El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en segundo debate, el primer presupuesto extraordinario del 2021 tramitado bajo el expediente 22.367 por 40.500 millones de colones, con el cual se comprarán las dosis de vacuna contra la COVID-19 restantes para inmunizar al 100% de la población mayor de 18 años.
El proyecto recibió 47 votos a favor y ninguno en contra, por lo que pasa al Poder Ejecutivo para su firma y ejecución como Ley de la República.
El texto de la iniciativa establece que si el Gobierno consigue créditos externos blandos para la adquisición de vacunas, deberá enviar un presupuesto extraordinario para cambiar la fuente de financiamiento de este presupuesto, pues a como fue aprobado establece que los recursos se obtendrán del endeudamiento en el mercado interno, el cual cobra altas tasas de interés dado el deterioro de la calificación crediticia del país y la crisis fiscal que experimenta.
Por otro lado, con 46 votos a favor y ninguna oposición se aprobó en segundo debate el expediente 22.061, el cual autoriza al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) a vender un terreno de su propiedad a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca R. L.), para beneficiar a los distritos con amplios asentamientos humanos y bajo Índice de Desarrollo Social de la región Huetar Norte con inversión en materia de infocomunicaciones.
En caso de ejecutarse la venta, el terreno mencionado podrá seguir siendo utilizado de manera prioritaria para el canal de conducción de agua a cielo abierto construido para el Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarcas, propiedad de Coopelesca.
Posteriormente, con 42 votos a favor y ninguno en contra se aprobó en segundo debate el expediente 21.180 impulsado por el diputado Wágner Jiménez del Partido Liberación Nacional (PLN) y 21 diputados más, con el cual se crea la Agencia Nacional de Gobierno Digital, un órgano que estará adscrito y bajo la rectoría del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
La iniciativa establece que la ANGD (siglas por las que se le conocerá de ahora en adelante) será el órgano encargado de implementar y ejecutar los servicios y los proyectos transversales o estratégicos para las instituciones de la Administración Pública en materia de Gobierno Digital, con el fin de proveer a la ciudadanía un acceso simple, ágil, seguro y transparente a los servicios que ofrecen las instituciones de la Administración Pública.
Lo anterior, respondiendo a las necesidades de las personas físicas y jurídicas, mediante modelos que incorporen componentes normativos, técnicos, semánticos y organizacionales, que velen por la confidencialidad y seguridad de la información y de esta forma se mejore la calidad de vida de los ciudadanos, las empresas y entre las entidades del gobierno y propicie un clima de negocios favorable y competitivo al país.
La ley será aplicable a toda la Administración Pública, entendida en el sentido amplio como el Estado y los demás entes públicos.
El proyecto le otorga a la ANGD un total de 14 funciones, entre ellas:
- Desarrollar, ejecutar y administrar los proyectos y servicios transversales o estratégicos en materia de gobierno digital.
- Brindar acompañamiento y asesoría técnica a las instituciones de la Administración Pública en su transformación digital, en el planteamiento y desarrollo de sus planes estratégicos de digitalización, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos.
- Dar seguimiento y hacer públicas las estadísticas de uso y aprovechamiento de los proyectos y servicios transversales utilizados por la Administración Pública.
- Ser el ejecutor y administrador de la interoperabilidad a nivel técnico.
- Acompañar a las instituciones de la Administración Pública y apoyar en la Gestión del Cambio que involucra la implementación de los proyectos y servicios transversales de Gobierno Digital.
- Ser órgano ejecutor de empréstitos de proyectos y servicios transversales digitales de la Administración Pública, en materia de Gobierno Digital.
De seguido, con 41 votos a favor se aprobó en primer debate el expediente 21.623 el cual declara el día 13 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Lucha contra el Grooming.
El grooming es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que, en la mayoría de los casos, sucede a través de las redes sociales.
La iniciativa de la diputada Floria Segreda Sagot (PRN) establece que corresponde al Consejo Superior de Educación la realización de actos informativos, de capacitación y formación para los alumnos y padres de familia, a efectuarse en los centros educativos públicos y privados del país, en los niveles de educación básica y diversificada, que permitan técnicas y formas de como reconocer y evitar el grooming.
Asimismo, cada 13 de noviembre los medios de comunicación masiva que utilizan el espectro radioeléctrico para sus operaciones radiales y televisivas estarán obligados, según lo establecido en el artículo 11 de la “Ley de Radio”, a brindarle de forma gratuita al Consejo Superior de Educación el espacio mínimo de media hora para la divulgación de informaciones, acciones, programas, cápsulas informativas, así como los proyectos que se han realizado en el país, para la erradicación de la práctica del “Grooming”.
Después, con 40 votos a favor y ninguno en contra se aprobó el expediente 22.089 que declara de utilidad pública a las Asociaciones de Desarrollo Integral amparadas bajo la Ley 3859, para generar un ambiente propicio de crecimiento financiero para las asociaciones de desarrollo con la finalidad de que adquieran mayor presencia y protagonismo en el desarrollo social de las comunidades.
Finalmente, con 38 votos a favor y ninguno en contra se aprobó en primer debate el expediente 21.831 que autoriza a la Municipalidad de Pococí a donar un inmueble de su propiedad a la Asociación de Personas con Autismo de la Zona Atlántica (APAZA).
Breve
La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte Romero, envió una carta a la Asamblea Legislativa pidiendo que por respeto a la investidura presidencial, la audiencia de Carlos Alvarado Quesada por el caso UPAD, programada para febrero próximo, se realice en Casa Presidencial, y no en el Plenario legislativo como pretende la oposición.
Desde ya, el jefe del PLN, Luis Fernando Chacón Monge, anunció que aunque su fracción no lo ha discutido, creen que no apoyarán ese traslado pues la Asamblea ya tiene las condiciones para realizar una audiencia de ese tipo. Mientras tanto, el presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, dijo que sí es algo que debe valorarse y que por ello abordarán el tema en la próxima reunión de jefaturas de fracción, donde deberá discutirse la logística de la audiencia de la comisión especial.
Carta de la ministra de la Presidencia al presidente y jefes del Congreso sobre la audiencia del presidente Carlos Alvarado por el caso UPAD. pic.twitter.com/OsPzOhoR3l
— Barra de Prensa (@barradeprensa) January 21, 2021
