Con gran sorpresa he leído varios artículos de opinión  que firma el Sr. Esteban Giudici de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit). En particular, me sorprende que no le dé miedo publicar datos en la prensa que no tienen como calificarse como verdaderos o sostenibles.

Como consultor experto para la Asociación Internacional de Estampillas Fiscales, ITSA, la que representa a más de 20 empresas de todas partes del mundo y que ofrecen servicios serios de trazabilidad fiscal para más de 150 instituciones a nivel global, no puedo dejar de opinar al respecto.

También confieso que me sorprende cómo se arriesga a mentir con gran tranquilidad con el objetivo de desmeritar el contenido de un proyecto de ley 20.961, que esta semana pasada fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, sobre la posible trazabilidad de licor vía la Ley contra la Adulteración, Falsificación, Imitación y Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico, dando muestras de que el cuerpo legislativo costarricense si es capaz de discernir entre el descarnado interés de grupos específicos y el objetivo real de un proyecto de ley que beneficiaría tanto al gobierno como al país.

Tracit —una organización financiada por las industrias del alcohol y del tabaco— señala, a través del Sr. Giudici, que los sistemas de trazabilidad son costosos y expone como ejemplo de fracaso el caso de Ecuador.

El señor Giudici no solo ha lanzado dardos confusos y malintencionados en Costa Rica, pero también, de otro país, y se siente con el derecho a publicar falsedades en un medio de prensa.

¿Cómo sustenta esto?  Los datos públicos dan fe que en el Ecuador aplicaron exitosamente un sistema de trazabilidad en 2017, y con ello, aumentó la recaudación por cerveza artesanal en 383%, mientras que en el resto de las cervezas aumentó en un 22% y en bebidas alcohólicas, aumentó en un 7%.  Es tan simple como ingresar al sitio del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, leer y poder confirmar que el catastro de contribuyentes subió 138% y se decomisaron 234% más de productos en el primer año de funcionamiento del sistema.

Por la información que manejo, no deja de sorprender que los medios locales no hayan reaccionado más activamente frente a dichas acusaciones.  Si me da esperanza la reciente aprobación, en primera instancia al menos, del proyecto 20.961, pero no deja de preocuparme que siga el mismo gato, Tracit, cuidando la carnicería de los ingresos fiscales de su país.

Cabe preguntar, ¿A qué le teme Tracit? ¿Qué es lo que realmente defiende? ¿Por qué si un sistema está hecho para evitar el contrabando, la adulteración y la evasión fiscal,  podría en algo afectar negativamente a sus estimados asociados?

¿Será posible que los medios investiguen a fondo las mentiras v/s los datos reales que existen, internacionalmente, respecto de lo que dice Tracit?

Lo deja a uno pensando y estoy seguro que la misma sensación se debe sentir entre los legisladores costarricenses que, no me cabe duda alguna, confío sabrán defender la integridad jurídica, fiscal y física de su nación.  Los sistemas serios de trazabilidad no hacen más que buscar reducir enfermedades y muertes por adulteración de productos y que los gobiernos puedan cuidar sus siempre necesarios ingresos frente a la evasión fiscal.

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