El Plenario de la Asamblea Legislativa sesionó este miércoles extraordinariamente para conocer una gran cantidad de proyectos de ley a los cuales había que realizarles "quemas" de mociones de reiteración.
La quema es como se le conoce al procedimiento mediante el cual el Presidente anuncia que la comisión dictaminadora de un proyecto ya envió el texto al Plenario y que ahora se abre la posibilidad para que todos los diputados presenten nuevas mociones que sean analizadas en dicha comisión. Por cada expediente hay dos días de oportunidad para presentar dichas mociones, y cuando la comisión las termina de tramitar, envía el informe al Plenario indicando cuáles se aprobaron y rechazaron.
Si se trata del primer informe de mociones, el Presidente consulta a los diputados si pretenden presentar mociones por segunda vez. Si nadie lo hace, el proyecto puede pasar a votarse en el Plenario; por el contrario, si alguien manifiesta que sí, vuelve a la Comisión para el mismo trámite, aunque por última vez.
Cinco proyectos de ley lograron ser aprobados en primer debate, siendo el más relevante el expediente 21.615 que elimina las juntas directivas locales de los bancos del Estado.
Resulta y acontece que la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional señala que los bancos del Estado deben tener una junta directiva local, en las sucursales ubicadas en cabeceras de provincia, así como un gerente. Los directivos son tres, y deben ser personas que vivan en la misma zona geográfica y que representen las fuerzas económicas de la zona que representan.
Naturalmente, quienes integran esas juntas directivas perciben dietas por sesionar, cuyo monto es fijado por la Junta Directiva de cada banco estatal.
En el pasado, estas juntas cumplían la función de aprobar créditos, sin embargo, esta función les fue eliminada y desde entonces no desempeñan ningún rol esencial dentro de la estructura organizacional de los bancos, por lo que hasta el Banco Nacional de Costa Rica planteó pedirle al Consejo de Gobierno que impulsara una reforma para eliminarlas.
Sin embargo, fue el diputado socialcristiano Rodolfo Peña Flores quien presentó el proyecto, aprobado este miércoles en primer debate con 38 votos a favor y 9 en contra, estos últimos correspondientes a la bancada del PAC, José María Villalta del Frente Amplio y David Gourzong del PLN.
El segundo proyecto importante fue el expediente 21.982, aprobado en primer debate con 43 votos a favor y ninguno en contra.
Esta iniciativa fue presentada por la diputada independiente Ivonne Acuña Cabrera y oficializa el 20 de mayo como el Día Nacional de las Abejas, con la finalidad de reconocer la importancia de la labor que realiza en nuestro país la polinización que llevan a cabo esos agentes, pero además, el papel preponderante realizado por la abejas en el campo de la calidad de los productos que indicen directamente en la seguridad alimentaria y en la nutrición de la población, de igual modo en el mantenimiento de la biodiversidad.
Finalmente, la iniciativa establece el deber del Estado de velar por el bienestar y la seguridad de las abejas.
Por otro lado, con 48 votos a favor y ninguno en contra se aprobó el expediente 21.737 propuesto por el diputado Gustavo Viales del PLN, con el cual se reforma el Código Municipal.
Dicha reforma consiste en incluir dos causales más para suspender la licencia municipal para ejercer actividades lucrativas: falta de pago de 2 o más trimestres, consecutivos o alternos; y por infringir las normas de funcionamiento que disponga la ley respecto de cada actividad, y de sus respectivas licencias comerciales.
Asimismo, se incorpora la revocatoria de la licencia para ejercer actividades lucrativas en caso de reincidencia a infringir dichas normas de funcionamiento.
El expediente originalmente aumentaba de 3 a 6 salarios base las multas por infringir las normas de funcionamiento que disponga la ley, y al responsable de un establecimiento que ejerciera comercio sin contar con la respectiva licencia. Sin embargo, el texto final mantuvo el monto original de la multa y solo incluyó ambas causales.
Por otro lado, 48 diputados dieron primer debate al expediente 21.256 propuesto por el diputado Pablo Heriberto Abarca del PUSC, con el cual se reforma el artículo 65 de la Ley Forestal para autorizar al Ministerio de Ambiente y Energía a que, por medio de la Administración Forestal, done a las organizaciones sin fines de lucro la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, así como aquella que sea producto de decomisos una vez firme la sentencia condenatoria y que no haya sido adjudicada en remate ni solicitada por persona alguna con los requisitos de ley y a solicitud de los interesados.
Finalmente, con 45 votos a favor y ninguno en contra se aprobó en primer debate el expediente 21.371 que autoriza a la Municipalidad de Cañas a donar un terreno de su propiedad al Ministerio de Educación Pública, con el fin de que se restaure y construyan las nuevas obras para la Escuela Las Palmas, que se encuentra asentada en este y que ha quedado rezagada en infraestructura al no estar a nombre del MEP.
Breves
— La Comisión de Turismo dictaminó afirmativamente el expediente 21.140 Ley para la promoción y fomento de servicios de Turismo en Salud en Costa Rica y el expediente 21.114 Reforma al artículo 25 y creación de un artículo 25 Bis, a la Ley N° 3503, Ley reguladora del Transporte remunerado de personas en vehículos automotores y sus reformas.
El primer proyecto establece un marco regulatorio para promocionar e incentivar los servicios de turismo de salud en Costa Rica, así como garantizar la calidad y la competitividad de la prestación de estos servicios, a nivel nacional e internacional, para beneficio del sector turismo y del país.
El segundo expediente plantea diferenciar el servicio terrestre de transporte remunerado de personas en vehículos automotores, modalidad autobús, buseta o microbús para la actividad turística, de las modalidades de transporte de estudiantes y trabajadores, con las cuales comparte la clasificación en la normativa actual. De este modo, esos transportes contarán con una placa metálica distintiva según la modalidad, mientras que los del sector turístico necesitarán una certificación que autorice el servicio.
— La Comisión de Ambiente envió al archivo el expediente 21.061 Ley para registrar pozos no inscritos, que pretendía dar un plazo de un año a las personas físicas o jurídicas que perforaron pozos sin autorización para inscribirlos ante la Dirección de Aguas del Minae con el fin de formalizarlos, registrarlos y pagar el canon que corresponda.
— La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente el expediente 22.064 que pretende reformar la Ley de Aresep para que proyectos que pretenden ser puestos en marcha por empresas reguladas dejen de ser reconocidos vía tarifa en plazos mucho menores a la vida útil de los activos, proyectos, maquinaria y equipo; lo que impacta a los usuarios, su bienestar, al igual que la competitividad de los sectores productivos. Asimismo, como medida transitoria incluye suspender el cobro del canon de regulación correspondiente al 2020, siempre y cuando los obligados al pago cancelen entre el 25% y el 50% del monto al 31 de diciembre de este año.
— La Comisión de Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 21.536 que reforma la Ley 9635 (plan fiscal del 2018) para incluir al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) del beneficio de la tarifa reducida 2% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras de bienes y servicios. Dicha reducción se dará de forma gradual iniciando el primer año con el 13%, el segundo un 10%, el tercero 7%, el cuarto 5% y el quinto el 2%.
Esa comisión además mandó al archivo los expedientes 22.000 y 22.004 que pretendían rebajos al marchamo 2021, por cuanto ya se aprobó una ley en ese sentido.
Asimismo, dictaminó afirmativamente el expediente 22.033 que pretende cerrar el portillo a que ocurra un hueco fiscal similar al dejado por la administración del Presidente Luis Guillermo Solís, señalando que el cargo de Tesorero Nacional será incompatible con cualquier cargo público. Como contexto, la Tesorera Nacional de la administración Solís era además viceministra del gobierno.
— La Comisión de Asuntos Jurídicos envió al archivo el expediente 21.091 que pretendía reformar tres artículos que establecen tipos penales por violación de los derechos de autor y derechos conexos, contenidos en el Capítulo V (delitos penales) de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, con el fin de que no fuera punible la “representación pública, comunicación o puesta a disposición del público sin autorización”; la “reproducción no autorizada”; y la “adaptación, traducción, modificación y compendio sin autorización” de obras literarias o artísticas en todos los casos siempre y cuando fuera sin sin fines de lucro o para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza.
Esa comisión además dictaminó afirmativamente el expediente 21.108 denominado Ley para garantizar el derecho a la libertad de prensa de los periodistas, con el cual se prohíben una serie de conductas o prácticas laborales de las empresas periodísticas que atentan contra la libertad de prensa de los periodistas, entre ellas:
- Prohibir o impedir injustificadamente al periodista informar o investigar sobre hechos noticiosos o asuntos de interés público con el objetivo de favorecer los intereses de algún grupo o persona.
- Obligar o presionar al periodista a ocultar información, omitiendo publicarla o recortando reportajes periodísticos, o para que le dé un determinado sesgo u orientación a sus reportajes informativos, favoreciendo alguna posición o a excluir otros puntos de vista, en perjuicio del derecho a la información de la ciudadanía.
- Sancionar o perjudicar ilegítimamente al periodista en el ejercicio de sus derechos laborales por publicar algún tipo de información siempre y cuando haya cumplido con las normas que rigen el ejercicio de la profesión.
- Despedir sin justa causa al periodista con motivo de la aplicación de alguna de las prácticas señaladas anteriormente, por oponerse a ellas, o por denunciarlas ante las autoridades competentes.
Dicha reforma, además, incluye un procedimiento judicial especial de carácter sumario, a fin de que los periodistas despedidos injustificadamente con motivo de la aplicación de las prácticas laborales señaladas puedan acudir ante los Tribunales de Trabajo, para que en un plazo corto, se determine si el despido se debió a la aplicación de estas prácticas. De ser así, se les otorgará la posibilidad de elegir entre ser reinstalados en su puesto de trabajo o dar por terminado su contrato de trabajo con derecho al pago de los salarios caídos, el auxilio de cesantía y una indemnización por los daños y perjuicios causados.
Finalmente, establece la inclusión de la "cláusula de conciencia" para los periodistas, de modo que el comunicador podrá dar por terminado su contrato de trabajo sin perder el derecho a recibir el pago del auxilio de cesantía cuando se les obligue a realizar un trabajo o una publicación contrarios a sus valores o creencias o al Código de Ética Periodística, o cuando la orientación editorial del medio de prensa para el cual labora riña con dichos valores, principios y creencias.
La Comisión también envió al archivo otros expedientes: el 21.122 y el 21.121 que pretendían derogar leyes caducas o históricamente obsoletas; así como el expediente 21.143 que eliminaba la tarifa diferenciada de los vehículos de carga pesada en el Impuesto a la Propiedad de Vehículos que se cobra en el marchamo.
— La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó afirmativamente el expediente 21.129 que pretende reformar el Código Municipal para que los gobiernos locales tengan dentro de sus atribuciones crear albergues temporales necesarios para la atención de personas en situación de abandono y situación de calle.
