a los principios de gestión efectiva y sostenible de los recursos pesqueros”, apuntando que el Comité de Pesca de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado la necesidad de reformar la gobernanza del recurso pesquero en el país.

El director general de la Fundación MarViva añadió que:

“MarViva ha reiterado que la gestión de los recursos marinos debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia y coordinación administrativa, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública, así como por los principios de gestión inclusiva, participativa y representativa, consagrados en las leyes nacionales y acuerdos internacionales”.

De acuerdo con Jiménez, los sectores académicos, no gubernamentales y las autoridades ambientales no deben quedar excluidos de la gestión de los recursos pesqueros, especialmente cuando se trata de su conservación, y añadió:

“Lamentamos la intención de las autoridades de gobierno de revivir este decreto, de manera descoordinada con los sectores relevantes, y brindando un plazo de consulta pública que traslapó en gran medida con los periodos de vacaciones de instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales, lo que redujo las posibilidades de aportar al proceso y plantear oportunamente nuestras objeciones.”, 

El plazo para que los interesados emitieran opiniones a través de la plataforma de consultas del MEIC se extendió del 16 de diciembre de 2020 al día de hoy (7 de enero).