El Ministerio de Justicia y Paz confirmó el día de hoy que solo 1 de los 13 centros institucionales del país, que podrían recibir hombres adultos indiciados provenientes de celdas judiciales, se encuentra habilitado en estos momentos.

Según detalló el ministerio, los otros doce centros están imposibilitados de hacerlo, ya que sobre ellos pesan órdenes judiciales de cierre. Esto incluye al Centro de Atención Integral (CAI) San José, CAI Antonio Bastida de Paz, CAI Gerardo Rodríguez, CAI Adulto Mayor, CAI Jorge Arturo Montero Castro, CAI Luis Paulino Mora, CAI Nelson Mandela, CAI Jorge Debravo, CAI Liberia, CAI 26 de julio, CAI Limón y CAI Carlos Luis Fallas. Adicionalmente, recordó que los otros siete centros penitenciarios del país están destinados a poblaciones específicas que no permiten recibir hombres adultos indiciados.

Dato D+: Los centros penitenciarios para poblaciones específicas son las Unidades de Atención Integral (sentenciados), el Centro de Formación Juvenil Zurquí y el Centro Especializado Ofelia Vicenzi (menores y adultos jóvenes), el Centro de Atención Específica (sentenciados de máxima seguridad) y el CAI Vilma Curling (mujeres).

El comunicado de Justicia y Paz se da después de que jerarcas del Poder Judicial realizaran el día de hoy una conferencia de prensa donde responsabilizaron al Ministerio por la acumulación de personas en las celdas del OIJ que no están siendo trasladadas a los centros penitenciarios oportunamente. Según los datos que presentó el director del OIJ, Walter Espinoza Espinoza, hay 174 personas que se encuentran en celdas judiciales y el 53.48% (94) lleva recluido más de cinco días cuando el límite para ser trasladado de una celda judicial a un centro penitenciario es de 3 días.

La ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, aseguró que si bien ha procurado implementar una serie de acciones para recibir a las personas provenientes de celdas judiciales, las medidas han chocado, una y otra vez, con las órdenes dictadas por jueces.

Desde el ministerio aseguraron que desde la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) se ha echado mano de movimientos de población entre centros para liberar espacios que permitan nuevos ingresos, pero nuevas órdenes judiciales han exigido detener esos movimientos o incluso reversarlos.

Asimismo, ante la habilitación excepcional de espacios que se ha dispuesto para recibir a las personas que esperan en celdas judiciales, se han recibido nuevas órdenes judiciales que exigen no usar la infraestructura que poseen los centros según lo disponga la DGAS. Según informó el ministerio esta situación se presentó el 8 de setiembre en el CAI Antonio Bastida de Paz, el 15 de setiembre en el CAI Luis Paulino Mora Mora y el 18 de setiembre en el CAI San José.

La ministra Salazar informó de esta situación el día de ayer al presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, haciéndole saber que para el Ministerio es materialmente imposible recibir los nuevos ingresos con la velocidad acostumbrada. En su misiva a Castro, la ministra detalló:

“Al día de hoy, la DGAS se ve realmente impedida y disminuida en el margen de actuación que le establece la ley, pues al realizar el ejercicio diario de buscar un espacio dentro del sistema penitenciario para los nuevos ingresos de las personas remitidas por el Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública o de nuestras mismas oficinas (…) nos encontramos con las limitaciones impuestas, por un lado, por los cierres técnicos de los juzgados de ejecución de la pena, y por otro, por los cierres de ámbitos o centros enteros por las 63 órdenes sanitarias emanadas por el Ministerio de Salud en razón de la emergencia de COVID-19”.

Desde Justicia aseguraron que desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el mes de marzo, la ministra Salazar ha enviado comunicaciones a la magistrada Patricia Solano Castro, explicando la complejidad de la situación y realizando solicitudes concretas que podrían apoyar a la solución del problema, incluyendo que se resuelva la situación jurídica de los indiciados que tienen varios años en el sistema penitenciario sin recibir una sentencia, así como optar por medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

En sus cartas a Solano, la ministra Salazar ha señalado que los cierres técnicos no permiten una planificación global del sistema penitenciario, ya que, si bien se disminuye la sobrepoblación o hacinamiento en centros específicos, llegando a quedar con camas vacías, esos espacios que se liberan no pueden ser ocupados por personas que ingresan o son trasladadas de otros centros.

La ministra aseguró que desde el mes de julio, y ante la saturación de las celdas judiciales, se han enviado solicitudes a los jueces de ejecución para que revisen las ordenes de cierre en centros donde ya hay espacios disponibles, sin embargo, estas solicitudes han sido infructuosas.

La ministra aseguró que la pandemia “solo ha venido a desnudar la situación”, y aseguró que hasta que “todos los involucrados no tomen conciencia de su aporte a los problemas o a las soluciones, no será posible atenderlo de manera real”.