La Fundación MarViva fue una de las primeras en levantar su voz la tarde de este jueves, luego de que se consumara la votación afirmativa en segundo debate al proyecto de ley que pretende reactivar la técnica de pesca de arrastre de camarón en el país.

Para la organización, una de las principales opositoras del proyecto, la reactivación no solo no resolverá la crisis socioeconómica de las costas, sino que más bien contribuye al deterioro de los sectores que dependen de los recursos marinos que se verían afectados.

Según comentó el director general de Fundación MarViva, Jorge Jiménez tras la aprobación en el Plenario legislativo:

Lamentamos que la Asamblea Legislativa haya aprobado este proyecto, pese a todos los argumentos técnicos, científicos y jurídicos que se han presentando en contra de él. Este proyecto no resolverá la crisis socioeconómica de nuestras comunidades costeras y más bien contribuye al deterioro de los sectores pesqueros y turísticos que dependen de la sostenibilidad de los recursos marinos”.

La votación este jueves fue de 28 votos a favor y 18 en contra, la cual contrasta con los 26 a favor y 18 en contra que se manifestaron el 27 de noviembre de 2019 en primer debate.

El proyecto aprobado otorga el plazo de un año a Incopesca para que cuente con los estudios científicos y técnicos necesarios que permitan concluir que la pesca de arrastre es sostenible ambientalmente y por ende extender las licencias según los lineamientos que ella defina reglamentariamente.

Hasta ese entonces, la institución únicamente podrá emitir licencias de pesca de arrastre con el fin de llevar a cabo las pruebas o estudios científicos en el mar que se requieran.

Sin embargo, MarViva señala que desde octubre de 2019 trascendió que la licitación para la contratación de las seis embarcaciones camaroneras necesarias para realizar los estudios fue declarada infructuosa, ya que únicamente se habría presentado una oferta que no cumplía con los aspectos de admisibilidad y elegibilidad.

Además, señalan que, contrario a lo aprobado por los legisladores, INCOPESCA también ha reiterado que los estudios requieren, como mínimo, de un período de dos años para su ejecución.

Según Jiménez:

Este proyecto de ley generará inseguridad jurídica, ya que tal y como lo reiteró la Sala Constitucional en su reciente voto, el eventual otorgamiento de licencias dependerá de que el INCOPESCA pueda realizar,  en el plazo de un año, los estudios científicos pendientes. Esos estudios deben confirmar la viabilidad social, económica y ambiental de esta actividad. Sin embargo, a la fecha no hay certeza ni de la realización de esos estudios, ni del financiamiento necesario para ejecutarlo. Es decir, se está aprobando una ley que va a seguir postergando la generación de empleo digno y calificado en las zonas costeras".

Con el proyecto aprobado, la pesca de arrastre de camarón, en cualquiera de sus estados biológicos, estará prohibida dentro de los esteros del país, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquiera otra área delimitada por el Incopesca mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socio económicos.