Las cuatro superintendencias generales (órganos adscritos al Banco Central) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conasif) se encuentran en una pugna con la Contraloría General de la República, para incluir en el presupuesto del 2021 un aumento del 6% a los puestos que devengan un salario por encima de los ₡4 millones de colones. Las entidades actuaron al unísono y en sincronía para buscar el ajuste.
Dato D+: Los cuatro órganos adscritos al BCCR son las superintendencias generales de Pensiones (Supen), de Entidades Financieras (Sugef), de Seguros (Sugese) y de Valores (Sugeval).
El tema se remonta a diciembre del año pasado, cuando la Contraloría improbó a las cinco instituciones algunas de sus partidas presupuestarias para el año 2021, incluyendo la de remuneraciones. La Contraloría dio por improbada parcialmente la partida de remuneraciones debido a que incluía un aumento salarial del 6% para todos los salarios superiores a los ₡4 millones. A criterio de la CGR dicho incremento no era aceptable visto que no se aportó fundamento legal para justificarlo ni elementos que justificaran un aumento muy superior al comportamiento de la inflación durante el año 2020 (0.9%).
Dato D+: El ajuste por inflación para el sector privado en 2021 fue fijado en un 0.30% por el Consejo Nacional de Salarios. Los empleados del sector público no recibirán aumentos salariales en el 2021 pues la deuda pública está por encima del 60% del PIB. De acuerdo a la Regla Fiscal, en tal escenario, no se pueden aumentar las remuneraciones de los funcionarios públicos.
El argumento de las cinco instituciones fue que en 2021 se vence el transitorio XXXV de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas (que establecía la prohibición por dos años de cualquier aumento a los salarios superiores a los ₡4 millones) y que en 2021 ya se podrían hacer los aumentos salariales.
Dato D+: Para un salario de ₡4 millones, un ajuste del 6% representa un aumento de ₡240.000, cifra superior al ingreso per cápita promedio de los tres primeros quintiles de la población (el 60% más pobre del país). El salario promedio de los jerarcas de las superintendencias es de ₡7 millones. En ese rango el aumento sería de ₡420.000. El salario promedio de un superintendente es de ₡9.5 millones. En ese rango el aumento sería de ₡570.000.
Escala salarial vigente en la Gerencia Global según el sitio web de Sugeval (Sugeval.fi.cr).
Ante el rechazo de monto completo de la partida presupuestaria de remuneraciones, las cinco instituciones respondieron (en oficios distintos pero con la misma redacción), que el ajuste salarial “se presupuestó estimando el cierre de la brecha que podría presentarse entre los salarios contenidos en la escala gerencial con respecto al mercado, que permitiría que los salarios se ajusten a los montos que se reconocen en la actualidad”, por lo que ante el rechazo de la CGR decidieron mover los recursos a una partida de “sumas libres sin asignación presupuestaria”, para poder ejecutarlo “en caso de acordarse un incremento en la escala gerencial”.
La Contraloría también había rechazado a las cinco instituciones el monto asignado a la partida de “Alimentación y Bebidas”, por no haber encontrado justificación legal en los montos presupuestados para esos gastos. Ante esto, las cinco instituciones decidieron responder que pasarían esos gastos, también, a la partida de “sumas libres sin asignación presupuestaria”.
En total, los montos que habían sido rechazados por la Contraloría (que incluyen otras partidas vinculadas al ajuste salarial como el monto del FCL y un "ajuste de mercado" adicional por haber eliminado el ajuste por anualidad) y que las cinco instituciones quieren mover a la partida “libre sin asignación presupuestaria”, para utilizar posteriormente, suman ₡699.1 millones.
Sindicato alza la voz
Según reportó ayer Multimedios desde el sindicato de trabajadores del BCCR manifestaron su malestar y aseguraron que no este tipo de ajustes “desproporcionados” no son nuevos ni les sorprenden. De hecho, ya están tomando medidas y desde hace rato, pues acudieron a la Procuraduría de la Ética e incluso se acercaron al Ministerio Público a razón de aumentos previos dentro de la institución que estiman son antiéticos e irregulares. “A nosotros no nos toma por sorpresa, contamos con directores de división que ganan más que un ministro” dijo Robert Jiménez, presidente del sindicato. “Sin miedo a decirlo y hasta podemos demostrarlo, hasta parecen pagos de favores”.
Según señaló Jiménez llevan un año y medio esperando una audiencia con la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio.
