Por Luis Gustavo Ramírez Ramírez – Estudiante de la Escuela de Estudios Generales
Durante los últimos años, el tema de la privacidad de los datos ha aumentado su auge, conforme se desarrolló un aumento tecnológico en el mundo, de manera paralela crece la información que provee su usuario. A través de la historia, en Costa Rica existe el derecho a la autodeterminación, lo que significa que cada persona controla su información personal. A inicios del 2020, se dio a conocer el caso de La Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la cual se encontraba operando hace un año y tenía acceso de información confidencial de personas y entidades de Gobierno, lo que causó controversia y el malestar de la población en general.
En la actualidad, los datos son la materia prima de muchas organizaciones. Nos encontramos inmersos en una época de transformación digital en la que del mismo modo la información crece lo hacen también los desafíos, (…) uno de los retos más relevantes para todo tipo de organizaciones y especialmente para el sector público es el de asegurar un marco ético del uso de los datos que prevenga de todo posible daño y que aumente el bienestar social. (Ortiz de Zárate, 2019).
Siempre se debe procurar el uso adecuado de la información, dentro del marco de la legalidad, evitando posibles daños y buscando el bienestar de la población, caso contrario, se saldría del marco de lo ético ante el uso de la información. En Costa Rica, desde los años noventa se ha reconocido y resguardado el derecho a la autodeterminación por la Sala Constitucional, pudiendo así la persona que se vea afectada ante cualquier situación por un mal uso de su información, solicitar su eliminación. Inclusive, desde el 2011 fue aprobada la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968), por lo que se retoman los principios obtenidos de la Sala Constitucional. Alvarado (s.f.) afirma que “este es un derecho fundamental cuyo amparo no puede estar condicionado a una interpretación normativa (…)”. Por ello, la población costarricense, en general, está sujeta a que se aplique la legislación.
Por otro lado, a inicios del 2020, se descubre la Unidad Presidencia de Análisis de Datos (UPAD), oficina creada por el presidente de la República Carlos Alvarado a principios del 2019. “La investigación se realiza porque el pasado 17 de febrero, un decreto ejecutivo publicado en La Gaceta, el diario oficial, indicó que la unidad de análisis tendría acceso a “información de carácter confidencial” de los ciudadanos” (Le Lous, 2020). La noticia se dio a conocer debido a que el decreto debía ser publicado para ser oficial, luego de esto hubo gran controversia e investigación, por parte de la Fiscalía, ante este panorama la parte ética se encuentra en duda.
Definitivamente, las tecnologías de la información han facilitado sobremanera la vida actual como la conocemos, son herramientas de gran poder, pero también de mucho cuidado. El uso adecuado de la información significa un reto importante para toda organización. Nuestras leyes nos brindan esa satisfacción y sensación de seguridad ante este tipo de situaciones poco éticas; sin embargo, la situación presentada a principios de este año pone en duda si todo se maneja realmente desde el marco de la legalidad ante un uso inadecuado de la información y, por ende, un manejo poco ético de la información.
Efectivamente el hecho de administrar datos requiere de una gran responsabilidad y compromiso. Colmenarejo (2018) afirma que “almacenar, gestionar y utilizar datos, en muchos casos con fines lucrativos, plantea renovados problemas relacionados con la privacidad, la propiedad, la identidad, la intimidad, la confianza o la reputación.” (p. 115). Y es que una mala gestión de los estos propicia a que se den problemas, en este caso específico, por ejemplo, un gobierno que se enfrenta a problemas relacionados con la confianza de su país, y que puede incluso perder credibilidad de sus acciones y compromisos, lo que afecta considerablemente su reputación. Y es que no solo se ve afectada la reputación de la figura presidencial como tal, sino que se ve afectada la agrupación política que representa; además de que el país puede verse afectado a nivel internacional ante los ojos de inversión extranjera, ya que este tipo de noticias pueden ser consideradas por las grandes empresas atentas al acontecer nacional para colocar su capital en el país.
