El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en primer debate, un proyecto impulsado por el diputado-secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Gustavo Viales Villegas, que recorta el monto de la contribución estatal destinado a las elecciones generales del 2022.
El proyecto, tramitado en el expediente 22.177, fue presentado el 2 de septiembre anterior y dispensado de todos los trámites de comisión, para que su conocimiento pasara directo al Plenario, donde recibió 43 votos a favor y 2 en contra (Shirley Díaz Mejía del PUSC y el independiente Erick Rodríguez Steller).
Con la reforma aprobada, el aporte estatal para las elecciones del 2022 y 2024 será del 0.085% del Producto Interno Bruto (PIB) de este 2020, el cual según la última revisión del Programa Macroeconómico del Banco Central de Costa Rica (BCCR) se estima en 34 billones 469 mil millones de colones.
De este modo, el 0.085% señalado se traduce en un aporte estatal por deuda política máximo de ₡29.298.650.000, cifra que debe desagregarse en 0.055% (₡18.957.950.000) para las elecciones de 2022 y 0.03% (₡10.340.700.000) para las municipales del 2024.
Si el Congreso no aprueba esta modificación en segundo debate entrará a regir el aporte del 0.19% del PIB que señala el artículo 96 de la Constitución Política, es decir, un aporte estatal máximo de ₡65.491.100.000 desagregado en 0.16% para las elecciones generales (₡55.150.400.000) y 0.03% (₡10.340.700.000) para las municipales del 2024.
Dependiendo del ojo matemático que se use, se puede afirmar que hay un recorte de determina cantidad de dinero: Si se compara lo que debía ser el tope versus lo que será si se aprueba en segundo debate, se puede hablar de un ahorro nominal de 36.193 millones de colones.
Si se compara el tope a la contribución estatal para las elecciones de 2022 versus los ¢25.029.906.960 que fueron destinados para las elecciones generales de 2018, se puede afirmar que hay un ahorro nominal de 6072 millones de colones.
Los ahorros podrían haber sido superiores si se hubiese mantenido la intención original del diputado Viales de también acortar el rango de fechas en las cuales los gastos cometidos por los partidos podían ser reclamados posteriormente al Tribunal Supremo de Elecciones a modo de deuda política.
Sin embargo, la negociación política solo permitió reducir el aporte estatal del 0.10% planteado por Viales inicialmente al 0.085%, bajo el señalamiento de que en las elecciones 2014-2016 el aporte estatal efectivamente cobrado fue de 0.07% del PIB mientras el tope era de 0.11%; y en los comicios 2018-2022 la deuda política disponible era 0.11% del PIB, pero los partidos solo cobraron el 0.06%.
Viales pretendía que el rango de fechas para realizar gastos que luego pudieran ser recuperados con deuda política pasara de 123 a 98 días, es decir, una reducción de prácticamente un mes. Si los partidos generaban gastos en esos 25 días, estos correrían por su propia cuenta.
Entonces, una de cal y otra de arena: cuando Gustavo Viales presentó su proyecto se estimaba una reducción en la deuda política de 32 mil millones de colones (47% respecto al monto que debería ser), con vistas a ser mayor por la reducción del cronograma para justificar gastos; sin embargo, con el texto aprobado la deuda política se recorta en 55% del monto asignado constitucionalmente, para un ahorro de 36.193 millones de colones. Ambas cifras no contemplan el eventual impacto de reducir el cronograma.
El segundo debate quedó fijado para el martes 8 de diciembre.
Aprobado convenio de la OCDE
Con 38 votos a favor y 2 en contra (José María Villalta del FA y Oscar Cascante del PUSC), el Plenario aprobó en primer debate el acuerdo sobre los términos de la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la convención de la OCDE y sus dos protocolos adicionales, así como normas relacionadas.
Todo ese paquete se tramita bajo el expediente 22.187 y ahora será enviado a la Sala Constitucional, pues por norma todos los tratados internacionales -como este- deben ser revisados por el Alto Tribunal después del primer debate.
