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— A inicios de marzo titulamos un punto de El Reporte así: “Seria denuncia sobre Medicatura Forense”. En la entrada les contamos un cuento que todavía hoy —ya resuelto— nos sigue generando preocupación.
— En resumen: María Victoria Salas Ruiz trabajaba como letrada en la Sala Constitucional hasta que en el 2017 la Corte la jubiló a la fuerza, alegando que su estado de salud le impedía trabajar. El tema es que el diagnóstico médico presentado para salir de ella no se sostenía, pues básicamente era un dictamen inventado.
— La propia Salas tuvo que recurrir a la Fiscalía General para llevar el caso a juicio y demostrar que no padece de fibrosis pulmonar y que, a pesar de que sí tiene diagnosticado el síndrome de Sjögren, esta enfermedad no representa impedimento para atender sus funciones.
— Sin embargo, tras una acelerada y sospechosa “valoración”, Medicatura Forense (nada menos) determinó que Salas tenía una pérdida del 67% de su capacidad orgánica para trabajar y por tanto resolvió que estaba permanentemente incapacitada. “El dictamen que me jubila se emitió 7 minutos después que yo me fui (de que salió del consultorio médico). ¿Cómo usted puede hacer un dictamen jubilando a alguien en 7 minutos? Una de dos: o usted lo tiene listo o usted es flash”, nos comentó entonces Salas.
— El número de irregularidades con el “examen” era de escándalo y muy bien lo detallamos cuando publicamos la denuncia. Hoy nos toca informarles que el Tribunal Contencioso Administrativo le dio la razón a la jueza y ordenó su reinstalación definitiva en el puesto que ocupaba. Es decir: tuvo por comprobado que en la Corte se le diagnosticó de forma irregular un padecimiento que Salas no tiene para poder jubilarla contra su voluntad.
— En sentencia emitida el 26 de junio pasado el Tribunal también condenó al Estado a pagar daños y perjuicios a la demandante. Del mismo modo solicitó al Ministerio Público investigar si existió alguna acción irregular por parte del exmagistrado constitucional Ernesto Jinesta Lobo, a quien la jueza denunció por haberle “recomendado” incapacitarse previo a la novela de terror que vivió. Del mismo modo se solicitó investigar a las funcionarias Kattia Salas y Cindy Quesada quienes tramitaron la jubilación y (¡ojo!) la posible clonación de la plaza.
— La problemática en torno a este último tema tiene tieeeeeempo de ser “secreto a voces” en el Poder Judicial. Ahora el gerente del Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República, Rafael Picado López, pasará a conocer este caso en particular. Como quien dice, fueron por lana (intentando remover a Salas) y salieron trasquilados (pues saltó una liebre paralela mucho más compleja). ¿Anomalías contra Hacienda Pública detected? Mucho ojo.
— En cuanto a los tres médicos que la diagnosticaron, empleados del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se les investiga actualmente por el presunto delito de falsedad ideológica. Del mismo modo el proceso interno se sigue en Inspección Judicial, así que a esa harina de otro costal todavía le falta su buen rato para encontrar forma de pan, dona, o ¿tortilla?
