El pasado jueves comenzó la ejecución de una nueva obra en el proyecto de alcantarillado sanitario de San José, llamado “Desvío del Colector Tiribí”.
Este proyecto, que será ejecutado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), tiene una inversión de $23,4 millones y se trabajará en los sectores de San Sebastián, los Hatillos y alrededores.
Con estas obras se instalarán 6,8 kilómetros de colectores sanitarios en las cercanías de la carretera de Circunvalación sur, con el fin de conducir a la planta de tratamiento Los Tajos, ubicada en la Uruca, las aguas residuales del subcolector Damas y en un futuro la Extensión Tiribí.
En el siguiente recuadro se expone el tramo de la nueva obra:
Las obras forman parte del megaproyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José del AyA para recolectar y dar tratamiento a las aguas usadas de 1.070.000 personas de 11 cantones.
Según el Instituto, el plazo de ejecución del nuevo contrato será de 28 meses y finalizará en marzo de 2023. La contratación está a cargo del consorcio de empresas francesas SADE-BESSAC.
Microtuneleo para evitar presas
El AyA informó esta tarde que, considerando los sectores a intervenir y con el fin de minimizar los impactos al tránsito vehicular, 5,4 kilómetros de estos trabajos se instalarán mediante la metodología de microtuneleo la cual permite ubicar la tubería sin abrir las calles, salvo en puntos específicos para ingresar o extraer la maquinaria.
Los restantes 1,4 kilómetros de tubería se instalarán mediante zanja abierta.
Las tuberías por instalar constan de diámetros de entre 0,9 metros y 1,5 metros por tratarse de colectores sanitarios y los primeros trabajos consistirán en realizar excavaciones para tomar muestras del terreno previo a la colocación de la tubería para los análisis respectivos, en la Ruta Nacional 209 por las cercanías de las instalaciones del ICE, del MOPT y repuestos Guacamaya finalizando en avenida 50.
Alarma de la Contraloría
Justo esta semana la Contraloría General de la República determinó, mediante una auditoría, que ninguna de las obras que la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS) del AyA desarrolló entre 2016 y 2018, logró cumplir con el plazo y costo definido.
La Contraloría destacó que, en promedio, los proyectos realizados en el periodo de tiempo auditado tuvieron más de seis meses de atraso y costaron 1.482 millones más. Además, 38 modificaciones realizadas a los proyectos 11 (28.9%) correspondieron a situaciones que eran previsibles.
La Contraloría también destacó que identificó retrasos de hasta 300 días en la pavimentación lo cual “generó molestias en el tránsito y desacuerdos entre la Unidad Ejecutora PAPS, las comunidades y los gobiernos locales”.
