El Gobierno de la República anunció la noche del sábado que la mesa de diálogo multisectorial ya alcanzó sus primeros acuerdos. A pesar de que Presidencia anunció que se trataba de 24 acuerdos, en realidad la lista fue más corta, ya que hubo consenso en solo 10 temas, siendo que los otros 14 estaban repetidos, adicionalmente, uno de esos 10 fue que el tema en específico sería discutido en una sesión posterior.

Entre los nueve acuerdos de fondo alcanzados se encuentran la necesidad de mejoras tecnológicas y de sistemas de información de Hacienda para reducir la evasión, para lo cual el Gobierno ya tiene presentado el proyecto 20.016 de Hacienda Digital en la Asamblea Legislativa, que permitiría renovar e integrar los sistemas informáticos que utiliza el Ministerio con un crédito de $156 millones de dólares, que sería financiado por el Banco Mundial. Como meta se señaló alcanzar en dos o tres años una recaudación equivalente al 0.25% del PIB.

Para ello se establecerán los canales de comunicación entre la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Tributación para fortalecer los protocolos actuales de la gestión de riesgo e inteligencia tributaria y aduanera, incluyendo la materia de cánones y derechos de licencia, fraude aduanero, entre otros.

Asimismo, se acordó la necesidad de fortalecer e implementar los distintos proyectos en el marco del sistema de inspección no intrusivo (SINI), entendido como la implementación de escáneres en los puntos de entrada y salida del país, a fin de asegurar un control efectivo de las autoridades aduaneras, así como agilizar y facilitar las operaciones de comercio exterior y la seguridad nacional, atendiendo los estándares internacionales, fortaleciendo el control tributario y combatir la evasión aduanera.

Otro acuerdo alcanzado fue el de asegurar la cobertura del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) en un 100% para todo el sector público acatando las recomendaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y que, según los datos de esa institución, podría generar hasta 1.55% del PIB en ahorro. Además, se incluyó en esta línea el buscar la aprobación del proyecto 21.546 (Ley de Contratación Administrativa) que fue presentado por la Contraloría.

El otro acuerdo fue solicitar a la Asamblea Legislativa que se le dé prioridad a la reducción de la Deuda Política en al menos un 40%.

La Constitución Política establece que la deuda política será de 0.19% del PIB, sin embargo, desde las elecciones del 2010 se ha rebajado vía ley ese monto a una suma máxima de 0.11% del PIB. Si se usa como referencia el 0.19%, una reducción del 40% sería un monto máximo de 0.114% del PIB, pero en la corriente legislativa ya se encuentra el proyecto 22.177, presentado por el diputado liberacionista Gustavo Viales Villegas, que busca reducir la deuda política para las elecciones nacionales 2022 y municipales 2024 al equivalente de 0.10% del PIB.

Según informó Casa Presidencial, para la próxima semana se realizarán tres sesiones: el miércoles se continuará con los grandes consensos fiscales y posteriormente, se entrará en el análisis de la gestión de la deuda pública; el viernes se estarían trabajando los temas de evasión, elusión, fraude fiscal y eficiencia tributaria; y el sábado se discutirían las propuestas vinculadas a los activos del Estado.

En las semanas siguientes los temas en agenda incluyen ingresos y exoneraciones; inversión, eficiencia y eficacia del gasto público.

Sobre las sesiones de trabajo el presidente, Carlos Alvarado Quesada, afirmó que se “continuará el diálogo y la coordinación de manera conjunta para resolver los problemas que tenemos como país en materia macroeconómica, derivados por la pandemia del COVID-19, pero yendo también más allá a resolver problemas como el desempleo o problemas como la pobreza y la reactivación económica”.