Tras más de 12 horas de sesión continúa este martes a las que habría que sumar las horas de sesión del lunes, la Comisión de Hacendarios dictaminó el presupuesto nacional para el año 2021 entre fuertes reproches entre diputados de oposición y el oficialismo; y una promesa poco creíble del Poder Ejecutivo de que en enero del otro año enviará un recorte de gastos por 150 mil millones de colones.

Recapitulemos brevemente: 

El Reglamento de la Asamblea Legislativa dispone en el artículo 204 que las mociones al presupuesto nacional deben votarse, a más tardar, las 11:30 pm del 20 de octubre de cada año. Pasada esa hora, todas las mociones que hubiesen quedado pendientes de discutir y votar se consideran automáticamente rechazadas.

¿Cómo influyó esa disposición en este proyecto? Un total de 74 proposiciones que en su conjunto contenían recortes por 193.371 millones no pudieron ser votadas.

¿Por qué? Cada diputado, miembro o no de la Comisión, puede hablar 15 minutos a favor o en contra de cada moción. Como ya es de todos sabido, el PAC inició el lunes y continuó este martes una estrategia de usar el tiempo para hablar por las mociones, con el fin de dilatar la aprobación de las mismas. Aunque la oposición señaló tal táctica, ellos mismos cayeron en la trampa al también hacer intervenciones para responder a los oficialistas, causando que -por ejemplo- en una sola moción se llevara más de una hora de discusión, para al final rechazarla por unanimidad.

¿Fue así hasta finalizar la sesión? Más o menos. En horas de la tarde la oposición anunció que había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para hacer recortes por 150 mil millones de colones y que, las eventuales afectaciones que comprometieran el funcionamiento básico de las instituciones afectadas, serían subsanadas vía presupuesto extraordinario en el mes de enero. El PAC, por su parte, anunció que no había acuerdo o negociación con la oposición -al menos de parte de la fracción legislativa-, pero que para permitir que las mayorías se impusieran, acortarían el uso de la palabra, pero no darían su voto para mociones que afectaran gravemente la operación de las instituciones.

¿Se cumplió? Casi. Cuando la sesión se reanudó, después de varios recesos, efectivamente el PAC no hizo uso de la palabra en las mociones. Sin embargo, llegó el momento de analizar las presentadas por el diputado José María Villalta, quien naturalmente usó todo su tiempo para defenderlas. Cuando correspondió discutir las mociones para recortar al presupuesto del Ministerio de Cultura, Comisión Nacional de Emergencias, Conapam, entre otras, las largas intervenciones volvieron a la comisión.

De las 180 mociones presentadas: 19 fueron aprobadas, 58 con recortes por 264.961 millones fueron retiradas (incluidas dos de recorte a gastos de la Asamblea Legislativa), 30 con recortes de 18.386 millones fueron rechazadas por votación y 74 con recortes por 193.371 millones fueron rechazadas automáticamente al haberse llegado a las 11:30 pm.

De las 19 mociones aprobadas, solo 10 realizaron modificaciones numéricas en las partidas presupuestarias.

A partir de acá, entramos en detalle: 

La moción 57 del diputado José María Villalta, aprobada por unanimidad, aumentó el endeudamiento interno por 25.196 millones de colones para darle esos recursos al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI); lo mismo que la moción 59 que hizo lo mismo pero por 3637 millones de colones.

La moción 67 de los diputados María Inés Solís y Pablo Heriberto Abarca fue aprobada con 9 votos a favor y 1 en contra. Esta recorta 423.609.553 colones al presupuesto de la Contraloría General de la República, de los cuales 392.235.153 colones se destinarán a amortizar deuda y 31.374.400 colones fueron recortados en la emisión de bonos de deuda interna, es decir, fueron recorte efectivo al presupuesto.

Dicha moción, sin embargo, es una de las varias que la propia Contraloría advirtió a los diputados causaría afectaciones graves al funcionamiento del Ente Fiscalizador de la Hacienda Pública pues provoca lo siguiente:

  • Recorta en tres cuartas partes el pago de tiempo extraordinario, imposibilitando el cubrir horas extras en los servicios de seguridad y de transportes, lo cual pone en riesgo los activos y la información con que cuenta la Contraloría General; además de los servicios de fiscalización en aquellos casos donde se requiera movilizarse fuera del horario ordinario.
  • Afecta el pago del correo electrónico así como de todas las herramientas colaborativas que se utilizan diariamente en el ejercicio de sus atribuciones; la renovación de certificados de firma digital; el pago de las direcciones IPv6 y obstaculizar el pago y la protección de los dominios cgr.go.cr y cgrcrc.com, con lo cual se afecta el acceso a Internet, entre otras afectaciones en materia tecnológica.
  • Imposibilita pagar la mensualidad del convenio con SICOP, afectando todo el proceso de contratación que como administración activa realiza la Contraloría.
  • Afecta los procesos de fiscalización al disminuirse consideradamente los recursos para atender la contratación de asesorías especializadas que vengan a coadyuvar con dicho proceso.
  • Afecta el pago de contrataciones vigentes, generando el riesgo de demandas para el Estado al no poder realizar los pagos respectivos; al tiempo que se ponen en riesgo equipos críticos de la institución a los cuales se les estaría negando la posibilidad de que se realicen los mantenimientos que sean requeridos (red alámbrica e inalámbrica, central telefónica, ascensores, tanques de agua, etc.).
  • Imposibilita la publicación en el Diario Oficial La Gaceta y otros, de normativa que en el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales emite la Contraloría General de la República, afectando la vigencia de la misma, así como el llamado a audiencia pública en el caso de cánones y otros.

La Contraloría, y el resto de instituciones públicas, también se verán severamente afectadas tras la aprobación de la moción 66 presentada por los mismos diputados socialcristianos y votada por 8 vs. 2, con la cual se prohíbe a todos los órganos que conforman el presupuesto nacional suscribir contratos de asesoría o consultoría de cualquier tipo.

La CGR afirmó que tal medida afectará los procesos de fiscalización en materias particulares y especializadas, para los cuales dichos servicios son un insumo indispensable. Además en caso de vencimiento de los contratos en materia de seguridad informática estos no podrían contratarse nuevamente poniendo en riesgo tanto la plataforma tecnológica institucional como la información que en esta almacena.

La moción 68 de los socialcristianos también fue aprobada en votación 9 vs. 1 y con ella se recortaron 750.850.755 colones al Ministerio de Comercio Exterior. Esos recursos corresponden a un recorte del 75% en la partida de horas extra, 20% menos en alquiler de edificios, locales y terrenos, 75% menos para viáticos y transporte dentro y fuera del país; 25% menos para mantenimiento de edificios y terrenos.

En materia de política comercial externa se recortó el 50% para información, 75% de los recursos para servicios jurídicos utilizados para la contratación de profesionales en conflictos inversionista-Estado; 75% menos en servicios en ciencias económicas y sociales para la contratación de profesionales en materia de comercio exterior y resolución de controversias inversionista-Estado; 75% menos en servicios de gestión y apoyo; 75% menos en partidas de transporte y viáticos dentro del país y 20% de recorte en recursos de bienes intangibles.

La moción 72 del PUSC fue la que asestó el polémico golpe al presupuesto del Ministerio de Cultura, el cual para este año ya estaba recortado en 8,7%. Se le quitaron 4.126.307.837 colones, lo cual lleva el recorte del presupuesto versus al del 2020 a 14,5%. ¡Y pudo ser mayor! Dos mociones del PLN pretendían recortes por 6400 millones y 1241 millones (-16.09%), con lo cual el recorte al presupuesto de esa cartera habría llegado a -30.59%.

LEA: Aprobada moción que reduce más de 4 mil millones al Ministerio de Cultura

Con la moción 99 del PLN aprobada con 8 votos a favor y 2 en contra se recortaron 582 millones de colones al presupuesto de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, acá hay trampa: había otras mociones que hacían recortes más importantes, pero fueron retiradas por sus proponentes. El Congreso también había dicho que aprobar esas mociones afectaría su operación, y es evidente que ellos sí hicieron caso en no tocarse su presupuesto, pero no aplicaron lo mismo para las otras instituciones que hicieron la misma alerta.

La moción 102 del PLN fue aprobada con 8 votos a favor y 2 en contra. Con ella se recortan, netamente, 166.972.581 colones a la Defensoría de los Habitantes, producto de recortes del 50% en las partidas de pago de agua, luz; eliminación de horas extra y suplencias, así como rebajos en alquileres, información, servicios de tecnologías de información, transporte y viáticos. La moción 103 de los verdiblancos aprobada por 8 vs. 1 realizó otro recorte de 11 millones a la Defensoría, esta vez en bienes intangibles.

La moción 104 también de los pericos aprobada por 6 vs. 3 realizó un recorte de 618.621.951 colones a la Casa Presidencial. Sin embargo, esos montos correspondían a transferencias para viaje, transporte, capacitación, protocolo y toda la partida de materiales de construcción y mantenimiento para Conapam; 41% de recorte a la partida de alquileres, eliminación de horas extra, recorte de 50% en agua y luz, eliminación de correo, recorte del 50% para tratamiento de desechos médicos y 50% de recorte a todas las subpartidas de mantenimiento y reparación del Servicio Civil.

Al Tribunal del Servicio Civil le redujeron la mitad del rubro de dietas, sin reforma legal que lo autorizara de por medio; el 50% de los rubros para pago de agua, luz y materiales de limpieza; mientras que a Presidencia le eliminaron pago de horas extra, mitad de agua y luz, gastos de viaje, transporte y actividades protocolarias. A la Comisión Nacional de Emergencias le eliminaron la partida para viajes y transporte dentro de país, textiles y vestuario; así como las transferencias al SICA y CEPREDENAC.

Finalmente, la moción 106 del PLN aprobada por 10 vs. 1 realizó un recorte de 427.312.729 colones al Ministerio de la Presidencia: eliminadas las horas extra, 4% menos por anualidades, 16% menos para alquileres, 50% menos para agua, luz y materiales de limpieza; eliminación de partida de viaje y transporte; recorte a la DIS del 50% de agua, luz, tecnologías de información, mantenimiento, reparación de equipo de transporte, combustible, materiales de limpieza; 50% menos a la Unidad Especial de Intervención para agua, luz, tecnologías de información; y al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) le eliminaron viajes y transportes, gastos confidenciales y transferencias a organismos internacionales.

Y hasta ahí fue posible llegar. La oposición usó los últimos minutos para recriminarle al PAC las tácticas dilatorias que usó, por lo que votarían en contra del presupuesto y auguraron tiempos oscuros para el país, dado el elevado nivel de deuda respecto al PIB que tendrá el país para este y los años venideros.

Al final, dos votaron a favor: Nielsen Pérez y Laura Guido de PAC; los restantes nueve votaron en contra.

Acá se abre todo un abanico de nuevas dudas sobre qué ocurrirá o qué podría haber ocurrido. ¿Qué habría pasado si los 11 rechazan el presupuesto en Comisión? ¿Puede la oposición presentar un dictamen negativo siendo que la Constitución no permite a los diputados rechazar el presupuesto nacional en Plenario, sino que este debe ser aprobado, a diferencia de la posibilidad de rechazo que sí tiene un proyecto de ley ordinario?

Son preguntas cuyas respuestas podremos conseguir en los próximos días. Por lo pronto, lo cierto es que vienen días de fuerte debate en el Congreso y aún queda una hoja de doble filo: el artículo 205 permite que el Plenario se convierta en comisión para analizar el presupuesto, previa aprobación de una moción de orden, con lo cual se abren cinco días plazo para presentar nuevas mociones de modificación al presupuesto. Decimos que es de doble filo pues pueden presentarse, y eventualmente aprobarse, tanto mociones de recorte, como mociones que aumenten los gastos.

Y hablando de aumento de gastos... tras hacer la matemática sale el número que titula este reporte: los diputados recortaron en total 8.321.227.502 colones en distintas partidas; pero de ese monto 6.168.395.139 colones los pasaron a pagar deuda y 2.152.832.363 colones los aplicaron como recorte efectivo del monto global del presupuesto. Sin embargo, dado que aprobaron dos mociones que aumentan el endeudamiento interno por 28.833.100.000 colones, el presupuesto 2021 a como salió de la Comisión de Hacendarios crece en 26.680.267.637 colones; es decir, 0.23% más que lo originalmente planteado por el Ejecutivo, llevando el total global del plan de gastos del Gobierno Central y órganos desconcentrados a 11.475.250.265.980 (11 billones 475.250 millones 265.980 colones), de los cuales más del 55% deberán financiarse con deuda.

Brote de COVID-19 paraliza las comisiones

Mientras una batalla campal tenía lugar en la Comisión de Asuntos Hacendarios, la administración de la Asamblea Legislativa anunciaba que se detectó un brote de COVID-19 vinculado a la mudanza a las nuevas instalaciones, el cual deja ya 14 personas infectadas: 9 funcionarios administrativos y 3 asesores legislativos.

De los 14 positivos, siete corresponden a casos por prueba y siete por nexo epidemiológico. Hay tres funcionarios más a la espera del resultado de la prueba y se estudian nexos que afectan las comisiones de Agropecuarios, Gobierno, Sociales, Jurídicos, Redacción, Internacionales y Económicos.

Debido a todo lo anterior, el Departamento de Servicios de Salud del Congreso ordenó el cierre del Departamento de Comisiones desde el 20 al 31 de octubre, a excepción de la Comisión de Hacendarios, la cual estará en esa condición solo por una semana, pues pasado ese tiempo también deberá aislarse hasta el 31 de octubre.

En total, son 40 funcionarios legislativos los que deberán irse a aislamiento preventivo. Mientras tanto, las áreas de trabajo deberán ser desinfectadas y limpiadas.