La Fiscalía General y el Organismo de Investigación Judicial no hacen nada y toda esta gente sigue con sus salarios millonarios, sus pensiones millonarias y las causas prescribiendo”.

Así, con marcada frustración, la Jueza María Victoria Salas Ruiz relató a Delfino.CR el viacrucis que ha vivido desde que decidió exigir rendición de cuentas, frente a la justicia, al grupo de personas que le jubilaron anticipadamente a sus 33 años, en un complejo caso que incluye hasta la clonación irregular de su plaza. En su denuncia acusa a 13 personas, dentro de las cuales destaca el expresidente de la Sala Constitucional, Ernesto Jinesta Lobo.

Del caso ya les habíamos hablado en su momento. En resumen, luego de solicitar en 2016 un traslado desde Guápiles a una oficina con ventilación natural debido a una condición de salud particular —pero que de ninguna manera le impedía trabajar— a Salas Ruiz le surgió una oportunidad para laborar interinamente en San José, donde empezó a trabajar en 2016, como Letrada en la Oficina de Seguimiento de Sentencias de la Sala Constitucional. Actualmente labora también como suplente en el Tribunal de Familia.

Estando en esas labores —y esperando su nombramiento fijo— le avisaron que el Consejo Médico Forense, por orden del Consejo Superior de aquel entonces y sin respetar el procedimiento legal establecido por ley —según lo previno la Jueza y posteriormente lo ratificó el Tribunal Contencioso que la reinstaló— iba a valorarla para determinar si su salud era idónea para “el puesto“, sin conocer siquiera, cuál era el puesto que se iba a “valorar”. Para su sorpresa, pese a advertir la ilegalidad de la decisión del Consejo Superior, la obligaron a valorarse y tras una revisión médica de 15 minutos, se determinó que estaba incapacitada para ejercer cualquier puesto en el Poder Judicial y se ordenó su jubilación inmediata.

La jueza tuvo que interponer una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo, para solicitar su reinstalación de manera preventiva y definitiva. Eventualmente, tras un extenso proceso plagado de contratiempos, logró demostrar en juicio que no padece de fibrosis pulmonar intersticial, como indicó falsamente el Consejo Médico Forense. Como resultado del juicio se ordenó colocarla de vuelta en sus funciones de forma definitiva en junio del 2019, con el pleno goce de sus derechos y una condena total al Poder Judicial.

Dato D+: Antes del fallo definitivo, en diciembre del 2017, el juez Elías Baltodano revocó la reinstalación de la jueza. En su razonamiento, adujo que era una mujer casada que tenía quién velara por sus gastos. Además, en febrero del 2018 el Tribunal de Apelación del Tribunal Contencioso Administrativo confirmó lo resuelto por Baltodano alegando que los dictámenes del Consejo Médico Forense eran “irrefutables”.

En su sentencia definitiva, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección V, también indicó que el actuar del Consejo Superior del Poder Judicial, fue irregular, contrario a la ley y con un claro exceso de poder. Además, remitió testimonio de piezas ante la Fiscalía para que procediera a investigar los hechos acontecidos...

Dato D+: Corte Plena no ha resuelto nada en vía administrativa contra los médicos forenses, ni demás implicados y la Inspección Judicial se encuentra a la espera de que se resuelva el caso en la vía penal... donde tres años después no se ha superado la etapa de investigación... Uno de los médicos forenses ya se jubiló.

Lucha contra la inercia y la impunidad


Recuperar su trabajo, sin embargo, es solo una de las tortuosas cruzadas que emprendió la jurista, pues está dispuesta a exigir justicia y rendición de cuentas a toda la serie de personas que, asegura, coordinaron esfuerzos para expulsarla ilegalmente del Poder Judicial.

Con esa motivación interpuso desde noviembre del 2017, una denuncia penal contra Kattia Salas Abarca, letrada de la Sala Constitucional la y ex Directora de Presidencia del exmagistrado Ernesto Jinesta Lobo; los médicos Max Paguaga López, Rosa Elena Vargas Solano y Mayra Rodríguez Calvo, además de los integrantes del Consejo Superior. Tres años después la causa no ha pasado de la fase de investigación...

Dado que la Fiscalía no ha convocado siquiera a la audiencia preliminar, la jueza empezó a temer que los delitos terminaran por prescribir. “Tres años después la Fiscalía de San Joaquín de Flores no ha hecho la apertura a juicio, no ha señalado la audiencia preliminar... es como si no existiera interés alguno de que este caso camine”.

Agotada por la inercia de la Fiscalía, la jueza decidió avanzar por su cuenta y con apoyo de su abogado: “Si Emilia Navas y Walter Espinoza no se mueven, me muevo yo”. Para Salas Ruiz, es absurdo e inédito, que en un caso como el de ella, que además no es tan complejo (“En mi situación es realmente sencillo comprobar la falsedad ideológica, prueba sobra”), las cosas no progresen, mientras en otros de más alto perfil político, la Fiscalía sí se mueve, “lo cual me preocupa muchísimo”.

“Con Óscar Arias corrieron, ¡en mi caso ni siquiera dictaron medidas cautelares!”.

Lejos de desanimarse, Salas Ruiz se envalentonó y presentó una nueva denuncia, esta vez en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y esta vez mucho más completa, a razón de toda la información que ha logrado recabar por su cuenta en este tiempo.

La denuncia es por una larga lista de delitos: falsedad ideológica, corrupción, favorecimiento personal, favorecimiento real, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, prevaricato, peculado, malversación y alteración de documento público.

¿Los acusados? Mayra Rodríguez Calvo, Max Paguaga López, Rosa Elena Vargas Solano, integrantes del Consejo Médico Forense que la jubiló en siete minutos, después de haberla valorado, el magistrado Jesús Ramírez Quirós, Milena Conejo Aguilar, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla, Hugo Hernández Alfaro, Carlos Chinchilla Sandí, Carmenmaría Escoto Fernández, todas estas personas integraron el Consejo Superior que decidió jubilarla, Ernesto Jinesta Lobo exmagistrado de la Sala Constitucional, Róger Mata Brenes quien en aquel momento era Director de Despacho de Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y actualmente ostenta ese cargo, Kattia Salas Abarca, a la fecha Letrada de la Sala Constitucional y Maricruz Chacón Cubillo, Directora de la Oficina encargada del nombramiento de Jueces y Juezas.

La denuncia (de la que este medio tiene copia) de 70 páginas da cuenta de toda una serie de hechos irregulares, cuya eventual ilegalidad deberá estudiar la Fiscalía, a fin de llevar el caso a juicio. De comprobarse que todo lo denunciado es cierto se trataría de un escándalo mayúsculo para el Poder Judicial, no solo por todo lo que tuvo que sobrellevar la afectada, sino por la respuesta del propio Poder cuando intentó denunciarlo. “Confío en que esta Fiscalía y la Corte Plena, procedan como corresponde y hagan justicia, por el reencuentro de mi paz y la de mi familia, pero además por el bien de la institución”.