El director del Programa Estado de la Nación (PEN), Jorge Vargas Cullel, presentó las bases metodológicas que seguirá la Mesa de Diálogo Multisectorial que ha sido convocada por los presidentes del Poder Ejecutivo y Legislativo, y para la cual el PEN ha aceptado mediar.

Según los detalles dados a conocer, el plazo para las negociaciones será de un mes a partir de la sesión inaugural, y se realizará en un terreno neutral “ampliamente reconocido por la ciudadanía como legítimo”. En total la mesa constará de 29 miembros, cuatro representantes del Poder Ejecutivo y 25 de la sociedad civil, además del acompañamiento por parte de la Asamblea Legislativa.

Adicionalmente, se señaló que la primera etapa del diálogo social tiene un enfoque de resolución de un problema crucial e inmediato. Según detalla el documento firmado por Varlas Cullel, el diálogo deberá resolver el siguiente problema:

¿Cómo lograr una mejora permanente de al menos 2.5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario del gobierno central y una disminución a corto plazo del monto de la deuda pública (de unos 8 puntos porcentuales del PIB), mediante una mezcla de acciones de ingresos, gastos y gestión del endeudamiento público, para evitar que el Estado caiga en una cesación de pagos?

Además, la solución que se recomiende desde la mesa multisectorial deberá cumplir con los siguientes parámetros:

  • Balance entre rubros: no significa que el peso de los ajustes por el lado de los ingresos y los gastos pesen igual en la solución recomendada del problema, sino que se procurará maximizar el aporte que hace cada rubro a esa solución.
  • Balance social y productivo: ningún sector debe ser exento de una cuota de sacrificio,
  • Protección social: procurar proteger hasta donde sea posible a los sectores de menor ingreso.
  • Realismo: las medidas propuestas deben alcanzar las metas cuantitativas planteadas, y para ello sus rendimientos deberán ser verificados por equipos técnicos independientes.
  • Reactivación económica: incluir acciones para impulsar el crecimiento económico, como tanto para apoyar la efectividad del ajuste fiscal como para cumplir con otros objetivos que los participantes del diálogo acuerden.

Como resultado de la Mesa se presentará un informe final que contenga los acuerdos y los desacuerdos de la mesa de diálogo en relación con las soluciones que se recomiendan adoptar para resolver el problema planteado. Los participantes tendrán el derecho de consignar (con su firma) su discrepancia con aquellas recomendaciones que no avalan.

El informe contendrá, en todos los casos, la especificación de la medida recomendada y, cuando corresponda, el rango mínimo y máximo aceptable de los objetivos de generación de ingresos, tasas impositivas y recorte de gasto que los participantes acuerden. También es aceptable que los integrantes acuerden definir un “menú” de opciones que están dispuestos a aceptar para atender un objetivo.

Cómo requisito adicional para el proceso de diálogo el Poder Ejecutivo se comprometió a que las acciones de política pública que diseñe el gobierno en materia de la emergencia fiscal a partir del acuerdo se enmarquen dentro de los acuerdos a los que se llegue en esta primera ronda del diálogo social. Esto significa que:

  • Las acciones de política pública se diseñarán dentro de los rangos mínimos y máximos, o el menú de opciones, establecidos en todas las recomendaciones suscritas por la mayoría de los integrantes de la mesa de diálogo.
  • No se incluirán asuntos que no han sido acordados por la mesa de diálogo.

En aquellos asuntos en los que no haya sido posible una recomendación de mayoría de los integrantes de la mesa, el Poder Ejecutivo tendrá libertad para proceder según sus criterios. Lo mismo ocurrirá si los acuerdos no logran demostradamente alcanzar los objetivos de política que ambos presidentes de los Poderes de la República propusieron que el diálogo resuelva.

Representación en la mesa

La representación del Poder Ejecutivo estará conformada por cuatro jerarcas que expresarán el balance entre el equipo social y económico del Gobierno. Estos jerarcas serán los de los ministerios de de Hacienda (Elian Villegas Valverde), Trabajo (Geannina Dinarte Romero), Desarrollo Humano (Juan Luis Bermúdez Madriz) y Planificación y Política Económica (Pilar Garrido Gonzalo). El Ejecutivo designará, además, hasta cuatro suplentes.

Estas personas tendrán voz y voto por cuanto es el Ejecutivo el poder de la República qué está asumiendo un compromiso sobre los resultados del diálogo.

Los sectores de la sociedad civil tienen asignados 25 representantes, distribuidos de la siguiente manera:

El procedimiento para la designación para cada sector será el siguiente:

  • Representantes de los sectores sindical, comunal, solidarista y cooperativista este último con dos puestos, serán designados por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.
  • Cuatro puestos serán designados por el sector empresarial. Se invitará a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Camara de comercio de Costa Rica (CCCR), Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), Federación de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica (Fedecámaras) y el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), para que, mediante acuerdo entre ellas, los designen.
  • Los tres puestos adicionales de los sindicatos serán designados por las Confederaciones sindicales, las organizaciones sindicales magisteriales y el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco).
  • Los dos puestos adicionales de las cooperativas de la columna serán designados por el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop)  y el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).
  • El puesto de solidarismo será designado por acuerdo entre Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (Concasol) y la Escuela Social Juan XXIII.
  • Los dos puestos de los productores agrícolas serán designados por la Alianza Nacional Agropecuaria.
  • Los dos puestos de las organizaciones de mujeres serán designados por el Foro de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
  • Los dos puestos de las iglesias serán designados por la Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica, respectivamente.
  • El puesto designado para los estudiantes universitarios será designado por las federaciones estudiantiles de las universidades públicas afiliadas al Conare.
  • El puesto designado para las agencias de desarrollo económico local será designado por la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Económico Local.
  • Los dos puestos de las municipalidades serán designados, por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).

Dato D+: Las personas que participen de las actividades presenciales deberán presentar una prueba de COVID-19 de, por lo menos, 72 horas antes del inicio de las sesiones presenciales de trabajo.

Todos los representantes nombrarán tanto las personas titulares como suplentes para participar de la mesa, las personas que sean suplentes solo podrán asistir cuando el titular no pueda presentarse. Adicionalmente, en caso de una falta de acuerdo interno dentro los sectores, el Programa Estado de la Nación aplicará un criterio de representación con base en la cantidad de afiliados de las organizaciones que hayan interpuesto postulaciones competitivas, para designar los cupos.

Todas las personas que participen en la mesa de diálogo deberán tener la representación del sector para tener la legitimidad de tomar los acuerdos necesarios, podrán consultar a sus bases cuando sea necesario pero deben tener la capacidad legal de firmar los acuerdos. Además, deben comprometerse a participar de buena fe y comprometerse con la metodología de la mesa.

Adicionalmente, se solicitó a los distintos sectores a comprometerse a mantener la equidad de género en la representación y que todas las personas sean de amplia trayectoria en la discusión de los problemas económicos del país y con conocimiento técnico del tema en discusión.

Por su parte, la Asamblea Legislativa acompañara el proceso con 9 diputados que designen las fracciones legislativas (7) y los diputados independientes (2), quienes no tendrán voz ni voto en las discusiones de la mesa, pero estarán en un cuarto adjunto como observadores y para atender consultas de la mesa cuando así se requiera.

Dato D+: El bloque de diputados independientes a fines a Fabricio Alvarado ya señalaron su negativa a participar, porque no fueron consultados antes de la convocatoria y por no tener voz y voto en la mesa de negociación.

Acuerdos

Los acuerdos de la mesa de diálogo se adoptarán por medio de una regla de mayoría: se considera acuerdo formal cuando haya sido votado afirmativamente por la mitad más una de las personas titulares integrantes o de los suplentes debidamente acreditados para sustituirlo -independientemente del quorum específico el día de la votación.

Toda votación en el recinto es un acuerdo firme en uno u otro sentido. No se permitirán votos condicionales, cuya validez esté supeditada a ulteriores “votos de las bases”.

Según quedaron establecidas las reglas básicas para el proceso de discusión serán las siguientes:

  • Todas las personas integrantes tienen el derecho de participar en una sesión las veces que consideren necesario.
  • En una sesión, cada primera intervención será por un máximo de 10 minutos de duración. Sucesivos turnos por parte de la misma persona participante, tendrán un máximo de 5 minutos de duración.
  • El moderador tiene la potestad dar la palabra y de reconducir el debate, si considera que la persona integrante no se atiene a la agenda del día.

Adicionalmente, el PEN podrá readecuar las reglas, en consulta con las personas participantes, cuando lo considere necesario.

En las minutas de las reuniones se señalarán los temas que fueron discutidos así como los acuerdos o desacuerdos a las que se hayan llegado por medio de votación. En ningún caso se consignará las opiniones específicas de los participantes, para incentivar la máxima flexibilidad y sinceridad en el intercambio de opiniones. Todas las personas integrantes que participen se comprometen a aceptar esta regla. Además, cualquiera de las partes podrá solicitar al ente facilitador un receso antes de una votación.

Dato D+: Según señala el documento metodológico, el PEN tendrá la facultad de de dar por concluido el proceso de diálogo si considera que los integrantes de la mesa no están negociando de buena fe, o que el diálogo está en un punto muerto.

Como instancia facilitadora del proceso, el PEN tendrá la potestad de revisar todo documento que vaya a ser sometido a votación, ser la vocería oficial del proceso de diálogo encargada de informar los resultados obtenidos, además, será el encargado de realizar las convocatorias a las sesiones de trabajo, interpretar las reglas de la discusión, moderar los debates y coordinar la logística de la mesa.

Para cumplir con este rol, el PEN dará a conocer las personas que colaboraran en la gestión administrativa de los eventos, así como un Panel de expertos que dará su criterio técnico sobre las propuestas. Adicionalmente, habrá un equipo técnico del Banco Central y del Ministerio de Hacienda que tendrá la tarea de modelar los impactos de las medidas que se discutan en la mesa de diálogo.

En una reunión realizada el día de hoy con los jefes de las fracciones legislativas Vargas Cullell comentó que para aceptar la invitación a ser mediador del diálogo hizo la solicitud expresa de que la convocatoria se realizara de manera conjunta –y simbólica- entre las presidencias de los dos Poderes, ya que son ellos son los encargados de actuar y de esta forma se define la participación de estos actores.

Además, Vargas Cullel solicitó, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, darle una oportunidad al diálogo y no intervenir hasta que se obtengan los resultados.