El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate, por unanimidad, un proyecto de ley que pretende sacar a las Municipalidades de la lista de instituciones que están obligadas a aportar al Fondo Nacional de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Se trata del expediente 21.217 presentado el 15 de enero de 2019 por Pablo Heriberto Abarca Mora del PUSC y otros 12 diputados.
La iniciativa inicialmente pretendía adicionar un párrafo final al artículo 46 de la Ley 8488 para que las municipalidades y los concejos municipales de distritos no fueran sujetos obligados al pago del 3% de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total, que cada una de ellas reporte; recursos que deben ser depositados al Fondo Nacional de Emergencias para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
Además, la iniciativa en su texto inicial pretendía incluir un transitorio con el fin de condonar a todas las municipalidades y concejos municipales de distrito el pago de los montos adeudados a la fecha de la entrada en vigencia de lo que sería la ley.
Para justificar el proyecto, sus proponentes afirmaron que en muchas municipalidades la mayoría de sus ingresos son de capital (especialmente por la Ley 9329 para atender la red vial cantonal), por lo que dicho cobro realizado por la CNE repercute grandemente en su operatividad y prestación de servicios.
Tras analizar el proyecto en comisión y atender las audiencias realizadas, la Comisión de Asuntos Municipales acogió la recomendación de la CNE de aprobar un texto sustitutivo de modo que se mantenga la disposición de destinar 3% de sus superávit, pero ya no al Fondo Nacional de Emergencias, sino a un fondo de las propias municipalidades para gestión del riesgo, prevención y atención de emergencias.
Asimismo, se modificó el transitorio inicialmente propuesto para que se condonen las deudas e intereses, resolviendo el cobro retroactivo a 2014 que la CNE ha estado haciendo a las municipalidades.
Aunque la CNE también planteó un impuesto contra las municipalidades que evadan la responsabilidad de destinar los recursos correspondientes a su fondo local de emergencias, con el fin de destinarlos al Fondo Nacional, la Comisión Legislativa rechazó tal idea por considerarla "excesivamente burocrática y generaría nuevos trámites que no agregan valor".
Como argumento para apoyar la iniciativa, la Comisión de Asuntos Municipales afirmó que el monto que deben cancelar las municipalidades de acuerdo con la Ley excede la capacidad de los gobiernos locales, es irracional y desproporcional. Esta situación ocurre porque la CNE varió un criterio que sostuvo por años de no cobrar el tributo a los gobiernos locales, y cuando lo varió inició un proceso de cobros retroactivos.
Según datos del expediente legislativo, el monto sobre los superávits de 2014 a 2015 que la CNE pretende cobrar ya fue utilizado por las municipalidades al incorporarlo en los presupuestos subsiguientes y por ende, no es responsabilidad de los Gobiernos Locales que la CNE haya cambiado de criterio en 2018.
En total, se estima que la CNE cobra a los gobiernos locales más de 7891 millones de colones para el Fondo Nacional de Emergencias correspondiente al 3% de los superávits libres de las municipalidades registrados desde el año 2014.
Por estas razones, al considerar los diputados y diputadas que suscribimos el dictamen que los montos que las municipalidades tendrían que trasladar a la Comisión Nacional de Emergencias carecen de fundamento, son desproporcionados, no obedecen a la realidad, y más aún en la actualidad que los recursos del Régimen Municipal se han visto minados por la crisis económica que atraviesa el país y el mundo debido a la Pandemia COVID-19, se propone el presente dictamen unánime afirmativo para resolución del Plenario Legislativo.
En el Plenario la propuesta recibió 42 votos a favor y ninguno en contra, por lo que queda listo para su votación en segundo debate.
Reivindicación para Rafael Ángel Calderón Guardia
44 diputados aprobaron por unanimidad, este lunes, derogar las leyes 322 y 840 promulgadas por la Junta Fundadora de la Segunda República con las cuales se declaró Traidor de la Patria y se ratificó tal acto contra el expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia.
Esta iniciativa fue presentada por el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank Smith, luego que se presentara un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa por mantener vigentes ambas leyes en perjuicio de Calderón Guardia, a pesar de que se entendían derogadas tácitamente luego que el Congreso lo declarara Benemérito de la Patria el 17 de abril de 1974.
El proyecto recibió 44 votos a favor y ninguno en contra.
Breves
— La Comisión de Asuntos Económicos aprobó una moción al proyecto del diputado José María Villalta para rebajar la deuda política de las próximas elecciones nacionales y municipales a 0.10% del Producto Interno Bruto (PIB), la disminución más significativa de todas las que han sido aprobadas en la misma línea en años anteriores. Con ello se pretende un ahorro de más de 30 mil millones de colones. El proyecto pasa ahora al Plenario para el trámite de mociones de reiteración, discusión y votación en primer debate.
