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Foto: Maynor Solís/Asamblea Legislativa

Diputados aprueban, en primer debate, creación de Agencia Nacional de Gobierno Digital

El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en primer debate, el expediente 21.180 impulsado por el diputado Wágner Jiménez del Partido Liberación Nacional (PLN) y 21 diputados más, con el cual se crea la Agencia Nacional de Gobierno Digital, un órgano que estará adscrito y bajo la rectoría del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

La iniciativa, respaldada con 40 votos a favor y ninguna oposición, establece que la ANGD (siglas por las que se le conocerá de ahora en adelante), será el órgano encargado de implementar y ejecutar los servicios y los proyectos transversales o estratégicos para las instituciones de la Administración Pública en materia de Gobierno Digital, con el fin de proveer a la ciudadanía un acceso simple, ágil, seguro y transparente a los servicios que ofrecen las instituciones de la Administración Pública.

Lo anterior, respondiendo a las necesidades de las personas físicas y jurídicas, mediante modelos que incorporen componentes normativos, técnicos, semánticos y organizacionales, que velen por la confidencialidad y seguridad de la información y de esta forma se mejore la calidad de vida de los ciudadanos, las empresas y entre las entidades del gobierno y propicie un clima de negocios favorable y competitivo al país.

La ley será aplicable a toda la Administración Pública, entendida en el sentido amplio como el Estado y los demás entes públicos.

La ANGD estará liderada por una Junta Directiva de cinco miembros, los cuales deberán tener conocimiento en el tema de servicios digitales para la ciudadanía o simplificación de trámites procesos, o tecnologías de información y se conformará de la siguiente forma: el Ministro o la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, quien lo presidirá; un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, un representante del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y un representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

El legislador Wagner Jiménez celebró el avance de esta ley por el impacto que afirma tendrá para el desarrollo del país, mientras que la restauracionista Mileydi Alvarado Arias resaltó el trabajo y el acompañamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

Además de la Junta Directiva, la ANGD tendrá un gerente nombrado por dicha junta, quien tendrá facultades de apoderado general y la representación judicial y extrajudicial de la agencia y permanecerá en el cargo por un periodo de 5 años, renovable por el mismo plazo.

La Agencia, además, contará con independencia operativa y para garantizar la calidad e idoneidad de su personal contará con los profesionales y técnicos que requieran en las materias de su competencia los cuales se regirán por el Estatuto de Servicio Civil, con lo cual se busca mantener al personal dentro del régimen legal de empleo público.

El proyecto le otorga a la ANGD un total de 14 funciones, entre ellas:

  1. Desarrollar, ejecutar y administrar los proyectos y servicios transversales o estratégicos en materia de gobierno digital.
  2. Brindar acompañamiento y asesoría técnica a las instituciones de la Administración Pública en su transformación digital, en el planteamiento y desarrollo de sus planes estratégicos de digitalización, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos.
  3. Dar seguimiento y hacer públicas las estadísticas de uso y aprovechamiento de los proyectos y servicios transversales utilizados por la Administración Pública.
  4. Ser el ejecutor y administrador de la interoperabilidad a nivel técnico.
  5. Acompañar a las instituciones de la Administración Pública y apoyar en la Gestión del Cambio que involucra la implementación de los proyectos y servicios transversales de Gobierno Digital.
  6. Ser órgano ejecutor de empréstitos de proyectos y servicios transversales digitales de la Administración Pública, en materia de Gobierno Digital.

Respecto a la fuente de financiamiento, los diputados definieron seis, aunque la mayoría de ellas son presuntivas: 

  • Los ingresos generados a partir de los servicios y proyectos transversales de la ANGD, en los cuales se incluirá su costo operativo y un factor de inversión que asegure recursos para el desarrollo adecuado de los servicios y proyectos.
  • Los recursos de cooperación internacional puestos a disposición de la Administración Pública por medio del ente rector para financiar actividades relacionadas con el desarrollo del Gobierno Digital.
  • Una asignación del 10% de todas las subejecuciones de las Instituciones del Gobierno Central, en las partidas de equipo de cómputo y de bienes intangibles del año anterior a partir de la aprobación de esta Ley.
  • Una asignación del 20% del ahorro total que tendrán las instituciones al utilizar los servicios transversales de Gobierno Digital provistos por la ANGD, para lo cual las instituciones del sector público, en su gestión presupuestaria habitual, tendrán la obligación de destinar erogaciones para cubrir los costos de desarrollo de los proyectos y servicios transversales en la implementación del gobierno digital del país.
  • Las donaciones, transferencias y contribuciones que realicen las personas físicas y entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
  • En el caso de obtener excedentes, estos serán utilizados en un 50% para amortizar el servicio de la deuda pública y el otro 50% para invertirlos en proyectos tecnológicos definidos por el ente rector, para el fomento del uso de la tecnología en poblaciones vulnerables y en zonas rurales.

Los ingresos asignados en los incisos c y d, se otorgarán hasta que la ANGD alcance la autosuficiencia o bien hasta un plazo máximo de 8 años.
La fiscalización estará a cargo de la Contraloría General de la República.

El segundo debate de este proyecto se programó para el próximo jueves.

Por otro lado, con 39 votos a favor y ninguna oposición se aprobó en primer debate el expediente 22.061, el cual autoriza al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) a vender un terreno de su propiedad a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca R. L.), para beneficiar a los distritos con amplios asentamientos humanos y bajo Índice de Desarrollo Social de la región Huetar Norte con inversión en materia de infocomunicaciones.

En caso de ejecutarse la venta, el terreno mencionado podrá seguir siendo utilizado de manera prioritaria para el canal de conducción de agua a cielo abierto construido para el Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarcas, propiedad de Coopelesca.

La diputada del PLN, María José Corrales Chacón, afirmó que con este proyecto se generará más eficiencia energética y ahorros hasta por ₡670 millones anuales que se trasladarán a los abonados de la cooperativa.