Donald Trump ha obstaculizado los esfuerzos para frenar la pandemia en los Estados Unidos, ha hecho retroceder la protección ambiental y ha desprestigiado a las instituciones científicas. Así lo indicaba un artículo publicado en la revista Nature el 8 de octubre de este año. El texto añadía que el gobierno estadounidense ha reprimido y censurado a los científicos que trabajan para estudiar el virus y reducir su daño.
No es sorpresivo que el presidente Trump actúe de esa manera. Desde su primera campaña electoral, en el 2016, calificó el calentamiento global como un engaño y prometió sacar a la nación del histórico acuerdo climático de París de 2015. Poco después de llegar al poder, declaraba: “fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no a los de París”. Esas acciones son coherentes con el personaje que todos conocemos.
Sin embargo, en nuestro país, no se puede hablar de coherencia presidencial en relación con la pesca de arrastre. En tiempos de campaña política, Carlos Alvarado se declaraba en contra de esa práctica. Hoy, múltiples sectores le solicitan que vete el proyecto de ley de pesca de arrastre, que se aprobó el pasado 22 de octubre, pero aún no se manifiesta públicamente. Esto dista mucho del panorama que habríamos imaginado hace apenas un par de años.
Campeones del arrastre
Un año después de recibir el máximo galardón de las Naciones Unidas en temas ambientales, el Premio Campeones de la Tierra, votamos a favor de una ley que destruye y mata lo que encuentra a su paso. Hoy podríamos obtener el Premio Campeones del Arrastre, antes de que termine el período presidencial de Alvarado, si nos apresuramos a obtener los estudios científicos que solicita la ley.
La pesca de arrastre atrapa no sólo a los camarones silvestres sino a todo aquello que no es camarón: peces, corales, rayas, tiburones, que representan aproximadamente un 80% de lo capturado. Arrasa con todo. Lo que descansa en el fondo marino y lo que flota en el agua. Es una trituradora subacuática.
“Este nivel de destrucción en el fondo y la fauna marinas, no solo afecta al ambiente y otras actividades económicas, sino que termina afectando la misma pesca de camarón, pues al destruir los fondos destruye el hábitat donde prospera el camarón”, señala Jorge Jiménez, director de la ONG MarViva, en un artículo del periódico La Nación. “No existe ningún método de pesca de arrastre que sea sostenible”, concluye Jiménez.
La voz de la ciencia
En relación con la pesca de arrastre, en nuestro país no hemos sabido escuchar la voz de la ciencia. Por ejemplo, durante más de diez años, la ONG MarViva le ha señalado al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) la necesidad de desarrollar un plan de desarrollo costero, pero eso no ha ocurrido. Ese plan permitiría explorar opciones laborales para unas 14.000 personas que viven precariamente de la pesca artesanal.
Los efectos en los ecosistemas se producen a largo plazo. Es imposible e irresponsable intentar medirlos en plazos demasiados cortos. Así lo explica el biomatemático Jorge Arroyo. Sin embargo, el proyecto de ley de la pesca de arrastre establece el plazo de un año para realizar los estudios científicos que demuestren que esa práctica es sostenible.
Finalmente, los científicos del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) y de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) han sido excluidos del proceso de validación de la nueva red denominada AA Costa Rica, que se incluye en el proyecto de ley como una alternativa menos dañina para la fauna marina.
Si el presidente Alvarado no veta el proyecto de ley de la pesca de arrastre incumpliría con una de sus promesas de campaña política. A eso se refiere una serie de publicaciones recientes en redes sociales, titulada “Salí a vetar”. Además, sería incoherente con los principios de conservación y desarrollo sostenible que hemos defendido durante los últimos cincuenta años. En otras palabras, haría retroceder la protección ambiental y habría desprestigiado a las instituciones científicas. Como Trump.
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