Catalina Crespo fue electa como jerarca de la Defensoría de los Habitantes el 12 de diciembre del 2018 de la mano de 33 votos de diputaciones en la Asamblea Legislativa y a pesar de críticas como su cercanía al entonces ministro de la presidencia, Rodolfo Piza, el intenso e inusual lobby realizado o su desconocimiento técnico. Su gestión ha estado plagada de cuestionamientos por diversas razones, pero esto converge en un tema más grave: La pérdida de credibilidad que podría sufrir (o ya está sufriendo) la institución nacional encargada de la defensa y promoción de derechos humanos.
Un hecho que podría ejemplificar de mejor forma la falta de criterio con la que ha laborado Crespo es su intervención en el caso UPAD. Esto va desde su llegada a Casa Presidencial con un “protocolo” que giraba en torno a lucirse, eliminar referencias en el informe de la investigación y favoreciendo con eso a Rodolfo Piza, perder audios de las entrevistas y hasta terminar siendo denunciada penalmente por algunas de sus actuaciones. Este caso, como se ha querido tergiversar, no es la única razón por la que se le cuestiona.
De hecho, la rendición de cuentas anual de Crespo ante la Asamblea Legislativa prácticamente se volvió en un espacio para que diputaciones de múltiples partidos le reprocharan el giro que ha tomado la institución con su cuestionada gestión. Recibió múltiples cuestionamientos y luego, diputaciones de casi todos los grupos legislativos (menos Restauración Nacional y el Frente Amplio) presentaron una moción para integrar una comisión especial que investigue si cometió negligencia notoria o violaciones graves al ordenamiento jurídico.
El Consejo de Directivo de la institución tenía como parte de sus funciones analizar la participación y actuaciones de la Defensoría y hacer observaciones que se consideren necesarias. Dicho órgano cuestionó su trabajo y días después le pidió considerar su renuncia al cargo. También 54 personas funcionarias de la institución indicaron en un comunicado público que la institución carece de dirección estratégica desde el despacho de la defensora y que su permanencia hace muy difícil encauzar la gestión con la confianza y credibilidad que se requiere.
La reforma unilateral del Consejo Directivo que ejecutó la defensora no fue poca cosa: cambió completamente su constitución y la dejó a decisión de la defensora, cambió su naturaleza jurídica, redujo sus funciones, eliminó completamente sus formalidades de procedimientos, suprimió la Secretaría Técnica y no previó ninguna regulación sobre su funcionamiento. Todo esto tiene un claro objetivo: debilitar la figura y eliminar las funciones contraloras de un órgano que le cuestionó y pidió su renuncia. Esa actitud revanchista contra el funcionariado deteriora el ya afectado funcionamiento interno de la institución. Peor aún, intentó justificar esto a raíz de un criterio de la Contraloría General de la República, asunto que la institución desmintió.
Los cuestionamientos a la gestión de Crespo no vienen solo de casi todos los partidos políticos con representación legislativa ni del funcionariado interno de la institución, también desde la ciudadanía. En una carta abierta, 138 organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos le pidieron la renuncia al señalar que desgraciadamente no ha cumplido con las características necesarias para el cargo y que ha manipulado en lugar de reconocer con humildad sus limitaciones técnicas y profesionales. La carta señala que se ha atentado directamente, con actuaciones y omisiones, contra el Estado Social de Derecho y la legitimidad de la institución. Las justificaciones no son pocas y parten del conocimiento de primera fuente sobre el trabajo que realiza la institución.
Las organizaciones de sociedad civil también enviaron una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickhank solicitando una investigación de ese órgano al que está adscrita la Defensoría de los Habitantes. También lo hicieron 81 funcionarios de la institución solicitando la apertura de una investigación a raíz de la decisión de reformar las funciones y conformación del Consejo Directivo de la institución.
Ante la noticia de que sería investigada en la Asamblea Legislativa, la defensora está preparando una interesante ofensiva a partir de una serie de consultas a la Asesoría Legal de la institución. Esa ofensiva incluye cuestionar si efectivamente la Asamblea Legislativa es su superior jerárquico. Una simple lectura de la legislación podría responder esto: “La Defensoría de los Habitantes de la República está adscrita al Poder Legislativo” reza el artículo 2 de la ley que crea la institución. Ni siquiera implica una lectura cansina de demasiadas páginas, pero además Crespo debería conocer de sobra la legislación que le aplica a su puesto.
La defensora también enfrenta una investigación ante el Tribunal Supremo de Elecciones y la Procuraduría de la Ética Pública, a raíz de una denuncia presentada por el Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes y que acogieron algunas diputaciones. Aparentemente, Crespo participó en actividades proselitistas del PUSC durante la campaña municipal y ante la prohibición expresa de participación en ese tipo de actividades la legislación establece que es una falta grave y da lugar a destitución por justa causa.
Sobre esa relación con el PUSC otro aspecto preocupante es la instalación de la comisión legislativa que investigará las actuaciones de Crespo porque no podría resultar más irónica: Es presidida por la diputada María Inés Solís, de ese partido, y quien ha defendido a la defensora, incluso indicado que quienes atacan su funesta gestión lo hacen por “revanchismo”.
Recordando una de sus desafortunadas defensas, en julio la diputada señaló que Crespo “debe asegurarse que cualquier jerarca del gobierno debe cumplir con la legalidad y la jurisdicción constitucional”; tristemente pareciera que en su momento la diputada no pudo darse cuenta de que ese criterio también debe aplicar a su defendida. Un lamentable dicho común que ilustra esta forma de hacer política: “Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”.
La labor de Catalina Crespo al frente de la Defensoría de los Habitantes es peligrosa para la legitimidad de una institución encargada de proteger y promover los derechos humanos. ¿Quién nos defiende entonces de una gestión absolutamente mediocre y perjudicial? Le tocará a la Asamblea Legislativa decidir si mantiene a Crespo en el cargo o toma la decisión correcta y urgente: destituirla.
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