Por Katherinne Michelle Pérez Rivas – Estudiante de la Escuela de Estudios Generales
Convertirse en un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha sido un punto importante en la agenda del Gobierno de Costa Rica, ya que esta es una organización internacional que busca diseñar y promover mejores políticas para garantizar y favorecer la igualdad, las oportunidades, y el bienestar de la población (OECD, 2020). Costa Rica ha buscado durante ocho años ser invitado a pertenecer a esta exclusiva organización, ya que esto ayudaría al país a promover mejores prácticas que favorecen un desarrollo inclusivo y sostenible, un incremento de inversión extrajera y mayor credibilidad.
Costa Rica hizo oficial su interés y su solicitud de ingreso en el 2012 y fue invitado oficialmente por la OCDE a iniciar el proceso de adhesión en 2015. Desde esta fecha el Gobierno de Costa Rica inició un proceso riguroso en el cual se examina si el país tiene la capacidad de cumplir con los estándares y mejores prácticas que promueve la OCDE (Academia de Centroamérica, 2018, p. 3).
En 2015, la OCDE aprobó la hoja de ruta en la cual define los términos y las condiciones del proceso de ingreso. En esta se explica que el proceso incluye 22 evaluaciones que realizan comités de la OCDE en áreas como salud, tecnología, política, empleo, inversión, gobernanza publica, cohecho, política ambiental, mercados financieros, entre otros (Academia de Centroamérica, 2018, p. 11). Costa Rica, en busca de cumplir con estas evaluaciones, desarrolló una agenda legislativa de reformas que resultó en la invitación formal a pertenecer a la OCDE el 15 de mayo de 2020.
Este hecho ha enorgullecido al Gobierno de Costa Rica, ya que se considera que la unión a este selecto club de países que integran la OCDE traería ventajas al país como promover mejores prácticas que favorezcan un desarrollo inclusivo y sostenible, principal objetivo de la organización; estas mejoras afectarían positivamente a los costarricenses. La ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, recalcó que las reformas que se han realizado para poder ingresar a la OCDE van a cambiar la vida de las familias costarricenses en el mediano y largo plazo, y que el país está comprometido a continuar mejorando (Madrigal, 2020).
Además, ese suceso traería mayor confianza de los inversores, ya que pertenecer a esta organización de naciones élite le da al país un reconocimiento que se emplean buenas prácticas y que el país cumple con los estándares mundiales más rigurosos. “Esto aumenta la confianza de inversores nacionales e internacionales, tanto directos como financieros y, por ende, la consecución mayores ingresos de inversión extranjera directa y de condiciones más favorables en el caso del financiamiento exterior” (Academia de Centroamérica, 2018, p. 19).
Otra de las ventajas del ingreso de Costa Rica a la OCDE es el estatus que le proporcionaría ser parte de sus países miembros. La ministra Jiménez afirma que la adhesión daría al país más reputación y credibilidad (Ugarte, 2020), ya que al ser uno de los pocos países latinoamericanos que son miembros de la OCDE esto pone a Costa Rica un sello de calidad.
Sin embargo, a pesar de los beneficios que este suceso pueda traer, existen posturas que afirman que esta adhesión en este momento no es conveniente, ya que Costa Rica debe pagar una contribución anual que es proporcional al tamaño relativo de la economía del país. Se proyecta que el costo de esta membresía exclusiva llegaría a los 1,7 millones de euros al año (Mora, 2020) —las contribuciones a la OCDE se pagan en euros—. Aunque el monto aún no ha sido definido, el desembolso de este gasto no es conveniente en época de déficit fiscal. (Lara, 2020). Si la entrada a la OCDE no se aprovecha correctamente y no se hace uso de los recursos y las relaciones que esta conlleva, resultará en una pérdida de millones de colones que el país necesita en este momento de crisis.
Por todo lo anterior, es correcto afirmar que la entrada de Costa Rica a la OCDE traerá beneficios importantes para el desarrollo del país y, con ello, para el bienestar de las familias costarricenses, siempre y cuando se aprovechen estos beneficios y la oportunidad de poder pertenecer a esta organización de países élite que buscan actualizar sus políticas para mejorar las vidas de sus ciudadanos.
