Los diputados del Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso tenían previsto dictaminar este miércoles un proyecto de ley que pretende rebajar en 50% el cobro del Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos, Aeronaves y Embarcaciones para el año 2021, uno de los rubros principales del marchamo.
Sin embargo, el haber excluido al Partido Acción Ciudadana (PAC) de esa conversación devino en que los diputados oficialistas presentaran 16 mociones que frenaron el proyecto, al menos por unos días. Esta situación llenó de tensión la sesión del foro legislativo.
La diputada Paola Vega del PAC criticó que se pretendiera dictaminar de forma rápida un proyecto nuevo que: no tenía informe del Departamento de Servicios Técnicos, no fue enviado a estudio de subcomisión, no se hicieron las consultas obligatorias ni se solicitó criterio de la parte afectada: el Gobierno Central, específicamente el Ministerio de Hacienda.
No fue sino hasta hoy que, ante la pretensión de darle visto bueno al proyecto, Hacienda advirtió que la iniciativa generaría un hueco de 80 mil millones de colones, equivalente a 0,23% del Producto Interno Bruto. La situación se agrava porque la iniciativa no dispone una compensación para esos ingresos que dejarían de percibirse y que van destinados 50% a la Caja Única del Estado y 50% al mantenimiento de la Red Vial Cantonal.
A pesar de la alerta de Hacienda, los diputados defensores de la iniciativa afirmaron que no solo el Estado está en crisis, sino también la población. Sobre el señalamiento de que reducir el impuesto obligaría a buscar deuda en el mercado local a altas tasas de interés, no hubo señalamiento alguno.
Las 16 mociones presentadas fueron dispensadas de lectura para agilizar su trámite; sin embargo, el Reglamento establece que a favor de la moción podrán hablar hasta dos diputados por un tiempo máximo de 15 minutos en su conjunto; y 15 minutos dos diputados como máximo en contra.
La diputada Paola Vega planteó que el impuesto se reduzca en 20%, 15%, 10% o 5% (dependiendo de la moción) solo para los obligados que demuestren ante el Ministerio de Hacienda una afectación sustancial de sus ingresos. Otras mociones de ella pretenden que el rebajo sea del 20%, 10% o 5% únicamente para personas propietarias de vehículos particulares que tengan un valor inferior o igual a 3 millones de colones; 20% o 5% si el valor inferior o igual a 2,5 millones; 20%, 15% o 10% si es inferior o igual a 2 millones.
Vega señaló que la redacción actual beneficiaría también a quienes tienen autos de lujo, sin embargo, los defensores del proyecto afirmaron que se quería dictaminar y luego buscar algún mecanismo posterior para que no se beneficiara a ese tipo de propietarios, o a quienes no han tenido afectación económica por la pandemia.
Otra moción firmada por un gran número de diputados en su lugar plantea agregar un descuento del 30% por concepto de la prima del Seguro Obligatorio de Vehículos para el año 2021 a la medida de reducir a la mitad el impuesto a la propiedad de vehículos.
Otra moción de ellos mismos pretende dar un descuento del 30% por concepto del canon del Consejo de Transporte Público para el año 2021, ya sea en categoría de transporte remunerado de personas modalidad taxi, rutas regulares o servicios especiales (Turismo, Estudiantes, Ocasionales).
El debate se acaloró aún más cuando el diputado Luis Ramón Carranza del PAC, en respuesta a los señalamientos de la oposición, encaró a los diputados del PLN al recordarles que fue el gobierno de Oscar Arias Sánchez quien disparó el gasto público contratando miles de funcionarios públicos que nunca fueron despedidos.
Las discusiones continuaron ante el señalamiento de que el PAC estaba obstaculizando o dilatando el dictamen del proyecto. Ante ello, Vega afirmó que no puede dársele ese calificativo a ejercer los derechos de enmienda que el Reglamento Legislativo le permite, y que lo que estaba ocurriendo era que de manera autoritaria la presidencia de la Comisión (Roberto Thompson) pretendía avanzar con un proyecto cuyo trámite no ha sido el adecuado y que por las fuerzas, como no ha sido la temática en ese foro, las cosas no avanzarían pues ella defendería sus mociones, las presentaría nuevamente y de ser el caso, las reiteraría en el Plenario.
Breves
— Los números de teléfono de varios diputados fueron filtrados por una página de Facebook que mantiene simpatía con cierto bloque de diputados independientes. Ello devino en que varios diputados estén recibiendo amenazas telefónicas presionándolos a oponerse a las condiciones ofrecidas por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
— La Comisión de Nombramientos recomendó, por unanimidad, no bloquear la reelección automática del magistrado de la Sala IV, Fernando Cruz Castro. El tema pasa ahora al Plenario, donde deberá acelerarse el conocimiento del dictamen pues la fecha en la que Cruz quedaría reelecto por un nuevo plazo de ocho años coincide con el plazo de tiempo bajo el cual la Asamblea no sesionará debido al traslado a la nueva sede legislativa.
— La Comisión de la Mujer de la Asamblea dictaminó afirmativamente el expediente 20.941 que modifica varias leyes para el reconocimiento de derechos a madres y padres de crianza. Dicha iniciativa pretende reconocer los derechos de las “madres y padres de crianza”, en particular los relativos a la herencia, pensión alimentaria y pago de prestaciones en caso de muerte de la persona trabajadora. El concepto de “madres/padres de crianza” se refiere a una situación que existe de hecho, en la que una persona asume la guarda y crianza de una persona menor, brindándole afecto, protección, cuido y manutención como si fuera su madre o su padre. Esta figura es diferente a la de los padres o madres adoptivos, pues en este caso existe un vínculo jurídico que determina la relación de maternidad o paternidad. En el caso de las madres o padres de crianza esa función ha sido ejercida de hecho, sin la existencia de un acto jurídico que declare ese vínculo.
— La Comisión de Discapacidad y Adulto mayor dictaminó el expediente 20.569, Detección oportuna de problemas auditivos en el adulto mayor. Este proyecto de ley plantea la posibilidad de mejorar la calidad de vida de la persona mayor de 65 años, mejorar su integración social, mejorar su autonomía y disminuir el impacto en la salud mental de la disminución de la agudeza auditiva en esta población. Además pretende, con la detección de pacientes con pérdida auditiva, mejorar el alcance rehabilitador de los pacientes con ayudas técnicas y contribuir al cumplimiento del objetivo sanitario de enfrentar los desafíos del envejecimiento de la población y su salud auditiva, desde la promoción y detección de pérdida auditiva, hasta el diagnóstico e intervención por parte de los especialistas.
