El gobierno ha propuesto una agenda de diversos temas en las mesas de dialogo, entre ellos la reactivación económica, venta de activos, inversión, eficiencia y eficacia del gasto público, entre otros temas, siendo uno de los más candentes y que los sindicatos han abanderado como la solución a los problemas actuales y es la lucha contra la evasión, elusión y mejora de la eficiencia de la gestión tributaria, probablemente es un poco ingenuo pensar que combatir la evasión será la solución a todos nuestros problemas, sin embargo, necesariamente es un tema a resolver de forma urgente que seguramente tengan un impacto significativo en mejorar la situación actual del país.
Recientemente la Contraloría General de la República publicó el informe DFOE-SAF-IF-00017-2020 sobre el proceso de integración de la DGT-DGA y es lamentable revisar los resultados de esta auditoria, entre múltiples hallazgos se encontró que 60 personas físicas y jurídicas que se encuentran morosos y 8 en condición de omisos en cuatro periodos, aun así gozan de beneficios fiscales, el monto de las exoneraciones a los 60 beneficiarios morosos ascendía a ¢17.433 millones y ¢177 millones específicamente en el impuesto al valor agregado, además se encontraron 42 importadores que registraban volúmenes de importaciones por ¢370.936 millones e impuestos aduaneros pagaderos por ¢51.078 de 2017 a 2019 sin embargo no se encuentran inscritos en el Registro Único Tributario por lo que se puede asumir que existe un incumplimiento en las otras obligaciones fiscales tales como el impuesto sobre la renta.
Lo anterior, junto con otros hallazgos —tales como personas fallecidas inscritas en hacienda, contribuyentes inscritos en el impuesto a las utilidades pero no en el impuesto al valor agregado—, denotan que la evasión en una buena parte obedece a la falta de integración de información y a la adecuada gestión de información fiscal, los contribuyentes son saturados de requerimientos de información y de cumplimiento de carga de datos en las plataformas de hacienda, factura electrónica, declaraciones de impuestos digitales, registro de beneficiarios finales, AMPO (herramienta de análisis multifuncional programado y objetivo), D-151, más sin embargo todo este esfuerzo que cuesta mucho dinero a los contribuyentes es simplemente mal gestionado por parte de la dependencias del Ministerio de Hacienda, solo para denotar la ineficiencia de esta situación en materia de los comprobantes electrónicos y sobre el uso de esta información se indican “se encuentra en proceso un requerimiento relacionado al aprovechamiento de la información incluida con la nueva versión del validador de Comprobantes electrónico. A nivel de DGT se están definiendo cruces entre control fiscal y comprobantes electrónicos”, esto a más de dos años de puesta en funcionamiento de los comprobantes electrónicos.
A nivel mundial las administraciones tributarias están como lo llaman la OCDE las E-Administration, donde se ha señalado en el 2019 en 58 administraciones tributarias un avance significativo del cumplimiento fiscal por medio de herramientas tecnológicas, alrededor de un 70% de impuestos personales y un 85% en impuestos corporativos. Pero lo deseable no es esto, las administraciones tributarias están focalizando sus esfuerzos al análisis de comportamiento de los contribuyentes, minado de datos e incluso aplicaciones de inteligencia artificial, lo anterior con el fin de combatir la evasión y elusión fiscal.
Un ejemplo de un caso exitoso del uso de la tecnología es Chile que ya desde el 2017 es pionera en un prellenado de las declaraciones de IVA para aproximadamente 700.000 contribuyentes. Por lo que necesariamente en estas mesas de dialogo debe superar la simple retórica de que la evasión es un objetivo deseable y definir un plan de implementación de un plan de aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, con claros objetivos y disponible al público, ya que la Administración Tributaria ha tratado todos estos temas bajo un esquema de ocultismo.
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